La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco, comenzó otra investigación contra el exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque –actualmente en prisión domiciliaria, imputado por delitos y corrupción- y su esposa por presuntamente haber lavado dinero con la compra adquisición de un lote en un barrio cerrado de la localidad de Funes, cerca de Rosario, por 70 mil dólares.
A pedido del auxiliar fiscal Esteban Venditti, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz ordenó una medida de no innovar sobre el inmueble a fines de un posible futuro decomiso, e impuso a cada uno de los imputados un embargo sobre sus bienes por 414 millones de pesos.
De acuerdo con la imputación que expuso el fiscal Juan Argibay, a cargo de la Procelacdelegación Rosario, en representación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el exjuez y su esposa G.M.M. pusieron en circulación el 24 de agosto de 2020 fondos de procedencia ilícita mediante la celebración de un contrato oneroso de cesión de derechos y acciones que tenía la empresa constructora Edeca SA, sobre una unidad funcional del complejo urbanístico denominado Vida Barrio Cerrado.
Se trata de un lote ubicado en el country desarrollado sobre avenida Arturo Illia y calle Las Golondrinas, de la localidad santafesina de Funes, respecto del cual, el fiscal les adjudicó, además, el haber administrado de forma conjunta ese terreno hasta la actualidad, informó el MPF.
Los fiscales encuadraron el hecho en el delito de lavado de activos de origen ilícito en calidad de coautores. El juez Da Cruz escuchó la formalización realizada por el MPF y destacó la solvencia de su investigación a los fines de autorizar las medidas solicitadas.
Las declaraciones que comprometieron al exjuez
Al sustentar los cargos, el fiscal Argibay describió como elemento central de la investigación, la declaración como imputado arrepentido del financista Fernando Whpei, acusado junto a Bailaque y al extitular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) Santa Fe, Carlos Vaudagna, de pergeñar maniobras cuyo objetivo era extorsionar a empresarios rosarinos con el pedido de coimas para no perjudicarlos judicialmente.
Ante el titular de Procelac, Whpei reconoció que en una oportunidad en la que le entregó dinero a Bailaque, el entonces juez le manifestó su intención de invertir en lotes o terrenos. Como el financista conocía un gerente de Edeca, le facilitó el contacto. Luego, el propio magistrado le aseguró que había comprado el lote y que lo puso a nombre de su mujer.
El fiscal también citó como aspecto clave del caso un expediente contra Edeca SA por presunta evasión agravada de Impuesto al Valor Agregado (IVA), que justamente tramitaba el Juzgado Federal N° 4, en ese momento a cargo de Bailaque. La denuncia la impulsó en agosto de 2018 el entonces titular de la ex-Afip (hoy Arca), Vaudagna.
Si bien tanto Afip como la fiscalía habían solicitado la indagatoria del gerente de Edeca, Bailaque ordenó la prescripción de la acción en 2021, meses después de la compra del terreno. Esa resolución también forma parte de la evidencia que sustenta la nueva imputación contra el exmagistrado.
En relación con eso, la fiscalía expuso que, en el marco de la pesquisa, se obtuvo el testimonio espontáneo de ese gerente de la constructora, en nombre propio y en representación de Edeca, en el que afirma haber concurrido al despacho del juez y recibir de su mano 35 mil dólares a modo de adelanto por la compra del referido terreno. Otra suma idéntica se abonó al cerrar la operación.
Para respaldar que ese vínculo existió, los representantes del MPF dieron cuenta de las extracciones forenses realizadas al celular incautado al gerente de la constructora, donde consta que tuvo conversaciones a través de la aplicación WhatsApp con Bailaque en dos oportunidades durante 2020, en una de las cuales se encontraron para recorrer el country.
De ese peritaje técnico, alegaron que también se desprende que el 23 de junio de 2020 se volvieron a reunir ante un escribano para concretar la operación, cuyo valor se pactó en 70 mil dólares (poco más de 25 millones de pesos al cambio de la época).
Eso, a su vez, se complementa con la declaración espontánea del gerente de la constructora, quien reconoció la existencia del contrato, y con los comprobantes de los impuestos y honorarios de la transacción pagados por Edeca, que también fueron exhibidos en el marco de la audiencia.
La fiscalía luego enumeró varios documentos y constancias vinculados con la situación patrimonial del matrimonio y con la inexistencia de operaciones financieras o comprobantes que justifiquen el origen de los dólares con los que se adquirió el lote.
