Envueltos prolijamente en un plástico amarillo chillón con el inconfundible sello de Ferrari, los 425 kilos de cocaína tenían a Córdoba como destino final. El tráfico del colosal cargamento descubierto en Salta, valuado en $ 5 mil millones, habría sido urdido por un presunto proveedor “asociado” a dos cordobesas acusadas de liderar una banda narco.
A través de la reconstrucción de los movimientos de la organización, realizada por el fiscal federal N° 3 de Córdoba capital, Maximiliano Hairabedian, emergieron dos nombres clave en la investigación: Jimena Anahí Vivas y Magalí Enrieux.
Actuando en tándem, las sospechosas habrían organizado y financiado la distribución y venta de cocaína y marihuana en la ciudad de Córdoba entre noviembre y mayo pasado, conformando así una red de revendedores minoristas (dealers de narcomenudeo).
De este modo, se habrían valido de los “servicios” de Ulises Oviedo (detenido), Iván Vivas y otros, entre ellos “Cuchillo”, “Gonzalo”, “Kiki” y “Mara”, quienes no solo habrían participado en las “transas”, sino, además, en la rendición de cuentas de lo comercializado.
Las lideresas habrían llevado un control constante de los ingresos conseguidos por los revendedores.
Las fuentes de la “vertiente”
Los investigadores se focalizaron entonces en localizar las fuentes principales de la cocaína y marihuana que, por lo que se conoce al menos hasta ahora, “bajaba” como una “vertiente” desde el norte del país hacia Córdoba capital y algunas localidades cercanas.
A partir de ciertos datos y las intervenciones telefónicas ordenadas por el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, establecieron posibles vinculaciones entre presuntos proveedores de las sustancias en Bolivia y Salta y Vivas-Enrieux.
Las pistas condujeron a los pesquisas hasta Julio Eduardo Pérez y Darío Javier “Pitu” Navarro (detenido). Alternadamente, ambos habrían abastecido a las cordobesas y habrían participado con ellas en los acuerdos para la adquisición de las drogas a terceros en Bolivia; entre ellos, un tal “Primo H” “H” o “Primo jefe”.
Siguiendo las instrucciones de las supuestas jefas de la banda, Nelly Gisele Enrieux (hermana de Magalí, también detenida) y Candela Rosario Ferreyra (presa) ocupaban un rol relevante en la estructura de la banda: habrían sido las encargadas de viajar de Córdoba a las localidades salteñas de Orán y Aguas Blancas para recalar, finalmente, en Bolivia.
El objetivo habría sido “cerrar” la operación de pago de los estupefacientes. El viaje habría sido monitoreado en tiempo real por Vivas-Enrieux. Las lideresas habrían impartido instrucciones detalladas sobre cada tramo del trayecto, qué speech o relato utilizar ante eventuales controles de las autoridades, cómo manejar los fondos (que llevaban en su ropa íntima) y con quién debían encontrarse una vez que tocaran suelo boliviano.
El encuentro pactado en Bolivia habría sido, esencialmente, con “Primo H”, a quien al parecer abonaron la droga que luego sería introducida al país para su venta posterior. A cambio por el “trabajo”, las “pagadoras” recibirían cada una $ 300 mil “limpios”, libre de gastos.
La operación se concretó, a tenor de la “celebración” que filtró la Justicia en las escuchas: “Nos miramos y fue como ‘lo hicimos, perra; nos salió bien, perra’”.
La compra habría sido por valores cercanos a los U$S 50 mil o U$S 60 mil, y la droga habría sido ingresada en proximidades de Aguas Blancas. La zona es un “colador” habitual para maniobras no sólo de narcotráfico, sino, muy frecuentemente, de contrabando de mercadería variopinta.
Nelly, asimismo, además habría fungido como almacenadora circunstancial de las sustancias provistas por Pérez o “Pitu” Navarro.
Descomunal cargamento en gomas
Los investigadores advirtieron que el decomiso del colosal cargamento de 425 kilos de cocaína en Salta, valuado en casi U$S 4,3 millones o su equivalente de $ 5 mil millones, guardaba conexión con Pérez, supuesto “socio” de las lideresas.
Los agentes antidrogas de Gendarmería desplegaron pacientemente durante un mes un operativo de vigilancia a pie y campo traviesa sobre terrenos de difícil acceso, para identificar cómo ingresaban los estupefacientes desde Bolivia.
