El crimen del remisero Facundo Pereyra (46) conmocionó a la ciudad de Río Cuarto. La madrugada del 26 de mayo fue acribillado a sangre fría cuando realizaba un viaje hacia el barrio 400 Viviendas, en el sur de la capital alterna.
Por el hecho quedaron detenidos cuatro adolescentes: dos de 14 años, uno de 15 y otro de 16, bajo la órbita de la jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, y Penal Juvenil, María Victoria Cavagnaro.
El caso de Pereyra reavivó el debate sobre la imputabilidad de los menores en el país y trajo el recuerdo de otro cruento crimen cometido contra un remisero: la historia de Rubén Cabral.
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Se supo que todos los adolescentes acusados tenían antecedentes delictivos. Que no eran desconocidos ni para la Policía ni para el sistema penal juvenil de Río Cuarto. Mucho menos para la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
Según detalló Cadena 3, los dos chicos de 14 años tienen anotados antecedentes por robos y saqueos. Uno de esos delitos con arma, por lo que la calificación es “robo calificado”.
El de 15 años también tiene ingresos por robos. Pero el de 16 años, quien tomó el remise en la zona del Mercado de Abasto esa madrugada, y le pidió a Pereyra que lo traslade al barrio 400 Viviendas tiene los peores antecedentes.
En su prontuario figuran lesiones graves por el uso de arma de fuego: hace casi dos meses baleó a otra persona.
Pese a que fue detenido por ese hecho, la sorpresa de la fiscalía fue que haya incurrido en un nuevo delito en tan poco tiempo.
Ante los policías de Río Cuarto, los padres de estos cuatro jóvenes dijeron ya no saber qué hacer con sus hijos. Si bien en los papeles figuran inscriptos en los colegios, prácticamente no asistían.
Mientras, en el barrio donde ocurrió el hecho, los vecinos también denunciaron ser víctimas de todo tipo de delitos y vivir con miedo. “Acá a los chicos nadie los puede parar, están armados y consumen todo tipo de drogas, pastillas, paco”. “Acá la mayoría tiene entradas a la Policía, no hay nada para los adolescentes, ni contención, ni deportes, nada. Tampoco hay cámaras porque si las ponen las destrozan. Es tierra de nadie”, coincidieron en plantear los vecinos.
Hasta ahora, en la provincia de Córdoba no hay ningún dispositivo para controlar a jóvenes que tengan menos de 16 años y estén en conflicto con la ley penal.
