Una grave denuncia de violencia institucional sacude al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC): un varón trans detenido en la Cárcel de Mujeres, ubicado en el complejo carcelario de Bouwer, dijo haber sido golpeado de manera brutal.
Los hechos fueron investigados por la jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Carolina Funes, luego de la queja que recibió por parte del preso. Fue la autoridad penitenciaria quien se apersonó ante la Justicia con evidencias y pruebas.
Luego de la denuncia de Funes, el fiscal de la causa, José Mana, ordenó este martes la detención de 10 agentes penitenciarias.
Todas están acusadas de agredir física y psicológicamente a un interno alojado en esa unidad. Fueron imputadas por “severidades y apremios ilegales” y Mana no descarta que alguna de estas acusaciones pueda variar en la medida que avance la pesquisa.
El episodio también fue confirmado por autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, quienes reconocieron la gravedad del caso pero destacaron que la intervención de la Justicia tuvo lugar tras la presentación del propio SPC.
El denunciante es un varón trans que permanece alojado en el penal de mujeres por disposición judicial. “Se trata de una mujer que se autopercibe varón, pero está en el EP3 porque, por su condición, la Justicia indica que debe permanecer ahí”, según indicó una alta fuente del Ministerio.
Denuncia por maltrato en la cárcel de Bouwer
De acuerdo a lo que pudo establecer este medio, el denunciante presentó ante las autoridades una denuncia por maltrato físico y psicológico por parte de agentes del servicio penitenciario.
El interno habría sido abordado por al menos cuatro guardiacárceles el domingo 23 de noviembre, cuando en el lugar el movimiento cotidiano es más reducido.
En esa emboscada, de la que habrían sido testigo o parte otras seis uniformadas, la víctima habría sido objeto de una fuerte golpiza.
Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad de la prisión.
El hecho fue denunciado por el interno y nueve días más tarde, el pasado martes a las 12.30, la fiscalía de Mana recibió la denuncia. A las 16 fueron diligenciadas las detenciones.
Los investigadores confían en que tienen un cúmulo de pruebas significativo. Una de las más importantes está compuesta por distintas filmaciones presentadas por la propia jefa del SPC.
Además, el varón trans ya fue citado a declarar. “Es muy reciente la investigación, pero se trabajó con el SPC en conjunto, lo que permitió avanzar rápidamente en las determinaciones”, reconocieron los pesquisas.
Desde la fiscalía informaron que el interno se encuentra en “buen estado de salud” y aseguraron que fueron aplicados todos los protocolos durante la valoración forense.
Las detenidas y el clima social en la cárcel de mujeres
Las mujeres detenidas pertenecen al cuerpo de guardiacárceles de la cárcel de mujeres de Bouwer. La medida judicial fue ejecutada por personal policial, que se trasladó hasta el mismo complejo penitenciario para cumplir con las órdenes de detención.
“Las 10 agentes están alojadas en Bouwer, junto al mismo servicio, y la Policía completó el procedimiento para que queden detenidas”, detallaron fuentes del SPC.
Las imágenes obtenidas del sistema de videovigilancia habrían sido determinantes para sustentar las sospechas sobre el accionar de las agentes involucradas. Si bien el contenido de esos registros no trascendió, fuentes de la investigación aseguran que muestran episodios de violencia dentro del pabellón donde se encuentra alojado el denunciante.
El clima social al interior de la cárcel se convulsionó tras la confirmación de las medidas contra las guardias. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el orden está garantizado.
Otro caso de presunta violencia institucional con 10 imputados
Más allá de este nuevo caso que conmociona a la población interna de la cárcel de Bouwer, la Justicia avanzó con la prisión preventiva contra 10 miembros del SPC por la muerte de César Darío Moreno, un hombre de 50 años que falleció el 18 de septiembre de 2023 en el complejo carcelario y cuyo caso ya se encamina hacia un juicio por tortura seguida de muerte.
La investigación fue oficiada por el mismo fiscal, José Alberto Mana, quien consideró que los imputados, por su rol como funcionarios públicos y la gravedad de los hechos atribuidos, representan un riesgo procesal al permanecer en libertad, igual que en el caso más actual.
Entre los acusados se encuentran el entonces director de un módulo carcelario, tres oficiales, cuatro suboficiales y dos médicos –un clínico y una psiquiatra–, quienes habrían tenido participación directa o indirecta en las agresiones y el posterior fallecimiento de Moreno.
La nómina está encabezada por el alcalde mayor de Bouwer, Pablo Luján, e incluye a los guardias Mariano Santucho, Leonel Vaquel, Nicolás Cebrero, Roberto Molina, Lucas Argüello y Néstor Bazán, este último en situación pasiva al momento de los hechos.
Además hay otro agente cuya identidad no fue revelada. Completa la lista el médico de guardia Ignacio Eduardo Segovia, quien recibió a la víctima, y la psiquiatra Ana Laura Grassi.
La acusación sostiene que Moreno, detenido el 16 de septiembre de 2023 tras un altercado leve en la vía pública en Nueva Córdoba, atravesaba una crisis psiquiátrica derivada de un trastorno bipolar y la suspensión de su medicación.
Tras ser trasladado inicialmente al Establecimiento Penitenciario N°9 (ex-UCA), fue derivado a Bouwer, donde dos días después mantuvo un incidente con un guardia al que habría golpeado en el rostro.
Según la investigación, ese episodio habría desencadenado una represalia violenta.
De acuerdo a lo investigado, hubo varios agentes penitenciarios involucrados. Moreno habría sido llevado al sector médico del penal, un área sin cámaras, donde habría recibido nuevas agresiones físicas, y posteriormente habría sido sometido a un régimen de inmovilización extrema.
En la causa figura que el hombre fue atado de muñecas, tobillos, muslos y pecho.
Según lo investigado, permaneció con sujeciones por más de 48 horas. Recibía agua y alimento en cantidades mínimas y sin la atención médica necesaria para su estado.
Las autopsias revelaron que Moreno murió como consecuencia de un tromboembolismo pulmonar agudo originado, presuntamente, por la prolongada sujeción y los golpes recibidos.
La fiscalía sostiene que tanto los guardias como los médicos imputados tuvieron participación en la secuencia que culminó con la muerte del interno, ya sea por acción directa, por omisión del deber de cuidado o por permitir la continuidad de los abusos.
En cuanto a Bazán, el exinterventor del SPC, Gustavo Vidal Lascano, había señalado que el efectivo incluso habría apoyado su pie sobre el cuerpo del detenido. Todo este entramado se analiza bajo la figura de tortura seguida de muerte, un delito que, de ser comprobado, prevé la pena de prisión perpetua para los responsables.
