Hacía varios días que policías recorrían el enorme predio plagado de columnas formadas por viejos y herrumbrados vehículos en medio de yuyos. De forma paralela, otros uniformados analizaban registros en papel. La orden era clara: había que encontrar los restos de una Fiat Ducato.
No se trataba de cualquier chatarra. Era la ambulancia del servicio de emergencias 107 que, en un mediodía de 2006, había explotado en la ciudad de Córdoba y causado cuatro muertes.
La jueza Susana Cordi Moreno, de la Cámara 1ª del Crimen, donde se desarrolla el juicio oral por aquella tragedia, había solicitado –mediante intervención del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)– que se localizara el vehículo.
La intención era la realización, a pedido de un grupo de abogados defensores, de nuevos peritajes para precisar cómo sucedió todo.
Lo que la jueza y todas las partes, incluida la fiscal, desconocían era que el rodado que durante años estuvo bajo custodia en Potrero del Estado (cerca de la cárcel de Bouwer) no existe más.
La Fiat Ducato fue destruida, se sospecha, en 2010. Los restos fueron compactados y quemados.
La destrucción de lo que alguna vez fue la ambulancia del 107 fue confirmada ayer a La Voz por el secretario penal del TSJ, Luis Sosa Lanza Castelli, quien tiene entre sus funciones el cuidado y destrucción de los elementos secuestrados por la Justicia.
“No fue un error”, aseveró el funcionario judicial, quien precisamente ayer mismo comunicó la novedad al TSJ. Este dato será informado a las partes en la próxima audiencia del juicio.
“No hace falta que haya una orden judicial o que el juicio termine para recién destruir un vehículo secuestrado como prueba. Hay una ley sancionada que permite que, transcurrido un tiempo prudencial, lo secuestrado sea destruido”, indicó Sosa Lanza Castelli, y añadió: “Se hace para descomprimir la situación en Potrero del Estado, donde hay miles de vehículos, y por una cuestión ecológica”.
Anticipándose a la polémica que se planteará entre las partes, el funcionario aclaró que los peritajes técnicos ya habían sido realizadas por distintos peritos, ya sea oficiales como los de las partes.
“Están los resultados de los peritajes, están las pruebas, las fotos”, sostuvo Lanza Castelli.
Un complejo juicio
El drama de la ambulancia ocurrió el 26 de septiembre de 2006.
Aquella mañana, el vehículo trasladaba a dos policías heridos por avenida Sabattini, de la ciudad de Córdoba. De pronto, se prendió fuego y, a los segundos, explotó. A causa del estallido, fallecieron los policías Rodrigo López y María del Valle Padilla, el médico Gustavo Botta y la paramédica Ada Camossi.
Desde hace algunas semanas, en la Cámara 1ª del Crimen son juzgadas siete personas. Son dos bloques de acusados.
Por un lado, la carrocera Vallé que armó la ambulancia. Los acusados son: Ricardo Vallé y Omar Vallé (socios gerentes de la firma), Víctor Scienza (empleado) y Héctor Seveso (ingeniero asesor).
Por otro lado, quienes estaban a cargo del 107: el entonces director Claudio Gómez (médico) y los empleados Carlos Navarro (logística) y Pablo Olmos (colaborador). Todos están acusados por homicidio culposo reiterado. Las penas, en caso de condena, serían de cumplimiento condicional.
La carrocera está acusada de haber armado mal el rodado, mientras que a los municipales se les endilga haber modificado, supuestamente, el interior del vehículo y presuntamente no haber reaccionado pese a las quejas previas de otros empleados respecto a presuntas fallas en las ambulancias.
Hoy, ambas partes se señalan.
El peritaje oficial determinó que la ambulancia explotó por una sobresaturación de oxígeno en la parte trasera, mientras se atendía a los heridos. Al parecer, ese gas habría tomado contacto con una chispa u otra falla mecánica de algún aparato, lo que provocó el fuego y la detonación.
Abogados que representan al bloque de acusados de la carrocera solicitaron una ampliación de los peritajes técnicos.
Además de la causa penal, hay demandas civiles en juego.
“Antes de la explosión, hubo un incendio en el vehículo. Ese fuego habría sido causado porque un tubo de oxígeno ultraliviano se cayó cuando la ambulancia pasó por una especie de lomada. Se produjo entonces un efecto lanzallamas y eso tomó contacto con otros tubos y se produjo la explosión”, remarcó el abogado Pablo Bastos, defensor del acusado Scienza.
“Con otros letrados, pedimos una ampliación de peritaje, que es fundamental para la causa. Pero no dan con la ambulancia. Y si no aparece, creemos que se podría caer la acusación”, añadió.
Fiscal
La fiscal Dolores Romero Díaz –quien desconocía que el rodado había sido destruido– fue cauta.
“Entiendo que no habría problemas para la causa, porque el peritaje ya se hizo en 2007”, dijo la fiscal, quien añadió que hay otras pruebas y testimonios que deben ser valorados. “De todos modos, será la jueza quien resuelva si el hecho de que no esté la ambulancia afecta o no el desenlace del caso”, concluyó.
Otra parte interesada de este complejo caso es el abogado Alejandro Zeverín, quien representa a los padres del policía fallecido. “Que no esté la ambulancia no hace que la causa o el juicio se caiga, porque los peritajes ya fueron hechos oportunamente”, indicó.
Zeverín opinó que hay culpas compartidas, aunque remarcó que hay puntos que aún deben ser aclarados con los testigos.
Finalmente, Lanza Castelli indicó que, tras días de búsqueda y de analizar documentos, se llegó a la conclusión que la ambulancia fue destruida.
“No se trata de un error o una falla en absoluto”, dijo, e indicó que miles de vehículos obsoletos fueron compactados.
Un drama que sacudió a Córdoba hace 11 años. Ocurrió en 2006 y el juicio recién arrancó este año.
Cómo fue. Aquel 26 de septiembre de 2006, el equipo del 107 trasladaba a dos policías que habían resultado heridos en un choque. Mientras iba por avenida Sabattini hacia el Hospital de Urgencias, la ambulancia se incendió y, a los segundos, explotó.
Víctimas. Fallecieron los policías y los médicos que iban en la parte trasera. Un enfermero y otro policía que viajaban en la cabina alcanzaron a saltar y sobrevivieron.
Quejas. Empleados del 107 son parte querellante en este juicio. Sostienen que las autoridades habían sido alertadas de que los coches "fallaban".
