Doble procesamiento y doble confirmación de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. La situación judicial de la empleada del Registro Civil de la provincia de Córdoba Erlinda Sonia Villarroel quedó más comprometida en otra causa en la que se la investiga por presunta falsedad ideológica en la generación de un DNI.
La Sala A del tribunal, integrada por Graciela Montesi y Eduardo Ávalos, confirmó el procesamiento dictado por el juez N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, en septiembre de 2021. El magistrado deberá ahora remitir el expediente a su par del Juzgado N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, para que se acumule a la causa “madre” por hechos similares.
Así, la mujer acumula dos procesamientos en primera instancia y dos confirmaciones de la cámara.
Causa “secundaria”
En la causa “secundaria”, Villarroel quedó bajo investigación por lo ocurrido el 9 de septiembre de 2016. Por pedido de Mario Andrés Portillo, la funcionaria pública habría utilizado su clave de usuario para insertar la foto de Portillo, un domicilio y fecha de nacimiento en el DNI correspondiente a otro hombre.
Es decir, si bien a Portillo le correspondía el número de DNI terminado en 012, su foto, domicilio y fecha fueron insertados en el DNI finalizado en 195 (del otro hombre).
Vaca Narvaja la procesó en 2021 al considerar que el accionar de Portillo en la emisión del DNI falso no habría sido posible sin la actuación de Villarroel. El juez ponderó la declaración del director general del Registro, quien explicó que el sistema de claves de usuarios es otorgado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y que su uso es personal.
También valoró que las sospechas sobre la mujer no son aisladas, sino que Villarroel ya había sido imputada en la causa “madre” por la confección y expedición de un pasaporte, teniendo conocimiento –en ambos casos– la falsedad de los documentos, al no corresponder los datos personales, fotos y huellas insertas con los verdaderos titulares.
Villarroel apeló el procesamiento. Sostuvo que no surgían pruebas que acreditaran su participación. En ese sentido, indicó que el principal argumento utilizado por Vaca Narvaja para sustentar su resolución se basó en que a Villaroel se la investiga por el mismo delito que la causa “madre”.
Causa “madre”
La investigación principal se inició cuando el sistema Alerta Rostro, del Renaper, detectó varios casos de toma fraudulenta de los trámites, ya que las fotos de los solicitantes de documentos con el mismo número de DNI no coincidían.
Las irregularidades consistían en la tramitación de DNI y de pasaportes con datos biométricos y decadactilares verdaderos, pero con fotos y firmas de otras personas. Así se generaban documentos falsos.
El Renaper explicó que, al tomar los datos, el sistema exige la “toma en vivo”, por lo que el titular de los datos originales debe estar presente para aportar su huella, la foto y la firma. Los datos son categorizados inicialmente como “presuntos”, pero su validación concluye con un análisis de huella y de rostro.
El entonces fiscal federal N° 2, Gustavo Vidal Lascano, imputó por falsedad ideológica a los siete empleados del Registro y a seis vecinos.
Para el fiscal, las 17 irregularidades tenían siempre una misma modalidad de falsificación: un operador del sistema web del Renaper tomaba los trámites de DNI y de pasaporte; otra persona aportaba su número de documento, los datos y la huella, mientras que a un tercero (no identificado) le sacaban la foto y firmaba. En total, se habrían falsificado siete pasaportes y nueve DNI en la sede del Registro (Caseros 356).
Sin embargo, el juez Sánchez Freytes consideró que era probable que las falsificaciones no se hubieran cometido según la hipótesis original del fiscal, sino de otra forma.
Consideró que no se había probado que los empleados María Eugenia González Vega, Ivana Scoccia, Mariela Inés Vélez, Carlos Damián Ocroglich, Carina Elizabeth Vélez y Maximiliano Ezequiel Aguilar falsificaran los documentos porque las claves para entrar al sistema web del Renaper no eran utilizadas exclusivamente por ellos, sino, también, por muchos otros. De esta forma, los sobreseyó en 2020.
Sin embargo, procesó a la empleada Villarroel, medida que fue confirmada por la cámara en 2021. Uno de los sobreseídos, el vecino Carlos Sebastián Capdevilla, declaró que, pese a no necesitar un pasaporte, Villarroel insistió en que lo realizara como una experiencia piloto y gratuita. Explicó que su familia tenía mensajes y audios de WhatsApp en los que Villarroel se ofrecía a tramitarlo.
Capdevilla accedió y, según contó, una empleada cargó sus datos biométricos, mientras Villarroel observaba a su lado. El juez consideró que Villarroel participó, al menos presenciando, de la toma de datos que derivó en la falsificación.
Capdevilla afirmó que nunca abonó por el pasaporte ni recibió ningún comprobante, y comentó que Villarroel reconoció por WhatsApp que había habido problemas con el documento (que el hombre nunca recibió). Villarroel no admitió ni descartó haber hecho el pasaporte.
Por otro lado, no se pudo establecer quién insertó en el sistema del Renaper la foto y la firma de un tercero no identificado, que fueron atribuidas falsamente a Capdevilla para generar el pasaporte formalmente válido, pero ideológicamente falso.
Sugestivamente, Capdevilla dijo que, cuando perdió su DNI, en 2017, intentó tramitar uno nuevo y se enteró de que había al menos otra persona que se había identificado con su misma huella digital, pero con otra foto y otra firma. El magistrado concluyó que el hombre fue una víctima y lo sobreseyó.
En total, otorgó ese beneficio a seis empleados y a seis vecinos, entre ellos, Capdevilla.
Fallo de Casación
En abril de este año, no obstante, la Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos de los vecinos Capdevilla, Jorge Alberto Soria, Lucas Matías Goyenechea, Alberto José Ovando y Guillermo Adrián Domínguez, y del gestor Gerardo Gabriel Winter.
La medida también alcanzó a los seis empleados del Registro: González Vega, Scoccia, Vélez, Ocroglich, Vélez y Aguilar.
Confirmación de la Cámara de Córdoba
En la causa “secundaria”, la Cámara de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de Villarroel (sin preventiva) y le ordenó a Vaca Narvaja remitir el expediente a Sánchez Freytes para su acumulación.
La vocal recordó que Villarroel está imputada por delito en ambos casos, recordó que habrían ocurrido en el mismo lugar (el Registro) y en fechas cercanas entre sí (septiembre y octubre de 2016).
“Se advierte que los hechos se engloban dentro de un mismo período, en el cual se habrían cometido además otros (…) en investigación”, razonó, y rechazó el planteo defensivo sobre una supuesta “vulneración a la garantía del debido proceso”.
“Los elementos de convicción (…), la prueba informativa, documental y testimonial que dan cuenta de la falsedad de la documentación y de la emisión de esta mediante la clave de usuario personal de la imputada, como el contexto general de los presentes actuados (…), permiten tener por acreditada no sólo la existencia del accionar ilícito (…), sino que son también suficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido en la instancia, la participación dolosa y responsabilidad penal provisional de la encartada”, cerró la jueza, con el aval de Ávalos.
