Mientras la fiscal Celeste Blasco continúa con la investigación ocurrida en barrio Güemes, y que dejó un muerto y heridos, una importante novedad de las últimas horas tiene que ver con la aparición de la dueña de la casa que se vino abajo: pidió ser querellante y ser parte activa en la causa.
María Emilia, dueña de la vivienda ubicada en bulevar San Juan 673/77 pretende que se determinen las responsabilidades penales y civiles por el derrumbe ocurrido el sábado por la noche y que provocó la trágica muerte de Ramiro Alaniz Cortes, hirió a siete personas y generó múltiples daños materiales.
Con el patrocinio del abogado Carlos Nayi, Emilia buscará que la investigación establezca si el inmueble cumplió con la ordenanza municipal 9387/95 que obliga a la “conservación del edificio en perfecto estado de solidez, higiene y mantenimiento, en aras de proteger la seguridad, higiene, salubridad y estética” urbana.
“La dueña quiere que se haga justicia y que se determinen responsabilidades eventuales del consorcio de propietarios “María Reina V” y la constructora Fito SRL”, dijo el letrado.
“Esto sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan corresponder al municipio en su tarea de fiscalización y control. ¿Se activó la inspección técnica y demás mecanismos de verificación de normas respectivas?“, agregó.
El derrumbe provocó daños importantes en la estructura, que incluyen techos, paredes e interior.
Fue una pila de ladrillos de revestimiento de entre el noveno y el 13º piso y que cayó alrededor de 15 metros, según cálculos de Defensa Civil Municipal.
La masa destruyó gran parte de la casa y, por extensión, el bar que se encontraba en la planta baja y abierto al público.
Tras la tragedia, el muro de ladrillos de revestimiento que quedó a medio caer representa un riesgo en la seguridad, por lo que la propietaria solicitó un esquema en tal sentido para evitar daños adicionales a los ya padecidos.
Una familia sin hogar
El inmueble que recibió el impacto del bloque de ladrillos está subdividido en una vivienda residencial –que se alquila a una familia– y un local comercial donde funciona el bar “Posto”.
En la planta alta vivía Alberto Tolada junto con su madre, quien se encontraba en el lugar al momento del derrumbe. Ambos sobrevivieron con lo justo.
Actualmente el sitio es inhabitable y la Municipalidad de Córdoba articuló una solución habitacional de emergencia. Sin embargo no pueden ingresar a la propiedad a buscar sus pertenencias.
El joven inquilino, a todo esto, viene expresando todo su padecimiento porque perdió muchas pertenencias en el derrumbe y por seguridad no lo dejaron ingresar a la casa. “No puedo ni sacar la ropa”, expresó.
El lamento de los dueños del bar
Los inquilinos del local que quedó destruido son tres amigos que habían decidido emprender en el rubro de la gastronomía en el barrio.
Uno de ellos contó que, tras la tragedia, trabajan en la reorganización de las tareas del equipo para que puedan seguir cumpliendo sus funciones en el local de delivery que tienen sobre calle Artigas, mientras evalúan las pérdidas económicas.
Por estas horas analizan la posible contratación de un abogado para acceder a la causa.
