Luego de un pormenorizado estudio de una causa que por diversos motivos tiene rasgos de complejidad, la Fiscalía General de la provincia derivó en el mediodía de este viernes las denuncias por estafas formuladas en contra de la constructora Márquez y Asociados al fuero de Delitos Complejos, donde se ocupa de la investigación el fiscal del 1° Turno, Enrique Gavier.
El ahora instructor de estas actuaciones recibió las 11 presentaciones por presuntas estafas que había girado el fiscal de Distrito 4, Turno 3, Juan Pablo Klinger, a mediados de mes, además de las que ingresaron posteriormente en las últimas dos semanas y que recayeron en otras fiscalías de número (no especializadas).
Gavier ha concretado en los últimos años numerosas instrucciones de causas por resonantes estafas inmobiliarias, entre las que se cuentan “Ribeiro Construcciones”, “Marieschi”, “Santa Lucía”, “Bialet Massé” y otras que llegaron a juicio con sentencias condenatorias y penas de prisión efectivas a emprendedores que defraudaron a sus clientes.
Márquez y Asociados, además de reclamos administrativos y en Defensa del Consumidor, en las últimas semanas también ha sufrido las denuncias en la Justicia del Crimen provincial por parte de particulares que se sienten defraudados por haber pagado las viviendas y, con todos los plazos vencidos, no las han recibido. Algunas casas han quedado con la obra inconclusa y, según esas denuncias, otras jamás comenzaron la construcción.
Así lo vienen señalando, entre otros, los abogados Rubén Sánchez Quinteros, Rogelio Luque y Carlos Guerin, que representan a clientes de la empresa desarrollista y reclaman la construcción de su casa luego de haber pagado cifras millonarias sin que la contraprestación se concrete. Entre estos tres profesionales, el número de reclamos ya superaría los 30 clientes.
Entre estos patrocinantes, algunos de ellos sostienen que vienen sosteniendo algunos contactos con letrados de la empresa, pero con suerte diversa: unos, señalan que están en plena negociación para tratar de arribar a una conciliación; otros, indican que los abogados de la empresa Márquez no han recibido instrucciones de los directivos para abordar esos casos. Ante esto, quienes reclaman consideran que no tienen más remedio que profundizar la denuncia.
En las últimas horas se han agregado a este grupo de profesionales otros letrados que refieren tener presentaciones para sumar a la lista de personas que se consideran víctimas del mismo accionar de Márquez y Asociados. Entre otros penalistas locales, se cuentan Carlos Nayi, Carlos María Cardeilhac y Romina Zurchmitten, quienes están trabajando en la presentación de casos con diversos clientes de la desarrollista.
Además de los escenarios mencionados, también en la Justicia Civil ha habido sentencias adversas para Márquez y Asociados, según refieren fuentes judiciales.
Del mismo modo, desde el Ministerio Público Fiscal confiaron a este diario que hay varios procesos concursales, con pedidos de quiebra de la empresa.
Desde ese ámbito judicial comentaron que el mecanismo de la presunta estafa inmobiliaria no es tan sofisticado, pero operan otros elementos para considerar “compleja” a esta causa: pedidos de quiebra, la estructura societaria (con varias unidades de negocio), las cuentas personales de los directivos y las societarias, la distribución geográfica y el número de casos que surgen como algo más que un incumplimiento contractual.
Satisfecho por la designación del fiscal Gavier, el abogado Sánchez Quinteros señaló, con relación a los pedidos de quiebra, que él planteó que “opera la prejudicialidad penal sobre la materia civil o concursal; que nada obsta que el juez de la quiebra investigue, pero sobre la cuestión penal tiene competencia excluyente el fiscal de Delitos Complejos”.
