Dos mujeres, una niña y un hombre en la lista. Son las personas asesinadas por el cordobés Juan José Murúa (38), el mayor criminal de la historia del valle de Traslasierra.
Mientras purga prisión por dos condenas en una cárcel de San Luis, esta semana un tribunal de esa provincia elevó a juicio la causa por su último homicidio: el del presidiario Emanuel Jonhatan Aguirre (28), sucedido en noviembre de 2023.
La noche del lunes 27 de ese mes, Murúa agredió a Aguirre en un pabellón de la Cárcel de Pampa de las Salinas, un establecimiento de alta seguridad situado al norte de esa provincia.
Según la Justicia puntana, le asestó al menos cuatro puñaladas con arma blanca “tumbera”. La víctima, de 28 años, era oriunda de Mendoza y purgaba condena por violencia de género desde 2019. Una situación de celos y alguna deuda por dinero habrían sido los detonantes del conflicto que terminó en muerte. Según trascendió en medios puntanos, Murúa le escribía a la novia de Aguirre.
Víctimas anteriores: madre e hija
Hasta 2009, Murúa había sido varias veces detenido por delitos menores, violencia y abuso sexual. Pero trabajando en la localidad puntana de Villa del Carmen cometió su primer crimen, el de Brenda Arias (19). La joven, novia de un amigo suyo, se habría negado a sus pretensiones sexuales. Murúa la llevó a una zona rural, le asestó un escopetazo y quemó su cuerpo. Luego se mostró solidario con su familia y simuló sumarse a la búsqueda de la chica. La acusación en su contra no prosperó y el delincuente siguió libre.
De haber estado en prisión, no habrían sucedido sus otros dos femicidios, sucedidos en 2014.
Porque recién en 2018, una fiscal de la ciudad de Concarán reflotó la causa. Fue ahí que se demostró que Murúa era el homicida de Brenda, y se lo condenó a 38 años de prisión. A esa altura, el delincuente era blanco del reclamo de agrupaciones feministas de Traslasierra y de San Luis, que celebraron la sentencia.
El segundo y el tercer crimen del asesino sucedieron a la vez, el 2 de febrero de 2014, en Traslasierra, donde Murúa había vuelto a vivir.
Ese día, Marisol Reartes (18) y su hija Luz Morena Oliva (de sólo dos años) desaparecieron de la casa de la madre de la adolescente, en Villa de las Rosas. Las víctimas fueron intensamente buscadas durante años. En 2018, cuatro años después, sólo el cráneo de la joven apareció cerca del dique La Viña.
Recién en abril de 2023, tras evaluarse indicios y pruebas, Murúa fue llevado al banquillo por la fiscal Lucrecia Zambrana, de Villa Dolores. En un juicio con jurados populares, fue condenado a prisión perpetua. Se consideró que había matado a la niña y a su madre, para luego arrojar sus cuerpos al lago.
Como hizo en 2009, Murúa manipuló el celular de Marisol, se solidarizó con la familia de quienes acababa de matar, y se sumó a las búsquedas.
Oriundo del pueblo de Los Hornillos, vecino a Villa de las Rosas, conocía de años a los familiares de la chica y su beba, como así también la topografía de la zona.
El pequeño cuerpo de Luz Morena nunca apareció.
Seductor y violento
De contextura fornida y carácter agresivo, Murúa era exitoso con las mujeres, pero no soportaba negativas. Incluso en una ocasión intentó abusar de una sobrina adolescente, y fue su propia hermana, madre de la chica, quien lo denunció. Miembro de una familia numerosa en el oeste cordobés, tuvo un periplo errático y violento.
En San Luis, Murúa formó una familia y tuvo hijos. Su exmujer declaró en un juicio que padeció violencia constante mientras estuvieron juntos.
Conflictivo y de pésima conducta, protagonizó distintos episodios en prisión.
En la cárcel puntana, también llamada La Botija, en 2019 se subió a lo alto de una antena, amenazando con arrojarse si no se le otorgaba una ventaja judicial que pretendió exigir. Del mismo penal, ubicado en una zona inhóspita y desértica, huyó el 24 de diciembre de 2020 por la noche. Fue encontrado dos días después en el corral de una vivienda rural a 20 kilómetros. Aparentemente había llegado hasta ahí desesperado por la sed.
Ahora, por el crimen del preso, la fiscal Antonella Romagnolli, de San Luis, pide una condena adicional de 20 años. De dictarse esa sentencia, y de mantener buena conducta, Murúa podría tener salidas transitorias recién en 2045. Mientras, permanece en un sector de alta seguridad en la misma cárcel de Pampa de las Salinas.
