Es una causa que crece con cada paso que van dando los cuerpos investigativos. Así definen en la fiscalía de Guillermo González, en los Tribunales II de Córdoba capital, a la persecución penal sobre una presunta asociación ilícita dedicada a vender certificados apócrifos de habilitación de bomberos para que emprendimientos comerciales pudieran funcionar.
Por la causa, hay siete detenidos e imputados: tres efectivos de la Dirección Bomberos (dos retirados y uno en actividad), un policía y tres ingenieros especializados en higiene y seguridad en obras.
Se espera que la cifra de imputados aumente en los próximos días.
Según confirmó el propio González, todavía “queda mucho por investigar”.
Los pesquisas concretaron varios allanamientos –incluso en la sede de Bomberos, en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba–, donde secuestraron abundante documentación. Mientras se estudia y desgrana la prueba, se analizan más eventuales responsabilidades de bomberos, policías, funcionarios municipales y se investiga también a particulares que al parecer abonaron para obtener las certificaciones. La causa empezó. Nadie sabe hasta dónde puede llegar.
Las actuaciones comenzaron hace un año, cuando en la fiscalía se presentó un bombero para señalar que había encontrado su firma en un certificado de habilitación, pero que él no había hecho tal procedimiento, según dijo.
La Voz pudo saber que desde aquel entonces se pudieron acreditar documentaciones falsas por un total de 27.
Así lo confirmó este miércoles el ayudante del fiscal en la Unidad Judicial Especializada en Delitos Económicos, Pablo Bazán, quien entiende en el trámite judicial.
Dicho de otra forma: al menos 27 locales no tenían seguridad edilicia para personal y clientes. Entre los comercios, hay supermercados, concesionarias de autos, consultorios y hasta una cancha de pádel, por ahora.
Todo indica que el descubrimiento de la cantidad de certificados truchos crecerá.
El ayudante fiscal Bazán informó que aún no está establecido el monto total de dinero que podría haber recaudado “la banda de los Bomberos”, tal como se la bautizó en los pasillos de Tribunales.
Fuentes de la causa señalaron que para acceder a un certificado trucho de Bomberos había que pagar unos 200 mil pesos. Hubo quienes habrían desembolsado 500 mil.
El monto variaba de acuerdo a las dimensiones de los locales y el estado en que se encontraban.
Si el edificio no requería mayores intervenciones, porque parecía estar dentro de las normas exigibles, el precio era uno. Distinto era si las condiciones eran más ruinosas, indicaron los voceros.
Cómo era la operatoria
Lo que sí pareciera estar muy claro es que los certificados se expendían sin ningún control de seguridad.
Directamente el dueño o la dueña del comercio pedía el papel y lo obtenía a cambio de una cifra que rondaría los 200 mil pesos.
Con el certificado de Bomberos, llegaba luego la habilitación de la Municipalidad.
Bazán estimó que detrás de toda esta maniobra habría dividendos económicos extraordinarios. En los allanamientos que se realizaron en las ciudades de Córdoba, Villa Carlos Paz y Monte Cristo, se constató que los imputados vivían en condiciones “muy favorables”.
A los pesquisas les llamó la atención que varios acusados habitaban en barrios cerrados, en casas lujosas, tenían autos de alta gama y ostentosas pertenencias, en algunos casos.
Cómo sigue la investigación
Entre todas las averiguaciones que se están haciendo, la Justicia trabaja para determinar cuántos certificados truchos fueron emitidos y a quiénes.
Por ahora, la fiscalía prefirió no emitir posición sobre una posible implicancia de parte de funcionarios públicos. De todos modos, cuerpos investigativos mencionaron que “es esperable que haya funcionarios municipales involucrados”.
Los imputados por el presunto delito de asociación ilícita son: los exbomberos Julio Zárate (55) y Eduardo Arturo Rivero (58); el bombero en funciones Marcos Fernando Lúquez; el policía Leonardo Gorosito (trabajaba en Subjefatura de Policía), y los especialistas en seguridad e higiene Félix Rafael Calama (56), Mario García (48) y Roque Javier Olmedo (48).
Resta saber qué rol cumplía cada uno y cómo eran los vínculos con importantes firmas supermercadistas de Córdoba.
De todos modos, los investigadores repiten: “Había más caciques que indios”.
Hay dos acusados sobre quienes se puso la lupa: el policía Gorosito, quien trabajaba en la Subjefatura de Policía, a cargo de Ariel Lecler; el asesor Calama, quien actuaba en el ámbito local como vocero de la Uocra cada vez que había un siniestro en la construcción.
De esta manera, los investigadores creen que dos piezas importantes son el exbombero Zárate y el técnico en gestión ambiental Olmedo.
El primero se identifica en sus redes sociales como un “administrativo de oficina en el Ministerio de Seguridad de Córdoba”.
Olmedo se dice –a través de sus perfiles públicos en Facebook– “coach ontológico en ingeniería emocional” y “auditor de higiene y seguridad” desde 2007 en una reconocida cadena de supermercados de Córdoba.
Para los investigadores, ambos serían piezas clave para comprender cómo se manejaban, los vínculos que tenían y cuál era el camino que fueron haciendo para posicionar la presunta actividad fraudulenta.
