El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, tras una resolución de la Secretaría de Sumarios Administrativos, dispuso la cesantía de un ahora exempleado judicial que se desempeñaba en los Gribunales de la ciudad de Marcos Juarez, en el sudeste de la provincia. La medida fue dispuesta contra David Iván Tartusi, quien ya había sido condenado por la Cámara del Crimen de Bell Ville por los delitos de turbación de la posesión y robo simple (en concurso ideal) y le había impuesto la pena de dos años de prisión condicional.
Tartusi fue echado del Poder Judicial y la resolución es inapelable.
La causa Tartusi lleva varios años en la jurisdicción judicial marcosjuarense, luego de haber sido promovida por el fiscal de instrucción de aquella jurisdicción, Fernando Epelde, y tuvo una extensa secuencia de idas y vueltas por distintas instancias tribunalicias tras presentaciones defensivas.
Desde el TSJ se remarcó que la resolución disciplinaria de haberlo cesanteado no está sujeta al fallo penal que recientemente adoptó la Cámara del Crimen de Bell Ville en contra de Tartusi, quien tenía el cargo de auxiliar mayor con funciones en la intendencia de los Tribunales de Marcos Juárez.
De acuerdo a la causa, todo estuvo relacionado con conflictos por la tenencia de terrenos en la mencionada ciudad de Marcos Juárez.
Así las cosas, según la causa, el 8 de junio de 2020 a la tarde, David Iván Tartusi llegó al terreno de una mujer y se apoderó de manera ilegítima de postes y de alambrados para luego retirarse en una camioneta gris. Se señaló que otras personas lo ayudaron con la tarea.
El 14 de agosto siguiente, en tanto, Tartusi retiró alambrados y varios postes y viguetas de otro terreno de la zona con la ayuda de una pala mecánica. “Todo sucedió en medio de situaciones de violencia e insultos que no se condicen con la forma y el decoro con que debe actuar un empleado del Poder Judicial de Córdoba”, señaló una fuente judicial.
Al declarar, el acusado negó los hechos como habían sido planteados, alegó su inocencia y expresó que todo tenía relación con un viejo litigio por la tenencia de tierras en la zona y con supuestas usurpaciones.
“No obstante tener presente la existencia del conflicto mencionado –que al parecer proviene de hace varios años–, el accionar del aquí traído a sumario, consistente en sustraer elementos materiales del terreno disputado y en propiciar actos de intimidación hacia una de las personas con las que detenta el conflicto, no encuentra justificativo alguno. Menos aun tratándose de un empleado de esta administración de justicia, cuyos actos comprometen la imagen del Poder Judicial en su conjunto”, se expresa en un párrafo de la resolución.
La causa contra Tartusi fue llevada adelante por el fiscal Epelde, quien reunió testimonios, abundante prueba documental y distintos elementos que terminaron cercando al acusado, quien fue llevado a juicio. La elevación a juicio fue ratificada por el juez de Control local y por la Cámara del Crimen de San Francisco, tras presentaciones defensivas, hasta que llegó a la Cámara de Bell Ville, donde se dictó condena. El fallo fue de dos años de prisión en suspenso por los delitos de turbación de la posesión y robo simple (en concurso ideal).
En paralelo, la causa llegó en lo administrativo a la Oficina de Sumarios Administrativos, que inició un proceso que, tras analizar pruebas y testimonios, resolvió en paralelo la cesantía de Tartusi.
“Debe remarcarse que el obrar del sumariado resulta contrario e inadmisible al esperable de un integrante del Poder Judicial, el cual debe observar una conducta decorosa y digna de la consideración y confianza que se le exige, tanto en su órbita laboral como personal”, señala un párrafo de la resolución del TSJ.
“Se puede confirmar que David Iván Tartusi desplegó una conducta con repercusión en el ámbito administrativo-disciplinario contraria a los deberes de decoro, buen obrar, rectitud, confianza y responsabilidad laboral que trascienden el ejercicio de la función judicial, comprometiendo con ello el prestigio y reputación de la administración de justicia con la que se encuentra vinculado por una especial sujeción administrativa”, se indicó.
“Su obrar no se encontró emparentado con el que debe observar un empleado judicial, debiéndose recordar que el prestigio del Poder Judicial se apoya no sólo en la específica tarea judicial que le compete a cada agente, sino también en la conducta desplegada por ellos dentro y fuera del ámbito de las oficinas judiciales, la cual debe ser acorde con los principios éticos que la sociedad exige de sus magistrados, funcionarios y empleados que componen esta administración de justicia”, añade el fallo.
La cesantía lleva las firmas de los vocales Aída Tarditti, María Marta Cáceres, Jessica Valentini y Martín Angulo.
