Abogados que vienen cuestionando desde hace varios años el criterio poco restrictivo para el encarcelamiento en etapas de instrucción, con un uso elástico de los requerimientos de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, llevaron la queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el viernes pasado abrió una audiencia para escuchar a las partes.
Pero la problematización de la prisión preventiva no es un tema tabú en el Ministerio Público Fiscal, ni hubo hasta aquí ninguna queja ni nadie ofendido por el título del curso que desde hace años se ofrece a empleados y funcionarios judiciales: “Seminario de actualización: Medidas de coerción, ¿precaución procesal o adelanto de pena?”
El seminario es dictado por el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto de Formación del MPF. La dirección está a cargo del prestigioso profesor y abogado José Cafferata Nores, quien no quiso hacer declaraciones para no intervenir en la controversia pública.
Sí compartió, apenas, el criterio general de que se debe fundar bien la existencia de riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, algo que es complejo, porque se trata de “peligros de futuro”.
Sugirió revisar antecedentes, como condenas anteriores o comportamiento en causas anteriores. Y consideró clave evaluar de qué modo, si se mantienen en libertad, corren algún peligro víctimas, denunciantes o testigos. Por último, recomendó analizar la casuística sin buscar una solución teórica general.
El planteo ante la CIDH
Durante más de dos horas, los relatores y miembros informantes de la CIDH escucharon a las partes. En primer lugar, los abogados plantearon como caso general el abuso en las prisiones preventivas y en la aplicación de figuras como la asociación ilícita.
Jorge Cardozo, uno de los abogados que asistió a esta audiencia, dijo que en Córdoba el 60 por ciento de los detenidos en cárceles provinciales son personas con preventivas, no condenados.
Los datos del Servicio Penitenciario confirman en parte esta proporción, pero con la salvedad de que sólo se cuenta como condenado quien tiene una sentencia firme. Si alguien tuvo un fallo de primera instancia en contra pero está en casación, se lo sigue considerando procesado y su prisión es preventiva.
“Es particularmente grave que por una acordada del TSJ de 2017 esté demorada la aplicación de la reforma judicial en Córdoba que limita la facultad de los fiscales para ordenar detenciones. Es insólito que para poder allanar un domicilio tengan que pedir autorización a un juez, pero pueden detener por su propia cuenta. Es cierto que luego uno puede oponerse e ir a un juez de control, pero en el medio pasan cinco meses”, se quejó Cardozo.
En la audiencia, estuvieron representados el TSJ, con el director de Derechos Humanos, Wilfrido Pérez, y el MPF, con la presencia de la fiscal general adjunta Betina Croppi. También hubo representantes del Gobierno de Córdoba y funcionarios técnicos de la Cancillería.
