El escándalo con la reciente detención por presuntos hechos de corrupción del ahora excomisario general Alejandro Eduardo Mercado, quien era uno de los subjefes de la Policía de Córdoba y que durante largos años creyó ser un “jefe de Policía en paralelo”, sorprende. Pero al mismo tiempo no.
Por un lado, su captura, que provocó un terremoto en la fuerza policial y en el Gobierno mismo, adquiere máxima relevancia porque es la primera vez que una altísima autoridad de una fuerza de seguridad cae presa en actividad y va derecho a la Cárcel de Bouwer. Mercado, quien está acusado por ahora de haber encubierto a una supuesta banda mixta de delincuentes que estafaba con falsas denuncias de robos, fue detenido en su casa cuando se estaba por ir a trabajar a la Jefatura.
El fiscal Enrique Gavier planea agravarle los cargos, como ya sucede con los otros dos comisarios presos.
Pero por otro lado, la detención de Mercado no debiera sorprender.
El caso se agrega a una imparable y grave cadena de escándalos que desde hace largo tiempo, y en democracia –lo que es peor–, vienen protagonizando efectivos policiales ya sea en actividad o retirados.
“La Policía es una caja de Pandora”, supo reconocer un propio exjefe de la fuerza. “Nunca sabés con qué te vas a encontrar”, añadiría.
En la imparable secuencia han caído policías tanto de bajo, como mediano y alto rango, ya sea por ser ladrones (integrar bandas a pleno o colaborar con ellas), por grandes y pequeños robos, por narcotráfico (ya sea venta o apoyo a narcos), por sustraer nafta, por violencia de género, por torturar, por privar de la libertad y, claro está, por matar ya sea con exceso o por violencia institucional.
El caso Mercado se convierte, por ahora, en el último capítulo de una grave y preocupante cadena de graves escándalos que surgieron y detonaron dentro de la Policía de Córdoba en los últimos 11 años. Sucesos que, a grandes rasgos, incluyeron lo mismo: corrupción, mentiras y abuso funcional.
Graves escándalos que, cuando la Justicia decidió actuar a fondo, terminó con altos funcionarios condenados hasta a prisión. Incluso, comisarios de altísimo rango.
En otros casos, las investigaciones pusieron y tienen contra las cuerdas a ex altos oficiales que llegaron a ocupar altos puestos, que esperan que los expedientes avancen y que las causas sean juzgadas. En ese marco, incluso, hay exfuncionarios políticos que tuvieron altísimo rango y hoy están acusados. El exministro de Seguridad Alfonso Mosquera es el más destacado.
En otros casos, lamentablemente, muchas de las investigaciones hicieron mucho ruido al comienzo, pero se fueron desvaneciendo hasta quedar en el aparente olvido. El robo de las armas en Jefatura es un ejemplo.
Otra característica que unifica muchas veces a esos escándalos policiales son las respuestas del Gobierno: anuncios para morigerar impactos. Por caso, en el narcoescándalo, se creó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Por caso, tras el crimen de Blas Correas, se crearon órganos de control y un protocolo para uso de armas de fuego.
Secuencia de graves escándalos
En 2013, un informante trucho de la Policía (Francisco “el Francés” Viarnes) desnuda una red de corrupción entre narcos y detectives de Drogas Peligrosas en Córdoba. Fue un sismo que terminó con varios pesquisas presos. Sobresalía el jefe de Drogas, Rafael Sosa, un efectivo que en aquella década tenía tanto poder y “cartel” como Mercado. En dos instancias, Sosa sería condenado a 10 años.
El “narcoescándalo” provocó la caída de Ramón Frías como jefe de la fuerza y de Alejo Paredes como ministro de Seguridad. El por entonces gobernador José Manuel de la Sota desarma Drogas Peligrosas y crea la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Algunos de estos efectivos también caerían años después.
En 2015, policías no identificados hasta ahora se robaron al menos 80 armas y chalecos de la Jefatura central. El por entonces jefe Julio Suárez lo negó. Luego fue echado. Por esa causa fueron acusados comisarios. El expediente nunca avanzó.
Suárez sería condenado luego por amenazar a un periodista y por tener un arma no declarada en su casa.
En 2019, se destapa otro narcoescándalo: esta vez en Río Cuarto. El jefe de Investigaciones de la Policía, Gustavo Oyarzábal, termina acusado de tener vínculos con una red de narcos. Una banda que tenía problemas con otra: en esa guerra, un capo fue ejecutado por sicarios. Oyarzábal fue condenado a seis años y ocho meses por sus vínculos narcos y por encubrir a una familia que desapareció a un joven llamado Nicolás Sabena.
En 2020, policías matan a un joven que había salido con amigos y le plantan un arma en Capital. Por el caso Blas Correas –el mayor escándalo policial en democracia–, serían condenados 11 policías: dos a perpetua. Entre los otros condenados, sobresalen varios comisarios. Luego de ese gatillo fácil, la Policía mata a otro pibe: Joaquín Paredes.
En el marco de la causa “Blas 2″, imputan al excomisario mayor Gonzalo Cumplido y al exministro Mosquera por presuntas dádivas. En paralelo, otros policías de bajo y alto rango son imputados por delitos conexos.
En 2023, se destapa otro escándalo: en la Dirección Bomberos de la Policía, según la Justicia, funcionaba una banda de jefes que cobraba coimas a empresarios para habilitarles negocios. En esa causa, caen varios bomberos. Sobresale Gustavo Folli, exjefe de Policía y exjefe de esa Dirección. Lo acusan por asociación ilícita y también por violencia de género y lo mandan a Bouwer. Un fiscal se prepara para mandarlo a juicio.
El 2024 ya tiene 161 policías en situación pasiva en Córdoba.
El último se llama Alejandro Mercado. Está preso acusado de encubrir a banda mixta. Lo detuvieron cuando iba a trabajar como subjefe.
