El problema de los guardias de seguridad informales quedó en el centro de la escena tras los últimos episodios de inseguridad en Córdoba, donde habrían estado involucrados vigiladores sin habilitación.
Según estimaciones de la Cámara de Empresas de Seguridad de Córdoba, hasta un 40% de quienes prestan servicios podrían encontrarse en la informalidad, especialmente si se incluyen las cooperativas.
Este tipo de conformaciones, que prestan servicios en consorcios, boliches y eventos sociales, funcionan mayormente al margen de la Ley de Seguridad Privada. Aunque algunas cumplen con trámites básicos ante municipios o entes recaudadores, lo cierto es que no se ajustan a las exigencias específicas para agentes vigiladores: capacitación, controles, seguros y convenios laborales.
“Ir por fuera de la legalidad no es un detalle menor. Desde el punto de vista laboral, el riesgo es altísimo. Incluso el contratante, aunque sean los vecinos de una cuadra que contratan a un guardia, termina teniendo responsabilidad solidaria”, advierte Iván Barrera, tesorero de la Cámara.
Guardias de seguridad por fuera de la ley
Según explica Barrera, muchas cooperativas no cuentan con los permisos específicos que exige la ley provincial (10.571) para el sector.
Eso implica que, en caso de accidente o de un hecho delictivo, la responsabilidad recae directamente sobre quienes contrataron el servicio. “Además, no es lo mismo una cooperativa o un trabajador por su cuenta que una empresa privada habilitada. La preparación, el cumplimiento normativo y la trazabilidad hacen la diferencia”, subraya.
El atractivo, admite Barrera, está en los costos: mientras una hora de servicio de una cooperativa ronda los $ 8 mil, en una empresa de seguridad formal el valor se eleva a $ 16 mil.
Esa brecha se traduce en salarios también dispares. Un empleado en convenio ronda hoy los $ 1,6 millones, mientras que un cooperativista difícilmente llegue a $ 900 mil, y sin acceso a obra social, seguro y vacaciones.
“La raíz del problema no está en el Estado ni en las empresas que cumplen. El problema es el contratante, que busca abaratar a cualquier precio”, señala Barrera.
Y destaca que, a diferencia de años anteriores, los controles oficiales son cada vez más rigurosos, con multas millonarias para quienes empleen vigiladores no registrados.
El riesgo con los uniformes de guardias de seguridad
Uno de los fenómenos más preocupantes en el sector es la circulación de uniformes robados o no devueltos. Algunos episodios policiales recientes habrían involucrado a falsos guardias que se presentaban como tales vistiendo ropa de empresas o cooperativas, como en el presunto femicidio de Brenda Torres.
Las compañías formales implementaron protocolos estrictos para evitarlo: la entrega de uniformes se registra, y al momento de la desvinculación se exige la devolución completa de las prendas.
“En mi empresa, sin la devolución del uniforme no se puede hacer la liquidación final. Si es necesario, enviamos un supervisor al domicilio para retirarlo”, explica una fuente que prefirió el anonimato y que tiene a su cargo el área en una de las grandes empresas en Córdoba.
La preocupación no es menor, porque un uniforme no es solo indumentaria, sino también una credencial de confianza frente a la comunidad.
“Cuando un vigilador lleva el logo y la identificación de una empresa, la gente entiende que hay una institución detrás que lo respalda. Eso es responsabilidad. En la informalidad, en cambio, cualquiera puede ponerse un chaleco reflectivo con la palabra ‘seguridad’ y ofrecerse. Y ahí está el riesgo”, remarca.
Para las empresas privadas habilitadas, la clave pasa por reforzar controles y, al mismo tiempo, alertar a los vecinos y a los consorcios sobre la importancia de contratar servicios en regla.
“Hay que informar más: no todo el mundo sabe que puede consultar en la página del Ministerio de Seguridad qué compañías están autorizadas. Si lo hacen, evitan exponer a sus familias y a sus barrios”, concluye la fuente.
