Una trama de influencias, privilegios y delitos salpica nuevamente a la cúpula policial de Córdoba. El director de la Policía Caminera, junto con otros altos comisarios con formación en leyes y con un civil apodado “el Panadero”, están bajo investigación por conformar una presunta asociación ilícita.
La fiscalía sostiene que se dedicaban a realizar desalojos exprés, a presionar a personas con antecedentes y a ofrecer “soluciones” diversas al margen de la ley, todo a cambio de importantes sumas de dinero.
La investigación, que se inició a partir de conexiones detectadas en la unidad judicial de Cosquín, a cargo de Paula Kelm, escaló rápidamente al detectar indicios de que un alto jefe policial estaría involucrado.
Desde allí, el caso quedó en manos del fiscal Guillermo González, quien en menos de un mes instruyó diferentes acciones hasta ordenar, en la madrugada de este viernes, 11 allanamientos simultáneos en Córdoba capital, en Unquillo, en La Calera y en Cosquín.
Como resultado, siete personas fueron detenidas y acusadas con graves cargos.
Entre los principales acusados, se encuentran el director de la Caminera, comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, y su hermano Gastón, abogado.
También están imputados el director de la Asesoría Letrada de la Policía, Leonardo Javier Torres; el comisario inspector Martín Heredia; el director de Protección de Testigos, Jorge Gutiérrez, y el suboficial Dante Villalba, chofer de la Jefatura.
A todos ellos se suma Gabriel “el Panadero” Burkhard, un civil clave en la organización.
Una red paralela de “servicios” ilegales con “abogados comisario”
Según fuentes de la investigación, esta red operaba como una suerte de “consultora paralela”.
En concreto, habría ofrecido la intervención en conflictos judiciales de diversa índole –desde causas penales hasta juicios laborales y de familia– utilizando recursos públicos, información reservada y su posición de poder para intimidar, resolver disputas o desalojar personas sin intervención judicial, de acuerdo a fuentes judiciales.
El nexo con los “clientes” sería Burkhard, quien, según los investigadores, traía los conflictos a la mesa chica: personas con antecedentes que querían limpiar su historial, propietarios con inmuebles ocupados o litigios estancados.
A partir de ahí, los jefes policiales accedían a bases de datos oficiales para evaluar el caso y fijar un precio, de acuerdo a lo que aseguran los investigadores.
Según consta en la causa, las tarifas habrían variado desde unos pocos miles de dólares hasta sumas mayores, como un aparente desalojo que habría involucrado la transferencia de la titularidad de 300 lotes en Casa Grande a favor de la presunta banda.
En algunos casos, habría llegado a pedir hasta el 30% del valor de una propiedad a cambio de realizar desalojos relámpago.
Para lograrlo, la fiscalía cree que instruía a patrulleros o a personal subalterno para ejecutar operativos simulados.
Aparentemente, se valían de su investidura y conocimiento del sistema. La investigación incluso arrojó potenciales pruebas de que habrían llegado a utilizar móviles y personal policial para procedimientos enteramente ilegales, lo que configura el delito de peculado.
Vale recordar que el peculado, también conocido como “malversación”, es un delito que consiste en la apropiación indebida o desviación de recursos públicos por parte de un funcionario.
Es decir, es el acto de un funcionario público que utiliza bienes del Estado para su propio beneficio o el de terceros, o que permite que otros lo hagan, tal como la fiscalía presume que ocurrió en alguna de estas maniobras.
Las imputaciones en la banda de los “abogados comisario”
El fiscal González imputó a los implicados por una batería de delitos que incluyen coacción, extorsión, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, peculado de servicios y encubrimiento.
A Ochoa Roldán –jefe de la Caminera– le atribuyó los delitos de coacción, extorsión, asociación ilícita en calidad de jefe, peculado de servicios, enriquecimiento ilícito en cuatro hechos y encubrimiento por omisión de denuncia en tres oportunidades.
A su hermano Gastón lo acusó por asociación ilícita como miembro, mientras que el civil Gabriel Burkhard está imputado como organizador de la misma asociación ilícita, además de coacción, extorsión y enriquecimiento ilícito.
Leonardo Javier Torres, al frente de la Asesoría Letrada de la Policía, también está imputado como miembro de la asociación ilícita.
A su vez, el comisario inspector Martín Heredia está acusado de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia, mientras que el suboficial Dante Villalba y el comisario Jorge Gutiérrez enfrentan cargos por coacción, asociación ilícita y peculado de servicios.
Burkhard, en tanto, es considerado como el organizador y principal captador de clientes. El resto de los involucrados habría aportado su conocimiento legal y acceso institucional para ejecutar los actos delictivos.
Según sostuvieron los pesquisas, las cifras involucradas “no siempre son millonarias”, pero el volumen de operaciones demuestra un patrón sistemático de lucro.
“En cada procedimiento comprobado, hay cobros ilegales: U$S 15 mil acá, U$S 5 mil allá. En algunos casos, se apoderaron de decenas de propiedades”, señalaron.
El escándalo golpea directamente a la cúpula de la Policía provincial. Tanto Ochoa Roldán como Torres fueron personas de extrema confianza del actual jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, a quien acompañaron como secretarios hasta diciembre de 2024.
Aunque desde el Gobierno provincial aclararon que no hay elementos que lo vinculen con la maniobra, el grado de cercanía inquieta a los investigadores.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, fue enfático: “Estos hombres actuaban como abogados en sus actividades privadas, aprovechándose de su rol institucional para beneficio propio. Nosotros no encubrimos ni ocultamos”.
