Desde la cárcel de Bouwer, llama por teléfono Diego Dirisio, el cordobés que está detenido hace un poco más de un año y medio por un pedido de extradición por tráfico de armas y provisión de material bélico a dos organizaciones criminales brasileras, una de ellas la que está hoy en el centro de la agenda: el Comando Vermelho, de Rio de Janeiro.
“A mí me acusan por el hallazgo de 92 pistolas que había vendido a policías de Paraguay que aparecieron en poder de organizaciones criminales con las que nunca tuve contacto. No digo que haya que aplicar ese criterio, pero con la misma lógica: aparecieron fusiles FAL argentinos, ¿quién va a ir preso por eso?”, plantea Dirisio.
El empresario espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del pedido de extradición que hizo la justicia de Salvador, Bahía, por la presunta provisión de armas a organizaciones narcocriminales. Los voceros policiales le atribuyeron a Dirisio haber vendido 47 mil armas, por unos 250 millones de dólares, algo que el empresario cordobés niega. En la causa judicial, Brasil dice que encontraron 659 armas de las cuales 350 eran similares a las importadas por la empresa de Dirisio. Pero sólo pudieron probarlo en 92 pistolas.
“En 11 años importé y vendí a policías de Paraguay -nunca tuve operaciones comerciales en Brasil- 13 mil armas. También tenía licencia para la importación de explosivos y vendí 25 mil toneladas, a empresas constructoras de Paraguay, que compraba a proveedores de Brasil”, relató Dirisio.
El planteo está en la Corte desde el 29 de noviembre del año pasado, cuando tuvo su audiencia. El 7 de marzo de este año ingresó, con el patrocinio del abogado Pedro Despouy, una serie de documentos para documentar el rechazo a la pretensión brasilera.
El juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja había concedido el pedido de la Justicia brasilera y ordenado su detención, pero rechazó que Dirisio sea juzgado en ausencia si no era enviado por Argentina. Es por esto que es dirimente lo que decida la Corte.
“Hubo una investigación de la Justicia paraguaya que me sobreseyó por este tema, que se origina en una venganza, porque como presidente de la Cámara de proveedores de armas denuncié un negociado entre el presidente de la Dirección General de Material Bélico (Dimabel) justamente con un organismo que depende de las Fuerzas Armadas de Brasil”, explicó Dirisio.
La Corte anticipó que no se meterá en la cuestión de fondo, pero eso para Dirisio es justamente el problema, porque el argumento para llegar a la extradición es que se trata de un delito grave, que es una calificación sobre el fondo.
El pedido de extradición se funda en señalar “la existencia de actividad propia de una organización criminal especializada en tráfico internacional de armas, al constatar que la mayoría de las armas incautadas, además de provenir del mismo importador (IAS-PY), habían sido modificadas para borrar (suprimir) el número de serie y la identificación del importador, con el fin de dificultar la identificación de la empresa responsable de la importación y venta en el mercado, en violación del artículo 8 del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Partes, Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en Nueva York el 31 de mayo de 2001″. La Justicia brasilera considera a Dirisio como “el cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de armas y socio gerente de International Auto Supply S.A. (IAS-PY), a través de la cual operaba la trama delictiva”.
Además de Dirisio, fue detenida y tiene pedido de extradición su esposa, Julieta Nardi, quien goza del beneficio de prisión domiciliaria.
Además de los planteos ante la Corte, Dirisio fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una queja por las condiciones de detención y la falta de comunicación frecuente con su pareja y con sus abogados en Brasil, para solucionar sus problemas legales allí.
Una investigación del diario Clarín reveló que desaparecieron en las últimas décadas tres mil fusiles FAL del Ejército argentino, que llegaron a distintas organizaciones criminales, con un costo promedio de unos tres mil dólares cada uno. Según Dirisio -un dato que no fue posible chequear con ninguna otra fuente- en la operación en las favelas de Río aparecieron 472 FAL del Ejército argentino. La novedad publicada fue el hallazgo de uno.
