Hace casi un año, el 21 de noviembre de 2018, el quinto fiscal a cargo de investigar el crimen de Nora Raquel Dalmasso, ocurrido hace casi 13 años en Río Cuarto, debió escuchar una pregunta periodística que englobaba toda una sospecha social asentada durante esta década y pico de impunidad.
“¿La muerte de (José Manuel) De la Sota tiene que ver con este giro en la investigación?”, interrogó el periodista de radio Mitre Córdoba Jorge “Petete” Martínez.
“No, absolutamente. No tiene nada que ver. Eso lo puedo afirmar taxativamente, porque nuestra tarea investigativa no tenía nada que ver”, se limitó a responder Luis Pizarro, cuya función original es combatir el narcomenudeo en Tercero Arriba y en Río Cuarto. Sólo por un descarte de fiscales producto de una investigación ya bochornosa, debió quedar al frente del caso Dalmasso. Y volvió sobre una hipótesis que siempre ha generado demasiado ruido: la pista económica.
La historia dice que primero la Justicia de Córdoba sospechó que un pintor la había matado en medio de un ataque sexual.
Luego, se supuso que el asesino había sido el hijo de Nora.
Después, otro fiscal intentó probar que el viudo Marcelo Macarrón la había matado bajo un ardid que sonaba a ciencia ficción: luego de volar de manera clandestina y de madrugada desde Punta del Este hasta Río Cuarto, llegó a su casa, mantuvo relaciones sexuales con su esposa, la asesinó, regresó a la avioneta y, cuando el sol comenzaba a salir, ya estaba listo en Uruguay para otro día de golf.
Desde hace un año, Pizarro insiste en la teoría Macarrón, pero sacándolo de la escena del crimen. Asegura que este contrató a un sicario y se generó un escenario de difamación de la víctima para enturbiar todo aún más. Y ahora dice que en realidad Nora no fue violada ni mantuvo relaciones aquella noche, sino que todo fue un montaje del que nadie se había dado cuenta hasta ahora.
Pero el fiscal no logra precisar quién la mató, a cambio de qué, cómo y con qué ardid. Todos los cabos sueltos tienen la misma respuesta: “Fueron profesionales (de matar)”.
Esta semana decidió que Macarrón tenga que ir a juicio. Pese a que Pizarro supone que el viudo tuvo la capacidad de contratar a un sicario, generar toda una escena del crimen falsa y mover los hilos de los rumores sociales para despistar a todo el mundo, el fiscal no cree que Macarrón sea una persona peligrosa para esperar en la cárcel hasta el momento de un eventual enjuiciamiento.
Lo que asoma como una contradicción también resulta una revelación. Insistir en hipótesis endebles, sin hechos fijados para sostenerlos con pruebas y no con suposiciones, sólo va a terminar por perpetuar la impunidad. El silencio de los abogados defensores del viudo es toda una señal: están más tranquilos que preocupados con la resolución del fiscal.
Pizarro no es claro al momento de explicar la disputa económica que sostiene que hubo entre la pareja en medio de una idea de divorcio. Deja flotando aquel ya antiguo relato que la sociedad de Río Cuarto escribió por fuera del circuito judicial. No da indicios de vinculaciones políticas ni con testaferros, ni tampoco de los poderosos cómplices que tuvieron que existir en el marco de la trama que describe.
El crimen de Nora generó un sismo judicial y político pocas veces visto en Córdoba: una cúpula de la Policía, varios funcionarios de Seguridad y un fiscal General tuvieron que dar un paso al costado en los meses inmediatamente posteriores al asesinato.
Preguntar hoy a un fiscal si la muerte de uno de los dos políticos más influyentes de los últimos 20 años en Córdoba fue clave para que la Justicia avanzara en investigar al viudo refleja, sobre todo, que la credibilidad y la independencia judicial en la provincia hace tiempo cayeron en saco roto. Resoluciones rimbombantes que terminarán en fracasos no sólo contribuyen a la impunidad, sino también a sedimentar este descrédito.
