El fiscal de Instrucción del Distrito 3, Guillermo González, dictó la prisión preventiva para Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, quien hasta hace poco ocupaba la dirección de la Policía Caminera.
Ochoa Roldán enfrenta cargos de “asociación ilícita en carácter de jefe”, además de “encubrimiento por omisión de denuncia, encubrimiento agravado por su condición de funcionario público, enriquecimiento ilícito por utilización de información y datos de carácter reservado con fines de lucro, peculado de servicio, coacción y extorsión”.
Desde la fiscalía se indicó que se ha desentrañado una presunta sociedad delictiva dedicada a perpetrar ilícitos que atentaban tanto contra la propiedad privada como contra la administración pública. El móvil principal de esta organización era el claro ánimo de lucro, indican desde la Justicia.
Miembros de la red: policías y civiles implicados
La presunta organización estaba compuesta por siete personas, de las cuales cinco son efectivos policiales (cuatro de alto rango y uno con gran antigüedad en la fuerza). Además de Ochoa Roldán, los imputados con prisión preventiva incluyen a:
- Gabriel Élido Burkhard (civil): Acusado de asociación ilícita en calidad de organizador, Enriquecimiento ilícito por utilización de información y datos de carácter reservado con fines de lucro (partícipe necesario reiterado), Coacción y Extorsión.
- Martín Darío Heredia (policía): Miembro de la Asociación Ilícita, Encubrimiento por omisión de denuncia y Encubrimiento agravado por la condición de funcionario público (reiterado), Enriquecimiento ilícito por utilización de información y datos de carácter reservado con fines de lucro, y coautor de Peculado de Servicios.
- Leonardo Javier Torres (policía): Acusado de Asociación Ilícita en calidad de miembro.
Asimismo, la medida de prisión preventiva se acotó a sesenta días corridos para otros dos implicados, debido a un nivel de responsabilidad menor en el funcionamiento de la célula criminal:
- Jorge Alberto Gutiérrez (policía): Miembro de la Asociación Ilícita, coautor de Peculado de Servicio (reiterado) y coautor de Extorsión.
- Gastón Miguel Ochoa Roldán (civil): Miembro de la Asociación Ilícita.
Finalmente, Dante Gabriel Villalba (policía), imputado como presunto autor de Asociación Ilícita (miembro), Peculado de Servicios y Coacción, recuperó su libertad bajo una fianza real de $ 20.000.000, entre otras condiciones.
El sofisticado modus operandi: desalojos “exprés” y uso indebido del Estado
La investigación ha revelado una supuesta modalidad delictiva con división de tareas que presuntamente operaba utilizando bienes y recursos del Estado para beneficio personal. La presunta red se valía de:
- Uso de bases de datos oficiales: Obtenían información sensible y de carácter reservado de sistemas como el 911 o la División Antecedentes Personales de la Policía de la Provincia de Córdoba para luego “tarifear” honorarios profesionales.
- Peculado de servicio: Utilizaban móviles policiales para hacer constataciones o visitas a personas, y los horarios laborales remunerados por el Estado para recibir clientes en despachos oficiales de Jefatura y evacuar consultas profesionales referidas a su actividad independiente.
- “Desalojos exprés” y usurpación: Realizaban maniobras que en realidad eran usurpaciones, utilizando el amedrentamiento para desalojar propiedades. Para estos servicios, cobraban sumas importantes de dinero, entre el 20% y el 30% del valor del inmueble. Audios incorporados a la causa revelan la crudeza de sus métodos, con frases como: “hoy un desalojo enquilombado, entre un 20 y 30% del valor de la propiedad, eso es lo que vamos a cobrar...” o ”...vamos a entrar en la casa y ya estamos de igual a igual con ellos adentro, con el grupo adentro, va a haber dos opciones: o llegan a un acuerdo y se van pacíficamente, o los sacamos a patadas en el orto”.
La “estructura de la banda” mostraba roles preestablecidos: Burkhard era quien conseguía los casos y reportaba a Maximiliano Ochoa Roldán, según la Justicia.
Este último decidía con quién se trataría el caso (los abogados Torres, Heredia o Gastón Ochoa Roldán) y, si se necesitaba una “demostración de poder”, indicaba a Gutiérrez o Villalba la acción a seguir, según la Justicia.
Un audio elocuente muestra la delegación de poder: “Él no tiene que hablar con la gente, nada, él pasa como para saludarte a vos y que vos demostrés que tenés los contactos”.
Gravedad institucional y avance de la investigación
El fiscal González valora la gravedad institucional que representa que efectivos policiales en actividad, de jerarquía, que ocupan lugares sensibles en la estructura funcional de la Policía, con más de veinte años en la fuerza y que además son letrados, cometan hechos de esta magnitud. La sociedad, según el comunicado, “no puede estar a merced de funcionarios públicos que utilicen el Estado para sus apetencias personales”.
La investigación aún se encuentra en una etapa incipiente, y no se descartan nuevos hechos o eventuales responsables.
La banda operaba en distintos puntos de la provincia, y la mecánica de las maniobras delictivas responde a una organización de estructura celular, con grupos que actúan de manera sincronizada y coordinada.
Los elementos de prueba recolectados, incluyendo un “nutrido caudal probatorio”, como el encadenamiento de llamadas y mensajes, permiten acreditar la vinculación entre los encartados y su participación en los delitos.
