El 2 de noviembre de 2024, Córdoba y el país se paralizaron por un caso espeluznante: Aralí Vivas, una nena de 8 años, había sido hallada asesinada en su casa de Brinkmann, en el este cordobés.
A seis meses del aquel alevoso asesinato, el estupor persiste y la causa se encamina hacia la verdad. Tanto la madre de la nena, como su novio (padrastro de la criatura) y otro hombre permanecen detenidos y en breve serán enviados a juicio.
Aralí fue hallada asesinada dentro de la vivienda que compartía con sus hermanos más chicos.
La pesquisa comprobó que el inmueble fue quemado intencionalmente para tapar algo peor: que había sido abusada sexualmente previamente al homicidio.
A la causa judicial le restan sólo algunos detalles para estar finalizada, como el resultado de una pericia genética y alguna otra medida procesal.
El expediente volvió a manos del fiscal de San Francisco Oscar Gieco, quien se encuentra como subrogante en la fiscalía de Morteros, tras la salida de su par Yamila Di Tocco.
Gieco fue quien inició la investigación luego de cometido el aberrante hecho debido a que, sobre finales de 2024, también cumplía la función de fiscal en esa ciudad ya que su titular se encontraba de licencia.
Bajo su tarea se logró avanzar en torno a lo sucedido y se detuvo a dos hombres: Matías Ezequiel Simeone (33) y Cristian Hernán Varela (40), quienes fueron acusados por homicidio criminis causae (cuando se mata para ocultar otro delito). En caso de condena con esa figura, les correspondería prisión perpetua.
El primero era el padrastro de Aralí y pareja de Rocío Milagros Rauch (28), madre de la víctima, quien es la tercera detenida de la causa.
La mujer está acusada por homicidio calificado (omisión de cuidado).
Varela, según la pesquisa, frecuentaba la casa de la pareja ya que era amigo de ambos.
Imputados y complicados
Los tres sospechosos del crimen se encuentran con prisión preventiva, por lo que llegarán al juicio en esa condición.
Con el correr de la investigación, el fiscal Gieco fue cambiando la caratula.
En primera instancia imputó a los dos hombres por el supuesto delito de homicidio simple.
Luego, tras analizar el caudal probatorio, pasó a acusarlos por homicidio calificado y, previo a derivar la causa a su par de Morteros, decidió que acusarlos por un abuso previo a la muerte.
De esta manera, Simeone y Varela quedaron imputados como supuestos autores de homicidio criminis causae (cuando se mata para lograr la impunidad). Aunque tenían abogados en un primer momento, estos decidieron renunciar por lo que la Justicia busca el nombramiento de dos representantes ad hoc.
En el caso de Rauch está imputada por supuesto homicidio calificado por el vínculo (omisión de cuidado) y es representada por el asesor letrado de Morteros.
El horror dentro de una casa de Brinkmann
En aquel noviembre de 2024, Aralí fue encontrada muerta dentro de la vivienda que compartía en la ciudad de Brinkmann (departamento San Justo) con sus hermanos más chicos.
Según la investigación, el inmueble fue quemado intencionalmente para esconder no solo la muerte sino también que había sido atacada sexualmente.
La autopsia reveló primero que no hallaron monóxido de carbono en sus pulmones y que presentaba “un traumatismo en la zona craneal”.
Unos días después se agregó que la nena fue abusada presuntamente por su padrastro y el amigo de este poco antes del crimen. El estudio forense arrojó la presencia de material genético masculino.
El rol del Estado
La investigación en un primer momento también se basó en las supuestas responsabilidades de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) y de la Unidad de Desarrollo Especial (Uder) de San Francisco ante la intervención en la situación de vulnerabilidad de la niña y sus hermanos.
Estos, en algún momento, fueron reinsertados en la casa donde ocurrió el horror, pese a algunas advertencias previas respecto a que no era un sitio acorde para su desarrollo.
Sobre finales de 2024, en el marco de la pesquisa, se ordenaron allanamientos en la sede de la Uder de San Francisco y en el Hospital de Brinkmann.
Los operativos fueron realizados por personal de Informática de la Policía Judicial de Córdoba, quienes se enfocaron en obtener documentación relacionada con la causa.
