En una misma mañana, la Justicia provincial dio este viernes cabal muestra de dos formas diferentes de resolver causas de estafas reiteradas.
En un debate abreviado inicial, se condenó a una banda de estafadores con penas de prisión efectiva a los jefes y con resarcimiento millonario a las víctimas. Por otro lado, en cámara, en una audiencia un acusado de aprovecharse de víctimas de una inundación que perdieron la casa se fue con una condena condicional y no hubo reparación a los damnificados.
En el primero de los casos, la fiscal de instrucción Silvana Fernández (Distrito 3, Turno 3) presentó ante el juez de Control N° 3, Agustín Cafferata, un acuerdo de juicio “abreviado inicial” para que este magistrado terminara condenando a una banda de nueve personas que estafaban a través de avisos por Market Place (Facebook). Además, quienes reconocieron los delitos aportaron unos cuatro millones de pesos a las víctimas, a modo de resarcimiento parcial.
Luego de captar a los clientes, los miembros de la banda los engañaban para ir a diversos domicilios de la ciudad de Córdoba, en especial en la calle Norberto Javier del Signo, de barrio San Ignacio, donde eran finalmente estafados. Habitualmente recibían el dinero y luego, con distintas excusas, les decían que no podían hacer entrega de la mercadería (neumáticos, colchones, muebles y otros productos), pero en otras ocasiones los encañonaban con armas de fuego y los despojaban de sus valores.
También se registra en la causa instruída por Fernández que llegaron a grabar en video a las víctimas, para extorsionarlas con la promesa de que los denunciarían como cómplices. Las estafas se habrían iniciado hace unos nueve años y los acusados estaban detenidos desde 2022.
El juez Cafferata terminó por condenar a dos jefes de la banda: a Gonzalo Damián Gómez, a cinco años y tres meses de prisión, y a Dayana Natalia Garay (pareja de Gómez), a cinco años de encierro.
El resto de los integrantes de la asociación ilícita incluídos en este debate recibieron una pena de tres años de prisión en suspenso (ya estuvieron en prisión): Brisa Magdalí Requena Boyero, Marcela Andrea Gastón, Jésica Gisela Garay, Génesis Soledad Garay, Heber Alex Garay, Nicolás Emanuel Pastor y Arnaldo Roberto Ayala.
En la causa, se decomisaron vehículos utilizados por la banda, teléfonos celulares, máquinas de contar dinero y sistemas de vigilancia de filmación cerrada, entre otros bienes.
Asimismo, a fines de reparar en parte el perjuicio patrimonial sufrido por las víctimas, se logró que los imputados entregaran diversas sumas de dinero, que ascienden a la suma aproximada de cuatro millones de pesos, que serán transferidos a las víctimas de forma proporcional.
Fuentes de la fiscalía de instrucción aportaron que “la causa continúa abierta, toda vez que cuenta aún con otras dos personas detenidas: Marianela Alejandra Navas (extraditada en la ciudad de Santiago del Estero y a disposición conjunta con aquellos tribunales, ya que allí se la investiga por diversos delitos como asociación ilícita, además de tener condena en Entre Ríos) y Angel Omar Pizarro”. Ambos irían a juicio a prueba.
Además, se informó que en la banda aún hay dos prófugos.
Pena blanda a ingeniero estafador
En cambio, para Omar Alejandro Guzmán Vega, quien confesó haber estafado a siete vecinos de Sierras Chicas por haberlos engañado cuando relevaba sus viviendas dañadas por la inundación de febrero de 2015, la sanción más grave tal vez sea el escarnio público y la inhabilitación profesional para desempeñarse como ingeniero durante los tres años que dura la condena de prisión condicional.
A lo largo de nueve años, resistió el embate de la Justicia y llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia para que terminen rechazándole una probation.
Ahora, después de confesar en la Cámara 2ª del Crimen de Córdoba que era responsable de siete estafas, mostrarse arrepentido y pedir disculpas a las víctimas, obtuvo prisión en suspenso, la inhabilitación profesional y la obligación de hacer tareas comunitarias en la fundación Moviendo Montañas, a cargo del sacerdote Mariano Oberlin.
El fiscal de Cámara Gustavo Dalma acordó con la defensa de Guzmán Vega y no tuvo en cuenta a las víctimas (si bien esto no es vinculante), que se fueron con las manos vacías.
Este fiscal es el que hasta 2023 estuvo en la Cámara 10ª del Crimen, donde también celebró acuerdos abreviados con estafadores de altos montos que se fueron con penas de prisión en suspenso y sin mayores novedades en cuanto a resarcimientos. Su reemplazante en ese tribunal, el fiscal de cámara Gustavo Arocena, cambió la tónica con pedidos de pena efectiva y la principal preocupación de que los damnificados reciban una reparación, en ocasiones integral.
La desconsideración hacia las víctimas contrastó con la consideración al acusado, que en su confesión dijo que si él no podía seguir dando cursos, su hijo no podía alimentarse. Después, la sentencia sí lo habilitó para ejercer la docencia.
Los damnificados relataron que fueron entrevistados por Dalma, quien sólo los felicitó por la perseverancia de nueve años de insistencia y porque no todos los días se logra que un acusado confiese. La Voz quiso comunicarse con el fiscal, pero los llamados no fueron atendidos.
Para la estadística, un juicio más que se realiza. Para las víctimas, la peor imagen de la Justicia.
