En la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba avanza un juicio contra tres jóvenes involucrados en un brutal episodio de inseguridad fatal ocurrido a la salida de una fiesta privada que se realizaba en un domicilio del barrio Villa El Libertador, en la periferia sur de la Capital, en 2022. Se trata del asesinato de Miguel Alejandro Molina (18), quien fue ultimado de un disparo en medio de la cabeza.
Todo sucedió en el marco del intento de robo de un celular.
Uno de los acusados responde por el supuesto delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego; mientras que los dos restantes por robo calificado.
No integran el mismo grupo.
Un punto llamativo es que quienes responden por robo eran conocidos o allegados a quien terminó muerto.
Pero, ¿cómo fue todo?
Robo, corridas y balazos
El violento episodio sucedió pasadas las 6 de la mañana del domingo 7 de agosto de 2022 a la salida de una fiesta clandestina que se había realizado en un galpón ubicado en las calles Pilcomayo y Carmelo Ibarra, corazón de Villa El Libertador.
El predio, ubicado cerca de la comisaría policial, era escenario de recurrentes fiestas que generaban toda clase de quejas de vecinos, ya sea por robos, ya sea por violentas peleas, ya sea por todo junto.
No había sido una fiesta más. Se cobraba una entrada de 300 pesos y en la puerta del recinto había una persona que hacía las veces de un guardia de seguridad.
A la salida del predio, en plena calle, un grupo de jóvenes habría divisado a un muchacho que guardaba el teléfono celular en una riñonera.
De acuerdo a la pesquisa, tres jóvenes se le fueron encima con la presunta intención de robarle el aparato.
En ese grupo, siempre de acuerdo a la pesquisa policial, judicial, habría estado Miguel Alejandro Molina, quien tenía 18 años.
Lo acompañaban dos jóvenes más.
De acuerdo a la investigación, uno era Gabriel Fernando Bracamonte; el otro, Daniel Javier Oviedo Chávez.
Según la causa, los tres habrían intentado robar el celular.
La víctima alcanzó a salir corriendo a toda velocidad.
Fue en ese momento que apareció, a su vez, otro joven en escena.
Llevaba un arma de fuego. Levantó el caño, apuntó e hizo disparos.
Muerte en el hospital
Uno de los balazos dio en la cabeza de Molina y en una de sus manos. A su vez, otro de los plomos dio en un brazo de Oviedo Chávez.
Como es de imaginar, los disparos en medio de la calle generaron gritos y corridas por todos lados.
Alguien llamó a la Policía que acudió al cabo de un rato.
El joven baleado fue trasladado hasta el Hospital Municipal de Urgencias, donde quedó internado en gravísimo estado.
Pese al intento del cuerpo médico para salvarle la vida, el muchacho finalmente murió al día siguiente.
El otro herido sobrevivió, ya que el plomo no le había afectado órganos vitales.
No fue nada simple el trabajo de los investigadores de la División Robos y Hurtos de la Policía.
Es que, como suele suceder en estos casos, no abundaban los testimonios de testigos. Pocos querían contar lo que había pasado.
En la barriada, familiares del joven fallecido realizaron marchas en reclamo de justicia.
Pese a la falta de colaboración de testigos, sobre todo por miedo, los pesquisas lograron ir atando cabos y sumando datos que permitieron armar el complejo rompecabezas de la acusación.
Así fue cómo tres jóvenes quedaron detenidos al cabo de unas pocas semanas. Por un lado, fueron atrapados Bracamonte y Chávez, quienes estaban junto con el joven que finalmente murió, y que están acusados por presunto robo calificado.
Por otro lado, fue atrapado el presunto autor material del crimen: Kevin Ulises Quevedo.
Tres directo al banquillo
El juicio arrancó en la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba.
El principal acusado, Quevedo, niega los hechos. “Él no mató a nadie. Él ni siquiera estaba armado. Fue a la fiesta y es inocente”, aseguró su abogado, Damián Morales.
El fiscal Fernando Arocena no piensa lo mismo y lo acusará.
Los otros dos adolescentes responden por robo calificado.
El juicio entra en etapa de definiciones. En un par de días se sabrá la pena que impondrá la jueza Antonia de la Rúa, quien actúa como tribunal unipersonal.
Acusaba a un vecino de ladrón y lo mató: condenado por exceso
Cinco años y medio de cárcel efectiva fue la condena impuesta en contra de un hombre que, en noviembre de 2020, mató de una puñalada en el corazón a un joven al que acusaba de haberle robado un celular en el barrio Villa Urquiza, en al ciudad de Córdoba.
Rubén Mariano Carnero (35) terminó siendo sentenciado por el delito de homicidio con exceso en la legítima defensa, tras un fallo dictado recientemente por la Cámara 11ª del Crimen de Córdoba.
El joven asesinado, en tanto, fue Matías Ezequiel Burique, quien tenía 16 años.
El violento episodio sucedió en la mañana del 24 de octubre de 2020, plena pandemia.
Según trascendió en su momento, Carnero y Burique se conocían bien. De hecho, pertenecían al mismo grupo de amigos.
Aquel sábado, ambos colaboraron en la mudanza de otro vecino de en San Ignacio, barrio próximo a Villa Urquiza, en la Capital.
Según la causa, Carnero habría dejado una campera y su celular en su Peugeot 504 rojo mientras ingresaba diferentes pertenencias a la vivienda del vecino.
En uno de los viajes, regresó al vehículo para buscar su teléfono y enviar un mensaje.
Fue en esas circunstancias que notó que el aparato había desaparecido, según la causa.
Carnero fue a denunciar el robo a la unidad judicial de la zona y y allí habría brindado datos concretos sobre el supuesto autor del robo.
Así las cosas, tras la presentación, fue hasta la vivienda de un familiar.
Minutos después del mediodía, según la causa, llegó Matías Ezequiel Burique al lugar molesto porque había sido denunciado por la sustracción del celular.
En ese marco se produjo una violenta pelea que terminó de la peor manera cuando el adolescente terminó siendo herido de una profunda puñalada que, momentos después, le terminó causando la muerte. El crimen del joven derivó, a todo esto, en violentos incidentes en la barriada que obligaron a la participación de fuerzas policiales.
Rubén Carnero fue detenido y llegó a juicio acusado por la figura de homicidio simple, delito que tiene una escala penal de entre 8 y 25 años de cárcel.
Sin embargo, tras una evaluación del caso y del pedido fiscal, la Cámara 11ª terminó “rebajando” el delito a un homicidio por exceso en la legítima defensa y le aplicó una condena de 5 años y medio de prisión efectiva.
