Con inusitada presencia policial, comenzó el juicio contra cuatro acusados por el crimen de Claudio Lorenzo Torres (43), conocido como “el Zar de la Droga” en Río Cuarto.
En la primera audiencia, presidida por la jueza Natacha García, se avizoró una dura batalla jurídica, entre el titular del Ministerio Público Fiscal, Julio Rivero, y los defensores de los cuatro acusados.
Desde 2014, Torres era investigado por la Justicia federal como presunto líder de una banda de narcolavado. El 16 de enero de 2019, fue acribillado a balazos frente a su casa, en barrio Fénix.
El hecho está caratulado como homicidio calificado por alevosía y por precio o promesa remuneratoria.
Los imputados son Cristian Ortiz, Mariano Rivarola, Jonathan Palacios y Néstor Robledo.
Todos negaron haber asesinado a Torres.
En la causa federal, Ortiz y Rivarola ya fueron condenados a poco más de cinco años por asociación ilícita y lavado de activos; Palacios, a tres años como partícipe, y Robledo, supuestamente vinculado a la banda de Los Monos, de Rosario, tiene una condena a cinco años por otra causa por transporte de sustancias, de 2021.
“Esto no es un homicidio más. Esto es un homicidio dentro de la delincuencia organizada. Esto es crimen organizado”, disparó Julio Rivero en la presentación del caso Torres ante los jurados populares.
Explicó que, de acuerdo a la investigación del fiscal Fernando Moine, “por desavenencias” en la organización criminal, Rivarola y Ortiz planearon darle muerte a su socio, Torres, con el aporte de cuatro personas, dos no identificadas.
Consideró que, para ejecutar su plan, habrían contado con el apoyo de una organización foránea, Los Monos, de Rosario.
Rivero se comprometió a darles una respuesta a los hijos de la víctima, quienes, a último momento, desistieron de la querella.
“No interesa que Torres haya integrado una organización narcocriminal (…). Al papá lo ejecutaron y nadie tenía derecho de quitarle la vida”, dijo. Pidió “por favor” a los jurados “que analicen la prueba antes de decidir si dudan o no”.
También se comparó con un atleta que es capaz de saltar “la valla de la duda razonable” con “la garrocha de la prueba indiciaria”.
Miguel Alejandro Gavier, abogado de Ortiz, reprochó el tono de alegato del fiscal y pidió “responsabilidad” a los jurados. “Condenar a un inocente es lo peor que puede pasarle a alquien”, expresó.
Entre otros datos, reprochó que, desde el inicio de la causa Torres, “pudieron haberse ocultado pruebas o desviado la investigación porque estaba a cargo el exjefe policial Gustavo Oyarzábal, condenado como partícipe de la organización liderada por Torres.
Francisco Oneto, defensor de Rivarola, advirtió que el pedido del fiscal a los jurados para “que no duden antes” va en contra de la presunción de inocencia.
Adelantó que su cliente declarará durante el juicio y ofrecerá explicaciones alternativas de todos los indicios que enumera la acusación. “Cuando los hechos tienen una explicación alternativa hay duda”, señaló. Anticipó que buscará excluir parte de a prueba y demostrar que la causa “se investigó mal”. También se ocupó de subrayar que la persona que inicialmente estuvo a cargo del caso (el policía Oyarzábal) “terminó preso por narco”.
“¿Se investigó quién estaba arriba y si el homicidio podía venir de arriba?”, lanzó Oneto. Y mirando a los jurados populares, remató: “Ustedes tendrán que decidir si pagan justos por pecadores”.
Por su parte, Rolbi Valdivieso, abogado de Palacios, aseguró: “El fiscal habló de un homicidio mafioso y mi cliente no es mafioso. Córdoba tiene una Policía maldita y mafiosa, capaz de cometer toda clase de atropellos”. “La acusación es una adaptación de la investigación del juez federal Ochoa. Es una injusticia”, afirmó.
Pablo Demaría, defensor oficial de Robledo, aseguró que “la investigación se inició con un testimonio falso (de Becerra)” y dijo que su cliente sólo fue acusado “por prejuicios” porque es rosarino y “sacó una vez el carné en un pueblo donde vivían integrantes de Los Monos”.
Ortiz se defendió entre llantos
En la causa de narcolavado investigada por la Justicia federal, Cristian Ortiz era visto como uno de los cabecillas de la organización, junto con Torres, Rivarola y otros.
Estuvo prófugo de la Justicia desde enero hasta noviembre de 2019. Tenía pedido de captura internacional. Resultó detenido por un control de tránsito en Yofre Norte, Córdoba.
Su pareja también estuvo entre los 30 imputados en la causa federal de narcolavado que terminó con un juicio abreviado. En el TOF 2, Ortiz y Rivarola lograron acordar condenas de poco más de cinco años.
Ortiz está detenido en la Unidad Penitenciaria 6. Tiene problemas de audición y tuvo dos infartos. Sobre el primero, contó que demoraron más 12 horas en llevarlo al hospital.
“Estoy nervioso. Quiero declarar. Llevo mucho tiempo con esta mochila. Soy totalmente inocente. No he participado en la muerte de Torres. No tengo nada que ver (…). Lo conocí por intermedio de Mariano. Nunca discutí con Torres”, se defendió.
La principal hipótesis de la acusación se basa en la declaración de un testigo, Jonathan Becerra, que inicialmente habló de una pelea entre los integrantes de la organización (luego se desdijo). “No sé por qué mintió Becerra, para taparse él o porque alguien le pidió. No sé por qué lo hizo. Me trabé, no me acuerdo”, expresó Ortiz, entre lágrimas.
Insistió en que, cuando mataron a Torres, él estaba prófugo por otro hecho cometido tiempo atrás junto con Rivarola (el robo a la mutual de Devoto). Dijo que, mientras Rivarola enfrentaba a la Justicia de San Francisco por tal hecho (terminó condenado), él decidió huir a Bolivia y Paraguay.
Sostuvo que la reunión con Rivarola en Rosario (del 13 al 16 de enero), que la Instrucción toma como prueba del plan para matar a Torres, fue un reencuentro de amigos para pedirle información sobre aquel juicio de San Francisco. “No he sido un santo, he tenido mis errores, pero eso no quiere decir que haya querido matar a alguien”, argumentó.
Cada palabra de Ortiz era como un desahogo. “Esta causa me ha traído muchos problemas (…). El finado tiene sus hijos, yo también. No se entiende. Que averigüen bien quién fue”, imploró.
“No aguanto más. Tengo miedo de ustedes, de lo que va a salir, yo no mandé a matar a Torres (…). ¿Cómo les va a pedir el fiscal que no duden?, ¿por qué no investigan bien?”, completó, acongojado. El tribunal llamó a un médico para que controlara su estado de salud.
Ortiz fue el primero, pero los cuatro imputados eligieron hablar ante el tribunal, en lugar de utilizar el derecho a abstenerse.
Palacios dijo no haber tenido “ni un saludo con Torres” y Robledo dijo que él no es capaz “ni de matar a una mosca”.
A su turno, Mariano Rivarola corroboró los dichos de Ortiz y también negó haber mandado a matar al “Zar de la Droga”. “Hay una versión real muy diferente, ya la voy a explicar”, afirmó.
