El crimen de Brenda Torres, de 24 años, dejó al desnudo un problema solapado en Córdoba: el circuito informal de los guardias de seguridad.
Desde que el cuerpo de la joven mujer apareció desmembrado en bolsas de residuos esparcidas en distintos descampados de la zona, y que por este crimen se detuvo a dos vigiladores, se abrió una nueva discusión: ¿quién controla a los guardias de seguridad que trabajan sin habilitación en Córdoba?
Desde la Cámara que agrupa al sector, confirmaron que podría haber hasta un 40% de trabajadores en la informalidad.
En el caso Torres, quedaron detenidos Gustavo Lencina (53) y Cristian Aranda (38). Ambos se movían en el ambiente de la seguridad privada, aunque, aparentemente, lo hacían de manera intermitente y sin estabilidad en las cooperativas en las que habían prestado servicios.
Según sus compañeros, podrían haberse quedado con uniformes de esas empresas para ofrecer sus servicios por cuenta propia en edificios, canchas deportivas o boliches.
El fiscal Horacio Vázquez los imputó por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, lo que encuadra el hecho como presunto femicidio. Los dos permanecen detenidos a disposición de la Justicia, mientras se intenta determinar si ejercían tareas de vigilancia en la zona donde fue hallado el cuerpo.
Ahora se deberá establecer si pertenecían a este segmento que genera preocupación, los llamados “vigiladores blue”, trabajadores que se presentan como guardias pero que no cuentan con habilitación ni control estatal.
Guardias de seguridad: bajo la órbita del Ministerio de Seguridad
En Córdoba, el rubro de la seguridad privada está regulado por la Ley 10.571, que considera a estos prestadores como “auxiliares de la Policía”.
Su control corresponde al Ministerio de Seguridad provincial, a cargo de Juan Pablo Quinteros.
El funcionario reconoció que algunos episodios recientes, como el caso de Brenda, o el homicidio en Villa Rivera Indarte en 2024 –cuando Mateo Ochoa fue baleado presuntamente por un guardia de seguridad–, o el ataque en la empresa Saturno Hogar el año pasado, donde un vigilador habría entregado datos, volvieron a encender las alarmas.
“Muchas veces, la gente duerme con el enemigo en la puerta de su casa, porque contratan a alguien que no saben quién es. Puede ser un hombre con antecedentes, y es un tema sumamente complicado”, advirtió Quinteros.
El ministro subrayó que existen herramientas de control y que se realizan inspecciones regulares. Sin embargo, en las altas esferas de Seguridad se presume que puede haber una “cantidad considerable” de trabajadores que se roban un uniforme y salen a hacer ese trabajo por su cuenta. Allí es complejo perseguirlos.
La recomendación oficial es que los ciudadanos verifiquen la habilitación de las empresas y de cada vigilador en el portal de Seguridad, a través del Ciudadano Digital (CiDi).
A pesar de ello, testimonios recogidos por este medio muestran que esquivar los controles es relativamente sencillo.
Basta con conseguir una camisa azul o una campera negra para aparentar la pertenencia a una agencia formal y ofrecerse a un consorcio o a un club barrial por un costo mucho más bajo que el de una empresa registrada.
Reconocer a los guardias de seguridad habilitados
La Dirección de Gestión y Control de Prestadores Privados de Seguridad, encabezada por Franco Fajardo, es la encargada de fiscalizar al sector. En diálogo con este medio, explicó que hubo avances en el control del segmento.
“Cuando asumimos, había apenas 280 vigiladores habilitados en toda la provincia. Hoy son muchos más, porque se empezó a inspeccionar y a sancionar. Llevamos unas 600 inspecciones conjuntas con el Ministerio de Trabajo y ya aplicamos 120 multas en lo que va del año”, detalló.
Esas 120 multas, detalló, son a empresas (cuyas irregularidades pueden alcanzar a varios vigiladores) o a trabajadores que no cumplieron con el régimen.
La ley vigente prevé tres tipos de faltas: leves, graves y muy graves. Una falta muy grave, como tener un vigilante sin credencial, tiene una penalidad de $ 620 mil de multa.
Y la sanción alcanza tanto al guardia como a quien lo contrata. “Si un country o un edificio toma a una persona sin habilitación, también es pasible de sanción”, aclaró Fajardo.
El funcionario dio las claves para que cualquier ciudadano compruebe la situación de un guardia a través del sistema del Servicio de Prestadores de Seguridad.
Allí existen tres accesos importantes para el ciudadano, a los cuales se ingresa a través de este link: https://prestadoresdeseguridad.cba.gov.ar/.
El primer ícono registra a las “Empresas habilitadas” y contiene un listado completo y actualizado, sin grises ni “en trámite”. En el segundo, se puede revisar la “Situación del personal”. Se puede ingresar el DNI del guardia y en el registro figura si está habilitado y hasta qué fecha.
Un tercer servicio muestra la “Situación de la empresa”. Si el ciudadano cuenta con el Cuit de la firma que contrató, se puede verificar si tiene la habilitación vigente.
Además, cada vigilador habilitado debe portar una credencial con QR, que puede escanearse desde cualquier celular para corroborar su estado.
“El ciudadano tiene derecho a saber quién lo está cuidando y a tener la certeza de que no es alguien con antecedentes penales”, enfatizó Fajardo.
Costos, informalidad y riesgos: el valor de un guardia de seguridad
El trasfondo económico explica gran parte del fenómeno, según el funcionario. Mantener seguridad privada formal encarece las expensas y los impuestos en condominios. “El convenio colectivo del gremio de los trabajadores de vigilancia (Suvico) fija que un vigilador habilitado cuesta alrededor de $ 1,6 millones mensuales”, detalló Fajardo.
Como una persona no puede cubrir más de ocho horas diarias, explicó, un edificio con guardia permanente necesita al menos cuatro o cinco empleados.
“Con cargas sociales y rentabilidad empresarial, el gasto podría rondar los $ 10 millones al mes, monto que se refleja en las expensas”, dijo.
Siguiendo estas cifras, se puede deducir que en muchos consorcios la seguridad representaría más del 50% de las expensas. Ante la morosidad o la imposibilidad de pagar, en algunos casos los consorcios terminan recurriendo a “vigiladores informales”.
La Dirección de Prestadores Privados de Seguridad dispone de dos teléfonos de consulta y denuncias: +54 9 3513 76-7802 y +54 9 3513 76-7798. Su sede se encuentra en 25 de Mayo 1065, planta baja, barrio General Paz.
