¿Qué querían hacer? ¿Se iban a quedar ellos con esos teléfonos? ¿O se los dejaron supuestamente consigo para luego entregárselos a otros camaradas o civiles? ¿Pensaban revenderlos? ¿Ya lo habían hecho antes?
Todos estos interrogantes seguramente podrán salir a la luz cuando arranque el juicio contra dos suboficiales de la Policía de Córdoba acusados de haberse quedado de manera ilegal con dos smartphones robados y de haberlos abandonado luego en el baño de una sede policial al verse rodeados por la Justicia.
El escándalo se destapó en septiembre de 2024 en la base de la división Motocicletas Sur, en barrio Las Palmas, en Córdoba capital.
Aquel escándalo policial no se descubrió por la denuncia de otro uniformado o luego de una compleja pesquisa. Sucedió que una joven que había sufrido el robo de su i-Phone descubrió, a través del monitoreo de su GPS, que el aparato estaba nada más y nada menos que en esa base policial.
Un detalle crucial: ni ese aparato ni el otro teléfono habían sido entregados, como corresponde, a una unidad judicial o cuanto menos a los responsables de la dependencia.
Los acusados de esta historia son el agente César Alejandro Crinejo y el cabo primero Matías Gastón Diaz, quienes serán juzgados, en fecha por determinar, en la Cámara 6ª del Crimen de Córdoba por el supuesto delito de encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público y en calidad de coautores. No están detenidos. Ambos se declararon inocentes.
La causa fue instruida por el fiscal de instrucción Guillermo González.
Celulares tirados en el baño
Todo detonó el 10 de septiembre de 2024, cuando una joven se presentó en una dependencia judicial de Córdoba capital para denunciar que, horas antes, le habían robado su i-Phone en un recital en barrio Alberdi.
Añadió la chica que, al realizar el rastreo con el GPS, pudo determinar que el aparato había estado por varios puntos de la ciudad y que finalmente “marcaba” la dirección de calle Diego Cala al 200. Al profundizar con las averiguaciones, se dio con que en esa dirección funcionaban diversas dependencias policiales, como un cuerpo de policías motorizados y la base de protección de testigos, entre otros cuerpos.
Con la información recibida, y ante la gravedad de la situación, desde la unidad judicial se informó a la fiscalía de turno, desde donde se dispusieron urgentes medidas.
La principal fue disponer un urgente procedimiento en la sede de la división Motos Sur, ya que allí seguía marcando el último punto de impacto el sistema de geolocalización del teléfono.
“Nadie sale, nadie entra”, fue la orden del fiscal cuando llegó a la dependencia. “Nadie entra, nadie sale”, fue entonces la disposición emitida por el jefe de la dependencia tras la directiva judicial.
De inmediato, comenzó una inspección en todo el edificio.
A los pocos minutos, y ante el cariz de lo que sucedía, arribaron más jefes policiales preocupados por lo que estaba pasando y personal del ex Tribunal de Conducta.
La inspección demandó un largo rato por distintas dependencias, móviles, oficinas y muebles varios. Sin embargo, nada de lo buscado era encontrado.
La sorpresa llegaría momentos después, cuando el personal que realizaba el allanamiento ingresó a un baño de varones suboficiales de la sede.
Dentro de una caja, al lado de un inodoro, se hallaron no sólo el i-Phone buscado, sino otro aparato similar y, a todas luces, robado. De inmediato, ambos teléfonos fueron secuestrados.
Ante la gravedad de lo sucedido, desde el seno de la pesquisa se dispuso una serie de medidas para determinar quiénes estaban detrás de lo ocurrido.
Había algo claro: al lugar no ingresan civiles.
Uno de los primeros problemas de los investigadores fue que, además de que nadie sabía nada, es que no había cámaras de seguridad en las inmediaciones al baño.
Análisis tecnológico
Desde la fiscalía de González, se dispuso una serie de medidas para determinar quiénes estaban detrás de todo. Por un lado, y con la colaboración de jefes policiales, se tuvo la nómina de uniformados que habían estado trabajando desde que sucedió el robo hasta que se encontraron los aparatos.
En paralelo, se ordenó un rastreo tecnológico clave: como los handies policiales tienen un chip que marca los movimientos de los uniformados, se dispuso analizar por dónde habían andado las distintas duplas motorizadas en los horarios centrales de la causa.
De esta manera, se pudo tener claro qué efectivos se habían movido y por dónde. Esa información, a su vez, se entrecruzó con el rastreo de los celulares robados, mediante los impactos en las antenas de telefonía.
La nómina de efectivos bajo sospecha se acortó de manera notable.
El rastreo de los handies permitió determinar que una dupla se había “cruzado” con uno de los i-Phone robados en Costanera y Sargento Cabral, en el barrio San Vicente.
La pesquisa también incluyó un arduo trabajo de análisis de filmaciones de cámaras de seguridad de los domos. Trascendió que esos registros muestran a dos policías (ya sospechados para ese entonces) moviéndose juntos todo el tiempo e incluso en San Vicente. Sin embargo, no hubo ninguna cámara que mostrara el encuentro de los uniformados con los i-Phone.
¿Qué se hizo? Puro trabajo de campo.
Detectives recorrieron la zona y, tras entrevistar a testigos, determinaron que dos policías en motos habían controlado a una pareja en ese sector. Ese control policial no fue informado a la Central de Comunicaciones.
La sospecha es que esa pareja de civiles llevaba los celulares robados y los policías motorizados se los quitaron y no avisaron a nadie.
En paralelo, la causa incluyó la toma de testimonios a distintos efectivos, sobre todo de quienes habían estado trabajando en la sede de Motos Sur en las horas críticas. Así fue como se obtuvieron nombres de uniformados observados en la zona de los baños.
Con todo, en la fiscalía se cruzaron todas las informaciones y se puso la lupa sobre dos suboficiales, quienes fueron imputados.
Efectivos acusados
El fiscal señaló a los uniformados Matías Gastón Díaz y César Alejandro Crinejo y los imputó como supuestos coautores de encubrimiento agravado por la calidad de funcionario policial.
No fueron acusados por robo.
Según la acusación fiscal, ambos se habrían hecho de manera irregular de los celulares robados y, al ver que había un repentino allanamiento judicial con requisa aquella jornada, uno de ellos habría decidido abandonar los aparatos en el primer lugar que se le ocurrió para desviar sospechas: el baño de varones.
Tanto Díaz como Crinejo negaron las acusaciones y se declararon inocentes.
La causa fue enviada a juicio y se sustanciará en la Cámara 6ª del Crimen de Córdoba.
