El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, desestimó la denuncia en contra de María Teresa Garay, jueza de Ejecución Penal de San Francisco, sobre quien pesaba un pedido de jury de enjuiciamiento desde mediados del año 2020.
Según pudo conocer La Voz, la magistrada fue notificada en los últimos días. Se encontraba acusada por mal desempeño luego de haber otorgado prisión domiciliaria a un hombre, de 61 años, condenado por el abuso sexual de su hija cuando era una adolescente.
La denuncia contra Garay había sido realizada por la legisladora Carolina Basualdo (Hacemos por Córdoba), quien presentó formalmente un pedido de juicio político. La titular de la Comisión de Equidad y Lucha contra la violencia de Género, había remarcado que la jueza “incumplió la ley”, porque la víctima no estaba informada sobre el beneficio de la prisión domiciliaria de su abusador.
El Jurado de Enjuiciamiento evaluó que la actuación de lña juez fue ajustado a derecho.
El beneficio
“A.A.P.” (62) fue condenado a 8 años y tres meses de prisión el 19 de febrero de 2019, en el marco de un juicio abreviado por abuso sexual, siendo una de sus hijas su principal víctima cuando era menor de edad.
Pero el 23 de abril de 2020, el condenado recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. El fundamento era que debía realizar un tratamiento que únicamente podía recibir en el Hospital Regional José Iturraspe, de San Francisco
Asimismo, consideraba a la cárcel de esa ciudad un establecimiento con una alta circulación de personas y ante la posibilidad de contagio de coronavirus, la magistrada consideró prudente que no regresara al penal. Por esto, le concedió al acusado de manera temporaria la prisión domiciliaria, bajo cuidado de su pareja y con la aclaración de que regresaría a la cárcel cuando se superen las contingencias de la pandemia.
Al brindársele la domiciliaria, la defensa de la víctima, Juan Manuel Riveros, aseguró que la parte no fue notificada y que tampoco fue consultada respecto de la medida.
Por su parte, la joven al enterarse publicó una dura carta mostrando su dolor ante la decisión que tomó la Justicia. También pidió al Tribunal Superior de Justicia que revea la decisión.
A.A.P. fue condenado en juicio abreviado por abuso sexual con acceso carnal. En el debate confesó su responsabilidad y aceptó someterse a tratamiento psicológico. Los hechos fueron cometidos en una localidad del departamento San Justo y la víctima siguió el proceso que culminó la condena cuando ya era mayor de edad.
Tras la polémica decisión, Garay señaló que no avisó a la víctima porque el número de teléfono que figuraba en el registro judicial no correspondía con la persona que necesitaba contactar. Luego, aseguró que le fue imposible ubicar a los dos abogados que la representan.
En su defensa salieron varias voces del ámbito judicial sanfrancisqueño indicando que la querella no dispuso al momento de la condena que se le notificara de las novedades de la causa.
También se señaló que el condenado había fijado domicilio a más de 210 kilómetros de la víctima (ella reside en la ciudad de Córdoba) y que en este contexto de pandemia no le resultaría fácil al sexagenario trasladarse. También indicaron que su encierro domiciliario estaba a cargo de su pareja de los últimos años y que era seguido por las autoridades.
Vuelta a la cárcel
De todos modos, el 21 de mayo de ese año, Garay suspendió la prisión domiciliaria que oportunamente había dispuesto en beneficio del condenado y volvió a alojarlo en dependencias de la Unidad Penitenciaria de San Francisco, al habilitarse un pabellón especial en el que las personas que realizan tratamientos en hospitales extramuros pueden retornar y quedar aisladas del resto de la población carcelaria.
El condenado actualmente sigue en prisión.
