Comenzaron las indagatorias a los acusados de integrar la supuesta banda bautizada como “los Simuladores de Azul” y que tiene como principal acusado al exjefe de la Policía Caminera de Córdoba, Maximiliano Ochoa Roldán, como el principal acusado. El lote de los acusados está compuesto por otros cinco policías, varios son comisarios, y dos civiles. Todos responden por el supuesto delito de asociación ilícita.
Precisamente, el excomisario general y abogado Ochoa Roldán arrancó como el primer imputado en ser indagado por el fiscal Guillermo González, quien instruye la causa.
Por consejo de sus abogados Jorge Sánchez del Bianco y Ricardo Moreno, Ochoa Roldán negó la acusación en su contra, se dijo inocente y se abstuvo de responder preguntas. Acto seguido, fue llevado desde Tribunales II a la Cárcel de Bouwer, donde permanece alojado con los otros imputados.
Según fuentes judiciales, Ochoa Roldán está acusado por presunta asociación ilícita y otros supuestos delitos como enriquecimiento ilícito, coacción y otros más.
Está previsto que el exmandamás de la Caminera declare más adelante.
Quien sí declaró fue el comisario Leonardo Torres, quien era el jefe de la Asesoría Letrada de la Policía.
Defendido por los mismos abogados, Torres negó los hechos, respondió preguntas y brindó consideraciones que le parecieron necesarias para su situación procesal.
Según trascendió negó todas las acusaciones y señaló cómo era su trabajo en Jefatura, su desempeño y brindó otras consideraciones.
Existe secreto de sumario en la causa. Será levantado supuestamente cuando terminen todas las indagatorias.
Este viernes y el lunes, serán indagados más policías.
“Los Simuladores de Azul”
Según la causa que instruye el fiscal Guillermo González, los policías habrían montado una suerte de “consultoría externa” que prestaba toda clase de servicios por fuera de la ley.
La presunta banda se especializaba en resolver litigios principalmente con usurpaciones de casas y ocupaciones ilegales de terrenos. Además, como había abogados en el grupo (dos de ellos son comisarios), la organización presuntamente también resolvía “inconvenientes”, como deudas de dinero y pleitos laborales.
Para la Justicia, el grupo actuaba a pedido de particulares y montaba operativos con recursos y móviles oficiales, siempre por fuera de la ley.
Además, se habrían valido de información policial de particulares para llevar a cabo las presuntas maniobras.
El excomisario general Ochoa Roldán está acusado de haber sido el presunto jefe de la organización.
Los otros acusados son: el comisario inspector Leonardo Torres, quien era jefe de la Asesoría Letrada de la Policía; el comisario Martín Darío Heredia, de la Policía Caminera; el comisario inspector Jorge Gutiérrez, quien estaba al frente de la Dirección de Custodias y Protección; el suboficial Dante Villalba, quien trabajaba como chofer en la Jefatura; el abogado Gastón Ochoa Roldán, hermano del exjefe de la Caminera; y Gabriel Élido Burkhard, alias “el Panadero”.
Todos permanecen en la Cárcel de Bouwer.
Ochoa Roldán y los demás acusados fueron apresados el pasado 27 de junio luego de una serie de allanamientos en Córdoba y el interior.
El fiscal González señaló en su momento: “Los ilícitos no están directamente vinculados con la función que el jefe de la Caminera tiene como tal dentro de Jefatura, esto es otro tema que es el uso de información privilegiada para usarlo en su beneficio”.
González enfatizó que la causa no tiene nada que ver con las multas que labra la Caminera.
El funcionario agregó en su momento que el patrimonio de Ochoa mostró “un crecimiento que no se condice con sus ingresos como director de la Caminera”.
Ochoa Roldán y los celulares
La causa se originó en el valle de Punilla.
Fue la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien investigaba a una banda que se habría hecho de terrenos y propiedades de manera presuntamente ilegal en aquella zona.
En ese marco, hay varios acusados.
Entre ellos está “el Panadero”. Según trascendió, al “abrir” su teléfono surgieron presuntamente llamadas y mensajes comprometedores con policías y entre ellos supuestamente el propio Maximiliano Ochoa Roldán.
Kelm giró parte de esas actuaciones a la Fiscalía General desde donde se dispuso que sea el fiscal González quien lo investigue ya que su jurisdicción territorial incluye la Jefatura de Policía.
González se puso a investigar hace algunos meses y en junio pasado dispuso la ronda de detenciones.
La caída de Ochoa Roldán causó otro fuerte sismo en la Jefatura y en el Ministerio de Seguridad, dado que había ascendido pocos meses antes como comisario general. Integraba la plana mayor de la fuerza.
Su hermano abogado también cayó preso. Es defendido por otro estudio jurídico que no es el que asesora al exjefe de la Caminera.
La pesquisa sigue
En la fiscalía continúa la investigación y se trabaja además para determinar cuántos hechos delictivos se cometieron y cuántos damnificados hay. En ese punto, también está puesto el foco de la pesquisa.
