Comenzó este lunes el juicio a dos jóvenes por el secuestro y homicidio de Santiago Aguilera (18) a mediados de agosto de 2022 en Villa Dolores, en Traslasierra.
El debate en el Tribunal Oral Federal 3 de Córdoba tuvo, en su primera audiencia, el testimonio de los padres y de la hermana de la víctima, quienes criticaron que no se lo haya buscado como un secuestrado sino como alguien que se había ido por su propia voluntad. A la par, volvieron a cargar contra el fiscal Enrique Senestrari porque no indagó a uno de los acusados mientras estuvo detenido, antes de producirse el crimen.
Los acusados son Walter Ezequiel Gil (25) y Julio César Ramírez (32), sobre quienes pesa la dura acusación de “secuestro agravado por la muerte querida (dolosa) de la víctima”, calificado por causarle “lesiones graves o gravísimas” y por “el concurso de tres o más personas”.
La pena en caso de ser hallados responsables es perpetua.
En la sede de barrio Cofico, el TOF 3 deliberó con una multitud de familiares y amigos de Santiago que llegaron desde Traslasierra para pedir justicia.
En varios pasajes de la audiencia, desde la calle se escucharon consignas de los manifestantes vestidos con remeras con el rostro de la víctima.
El hecho
La acusación, leída en primer término, sostiene que Santiago salió de su casa a las 23 del martes 16 de agosto de 2022 para nunca más volver. A la mañana siguiente, sus padres comenzaron a recibir mensajes extorsivos desde su celular. Anunciaban que estaba secuestrado y que solicitaban $ 7 millones.
Después de esa mañana, no hubo más mensajes.
El jueves 18 siguiente fue detenido Gil, tras comprobarse que las comunicaciones impactaban en su casa.
Gil era empleado del corralón de materiales de la construcción que los Aguilera tienen en Villa Dolores y allí conocía a la víctima, a quien habría engañado para “entregarlo”.
Su auto, un viejo Peugeot 405, fue visto por la zona.
Según la causa, Santiago fue asesinado a golpes el sábado 20. Las huellas de violencia eran brutales.
El cuerpo del adolescente fue encontrado en un campo, por un lugareño, el domingo 21. El cuerpo presentaba signos estremecedores de maltrato.
Gil estaba detenido desde el jueves, por lo cual no se le adjudica tener relación directa con la muerte producida el sábado.
Ramírez, en tanto, fue detenido meses después porque supuestamente manipuló el celular de Santiago antes de su muerte.
Además de estos dos acusados, hay otros cuatro hombres que fueron detenidos en diciembre último, quienes tendrían relación con el cautiverio y la muerte de Santiago.
No están siendo juzgados ahora.
Voces del dolor
Tras la abstención de ambos acusados para referirse a los hechos, el tribunal comenzó a tomar los primeros testimonios: los padres y la hermana de Santiago.
En primer término, Carlos Aguilera reseñó las dificultades de salud que tuvo Santiago desde su gestación, que le provocó la pérdida casi total de su función renal, por lo que recibió un transplante de riñón de su madre.
Su salud era delicada y durante toda su vida luchó con entereza, desarrollando un espíritu especial.
Su generosidad lo hacía muy abierto y confiado. En el negocio de la familia conoció a Gil, quien había ingresado poco tiempo antes del secuestro.
Señaló Carlos que este acusado se interesó todo el tiempo por conocer “los ingresos y el movimiento económico” de la empresa.
Una semana antes del episodio que les cambiaría las vidas, él y su esposa viajaron al norte argentino y recibieron un llamado de Santiago en el cual se quejaba por la excesiva curiosidad de Gil por el dinero y el patrimonio de la empresa.
Cuando volvieron de viaje, Santiago ya no era el mismo.
Estaba retraído y comenzó a exigir un dinero que le había pagado una aseguradora por lesiones durante un siniestro con su moto. La mamá tenía otra suma por el rodado, que también fue reclamado por el joven. Ya no le interesaba comprar un vehículo, sólo el dinero.
La noche antes de salir por última vez de su casa, según sus padres declararon en el debate, Santiago estuvo retraído y poco afectuoso.
Aguilera padre se quejó porque no buscaron a Santiago como un secuestrado y tomaron su desaparición como voluntaria, por haberse ido con “una piba”. En esto volvió a cargar contra Senestrari, a quien la familia denunció penalmente en febrero. El fiscal, en esa oportunidad, señaló que por respeto a los familiares prefería no expresarse.
También hubo críticas porque no se tuvo en cuenta que el joven necesitaba tomar su medicación cada 24 horas, con riesgo de vida.
El papá de la víctima se quejó también porque el jueves, cuando detuvieron a Gil, la mamá le preguntó al fiscal qué había dicho el detenido, a lo que el fiscal les respondió, según el testigo: “No, sería un salvaje si le preguntara en este momento; lo voy a trasladar el lunes a Córdoba para receptar la declaración indagatoria”.
Carlos se quejó porque dos días después torturaron y mataron a Santiago.
Si Aguilera padre se quebró varias veces durante su testimonio, la mamá de la víctima, Mónica Allende, también pasó momentos de zozobra emocional. Paciente y contenedora, la jueza Giordano trató de confortar varias veces a los primeros testigos que, con voz quebrada, irrumpían en llanto. Les hizo saber que su testimonio es muy importante y que podían tomarse el tiempo necesario para declarar.
La mamá también cargó contra el fiscal, pero fue muy directa y dura con quien tenía en frente, Walter Gil, a quien miró mientras decía: “Santiago era mi vida, este hijo de puta me lo llevó, me lo arrebató”. Pidiendo perdón, la mujer estalló en un prolongado sollozo.
La hermana de Santiago, Valentina Aguilera, también fue coincidente con sus padres y de igual modo relató que los días previos al secuestro él estaba muy preocupado, como si tuviera una deuda, o si necesitaba dinero.
Continúa el juicio
A Gil lo asisten los defensores oficiales Mercedes Crespi y Rodrigo Altamira, mientras que a Ramírez, lo defiende otro integrante de la defensa pública, Jorge Perano.
El tribunal está integrado por sus miembros habituales, Cristina Giordano (presidenta) y Facundo Zapiola, completándose con el vocal riojano José Quiroga Uriburu.
La acusación pública está a cargo del fiscal federal Carlos Gonella (junto a Gustavo Yofre), mientras el abogado Alejandro Dragotto actúa como querellante en representación de la familia de la víctima, los padres y la hermana de Santiago.
El debate continuará este miércoles, con la declaración de nuevos testigos.