Alertados por una nueva operación, el pasado 21 de mayo el Juzgado Federal de Tartagal allanó cuatro inmuebles, entre ellos, una finca ubicada sobre la ruta nacional 34, en la localidad de General Mosconi.
Dentro de una gomería abandonada, encontraron 400 paquetes de cocaína con el logo del caballito negro de Ferrari y el clásico delfín a bajorrelieve, acondicionados en siete cubiertas de camión. El lugar habría servido como espacio de acopio para la recepción de la droga y su “enfriamiento” (dejar pasar cierto tiempo para asegurarse de que las autoridades no hubieran advertido los estupefacientes).
También se allanaron otros tres domicilios, todos en la ciudad de Salvador Mazza, y tres personas fueron detenidas en total. Un cuarto sospechoso, Néstor Adrián González (con antecedentes penales por drogas), burló los operativos y alcanzó a escapar, según publicó Infobae. Algunos días después se entregó a la Justicia.
A partir de una serie de indicios y elementos surgidos en la investigación en Córdoba, el fiscal Hairabedian determinó que Pérez habría planificado el traslado posterior del cargamento (que se vio frustrado) a esta Capital.
El hallazgo de la cocaína camuflada en las cubiertas de camión no fue casual. Precisamente, habría sido la modalidad elegida para el transporte, ya que es muy utilizada para disimular la droga y evadir los controles de las autoridades.
“Perdí 400 kilos de Ferrari que venían de Salta en un camión a Córdoba”, dijo Pérez a Vivas, lo que complicaría su situación por su involucramiento en el tráfico. Pero para los investigadores no dejó de ser sugestiva la respuesta de la mujer: “No quiero arriesgar mi platita”. Para el fiscal, Vivas conocía de la operación.
Incluso, dos o tres días antes del mega decomiso en Salta, Pérez y “Pitu” Navarro habrían realizado una transacción bastante más “modesta”: un kilo de “cogollos” de marihuana en forma de “préstamo” a Vivas-Enriux.
Para no despertar sospechas, las mujeres lo habrían ocultado en un desvencijado departamento de barrio General Bustos, en la ciudad de Córdoba, que habría funcionado como búnker u “oficina comercial”. El destino final, al igual que el resto de las operaciones bajo investigación, habría sido la venta y la obtención de importantes ganancias.
Una “cueva”
Con el cargamento incautado y asegurado en tierras salteñas, el juez Sánchez Freytes ordenó una serie de allanamientos en simultáneo en la Capital cordobesa y en Río Ceballos.
Allanó la casa de cambio trucha o “cueva” administrada por las presuntas lideresas en el tercer piso del edificio Crillón, situado en Rivadavia 85, en plena city. Allí secuestró 219 gramos de “cogollos” listos para la venta y una balanza de precisión, otro indicativo notorio de comercialización.
Sobre ellas (están detenidas) pesan los cargos más graves como supuestas jefas de la asociación ilícita, organización del tráfico de estupefacientes, comercio agravado y tenencia para la venta.
Sin embargo, el fiscal también investiga la posible comisión de delitos económicos relacionados con intermediación financiera ilegal, por lo que se analizará por separado.
Las lideresas no solo habrían establecido un vínculo narco con Pérez, sino hasta habrían sostenido un aceitado nexo vinculado con el préstamo de dinero y cambio de moneda extranjera. ¿La dupla financiaba el tráfico de drogas con divisas de las operaciones de la “cueva? Es uno de los interrogantes que evalúa Hairabedian.
En otro de los allanamientos, en el complejo de cabañas Namasté, en Río Ceballos, los efectivos detuvieron in fraganti a otro de los imputados, Adrián Enrique Pérez (sería familiar de Julio), cuando intentaba desprenderse de 167 gramos de cocaína (le encontraron además 440 gramos de “cogollos”).
Mientras continuaban revisando la vivienda, el sospechoso destruyó su celular Motorola a golpes para evitar que accedieran a su contenido. De esta forma, el fiscal lo acusó por la tenencia de drogas para la comercialización y por destrucción y ocultamiento de pruebas.
En el tercer procedimiento, también en Río Ceballos, Julio Pérez (está detenido) rompió su Samsung A14LTE a fin de eliminar cualquier rastro incriminatorio. Está imputado por asociación ilícita, transporte gravado, comercio y destrucción de prueba.
