“¿Querés instrucciones? La instrucción es chupame la p...”. De ese modo se comunicaba el ayudante fiscal Ernesto Martín Morales a sus dependientes mujeres en la Unidad Fiscal 21 (UJ21) de barrio Los Naranjos, hasta que en noviembre de 2019 fue denunciado por el gremio de empleados judiciales (Agepj).
Mientras la causa penal está en trámite, este lunes se conoció que el sumario administrativo interno iniciado por el Poder Judicial dio como resultado que el funcionario fue cesanteado al determinarse su responsabilidad en dos de los cuatro hechos de violencia laboral y de género en los que estaba involucrado.
Las expresiones soeces y las insinuaciones a empleadas de menor rango al suyo arrojaron el resultado categórico de la expulsión de Morales del Poder Judicial, más allá de lo que suceda con la causa penal que instruye el fiscal de Distrito 4, Turno 3, Juan Pablo Klinger.
Si bien el maltrato era hacia varones y mujeres que actuaban bajo sus órdenes, la denuncia señalaba que Morales suministraba la clave de acceso al SAC (Sistema de Acceso de Causas) si ellas accedían a sentarse en sus piernas.
Se reportó también en aquel momento que aquellas mujeres que no accedían a sus imposiciones sufrían sanciones como cambios de turno o trabajo durante los fines de semana.
La oficina de Sumarios Administrativos que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinó un informe contundente respecto del accionar del funcionario que estaba suspendido en sus funciones. El Alto Cuerpo en su Acuerdo 9 del pasado viernes resolvió “dejarlo cesante por los hechos nominados primero y cuarto” y absolverlo por los otros dos de la denuncia de Agepj. La resolución incluye la comunicación a los denunciantes, a la Policía Judicial, al administrador general del Poder Judicial Ricardo Juan Rosemberg, Recursos Humanos y al propio cesanteado.
Agepj “celebró que se le haya dado semejante respuesta institucional ante los graves hechos denunciados” y manifestaron en un comunicado institucional que no tolerarán “más esta cultura institucional que encubre y oculta la violencia”.
Tolerancia cero
Satisfecha con la decisión, la prosecretaria de Capacitación del gremio de los trabajadores, Agostina Noccioli, expresó: “El fuerte trabajo que venimos llevando adelante desde el gremio para erradicar la violencia laboral y de género hoy tiene su correlato en esta decisión de la cesantía”.
En el comunicado gremial, la dirigente sostuvo: “El mensaje desde el sindicato es claro: hace rato que no toleramos más esta cultura institucional que encubre y oculta la violencia”.
Luego, Noccioli se refirió a la labor que lleva adelante “Judicialas”, la agrupación femenina de Agepj que “está logrando interpelar a la cabeza del Poder Judicial para que finalmente opere un cambio de paradigma y nos encaminemos hacia la erradicación definitiva de la violencia laboral y de género” en la Justicia provincial.
Finalmente, la dirigente judicial sostuvo: “Tal como quedó evidenciado en este caso, la institución judicial ya tenía conocimiento de los hechos denunciados y no actuó a tiempo, pudiendo haberse evitado el agravamiento de la violencia perpetrada por Morales”.
El 8 de marzo de 2019, Agepj presentó un proyecto de protocolo de prevención y erradicación de la violencia laboral, lo que recordó en este comunicado el secretario general Federico Cortelletti, quien reclamó su aprobación por parte de las autoridades judiciales ya que se trata de una “necesidad urgente”. “Esta gestión sindical tiene la férrea convicción política de que cada caso de violencia laboral que llegue a nuestro conocimiento sea efectivamente investigado y sancionado”, concluyó Cortelletti.
