Mientras siguen acumulándose las denuncias en una megacausa que ya se ha convertido en la mayor presunta defraudación registrada en Córdoba, un estudio jurídico denunció a las esposas de los principales socios de Márquez y Asociados, Juan Pablo y Ariel Hernán Márquez, por entender que ellas estaban en la estructura de la empresa y no eran ajenas a su operatoria.
Abogados del estudio “Agrelo-Arrambide Carroll-Goldszer” presentaron ante el fiscal a cargo de la causa, Enrique Gavier, una denuncia contra la pareja de Ariel Márquez, Carolina Sánchez Astrada, y contra la de Juan Pablo, Romina Vanesa Nieva, las que “revisten la doble calidad de esposas de los socios y empleadas de la empresa, por la comisión del delito de estafa”.
La denuncia fue formulada la semana anterior por los abogados Agustín Goldszer y Gastón Arrambide Carroll.
Con la casa sin entregar y conscientes de que será casi imposible que la empresa cumpla con los miles de contratos que no honró, los patrocinantes se constituyeron también como actores civiles.
Por eso, consideran que los bienes de los Márquez también deben disponerse a partir de la copropiedad que registran las esposas de ambos. El ejemplo más palpable es el Club de Polo El Caburé School, un predio de varias hectáreas en inmediaciones de Villa Allende. Como se informó en estas páginas, según el Boletín Oficial de la Provincia, pertenece en partes iguales a Ariel y su esposa Sánchez Astrada, desde 2018.
Para Arrambide Carroll y Goldszer, es preciso trabar embargo sobre las propiedades en toda su extensión, aunque sean bienes que compartan los dos detenidos con sus esposas.
Estos abogados señalan tener motivos de sobra para considerar que ambas mujeres pertenecían a Márquez y Asociados, desde el momento en que eran empleadas a partir de marzo de 2019.
Tienen otras razones para considerarlas encaramadas en la parte ejecutiva de la firma y con conocimiento de la operatoria que ahora se está considerando en la Justicia como fraudulenta.
Ambas empleadas de la firma tenían ingresos de entre 2,9 millones y 4,7 millones de pesos, según consta su situación laboral en el registro Info Experto.
Además, las dos estaban empadronadas en la prepaga Osde, de acuerdo a lo que indica la Constancia de Empadronamiento (Codem). Los abogados denunciantes consideran que Sánchez Astrada y Nieva son ejecutivas porque fueron encuadradas en esa prestadora que agrupa a directores de empresas y no como beneficiarias de la mutual mercantil, como sí sucede con los empleados no jerarquizados.
Pero hay un detalle que pocos han tenido en cuenta. Uno de los cinco detenidos por Gavier —además de los cuatro hermanos Márquez— es el contador Ramiro Gonzalo “Capi” Nieva, nada menos que el hermano de Romina Vanesa. Ambos son oriundos de Jujuy y son familia con Juan Pablo Márquez.
Además de la sociedad que Sánchez Astrada tiene con su marido Ariel, Romina Nieva era titular, al menos hasta hace unas semanas, del centro de cosmética Nuit. En 2021 creó Nuit Estética Médica y Spa SAS. Una firma de similar nombre ha realizado un relanzamiento después de la andanada de allanamientos de Gavier.
Los abogados Arrambide Carroll y Goldszer sostienen que se han trabado embargos sobre los bienes de los hermanos Márquez, pero en los que sus parejas conservan el 50 por ciento sin inhibiciones, y cuentan además con otros dos inmuebles de alto valor en zonas exclusivas de la ciudad, además de vehículos de alta gama.
Arrambide Carroll sostiene que “si bien no se las puede considerar encubridoras (por el vínculo), ambas mujeres pueden ser consideradas partícipes necesarias” de las maniobras de la empresa por acción u omisión.
En relación con los bienes que pueden embargarse, si bien se les adjudica a los Márquez inmuebles en esta ciudad y al menos un hotel en Miami, ese patrimonio sería exiguo para enfrentar el pasivo que habrían generado en los clientes que los denunciaron.
El “monstruo” no deja de crecer
En anteriores publicaciones, La Voz comparó esta presunta megaestafa con la causa Euromayor, un pool empresario que generó numerosos emprendimientos con un tendal de damnificados. También con el sueño de la vivienda propia, los estafados se multiplicaron por miles.
Pero a la luz de las últimas novedades del expediente Márquez, con miles de denuncias, la similitud con Euromayor parece haber quedado definitivamente olvidada.
Una alta fuente del Ministerio Público dijo a La Voz que Euromayor tenía mucha mayor complejidad en cuanto a la ingeniería societaria que se pergeñó para fabricar una “maquinaria estafatoria”, como lo indicó en su momento la otra fiscal a cargo de Delitos Complejos, Valeria Rissi. Pero lo que no tiene parangón es el número de víctimas que, según esta fuente, en aquella causa no superó las 2.500.
Semejante cifra de fraudes parece haber quedado reducida a miniatura al lado de la escala que se está planteando en Márquez. La fuente sostiene que esta constructora ideó un mecanismo muy sencillo —sin la complejidad de Euromayor— también para extraer dinero pero para un número muy superior de clientes a los que era imposible cumplirles.
Vender muy barato para construir una casa parece haber sido un anzuelo formidable.
En la semana, el fiscal Gavier sostuvo que él tiene unos 30 mil contratos (por los números de orden) firmados por los Márquez con sendos clientes y que sólo ha construido unas 2.500 casas.
La cifra podría ser superior si se tiene en cuenta que hay contratos con número de orden más alto, como el de Goldszer, que firmó uno que comienza con 37 mil.
La numeración puede no ser exhaustiva, pero los reclamos siguen creciendo, no sólo por los centenares de denuncias que presentan abogados particulares, sino por el sistema de recepción digital de la fiscalía, que habría superado las 1.500 presentaciones.
El “monstruo” de Márquez sigue creciendo desde distintos puntos del país, donde se hacen presentaciones y también se están gestando acciones colectivas. La semana pasada, en Río Cuarto se realizó una reunión con 300 clientes que se dicen estafados. En otras provincias se multiplican los reclamos.
Futuro inviable
“Tu casa te espera”, dice la fachada de la abandonada sede central de Márquez y Asociados, en barrio Tablada Park. El local está cerrado y en su puerta de ingreso hay una faja de clausura.
La constructora ya no está operativa y no se ve un horizonte de que la impresionante deuda de viviendas pueda ser disminuida en una minúscula parte.
¿Qué pasará con los clientes? ¿Es posible que la empresa vuelva a construir casas? ¿Quienes pagaron una parte o toda la casa recuperarán algo de lo que invirtieron? Las respuestas no parecen aportar optimismo.
Este medio le preguntó a Arrambide Carroll cuál es su visión sobre las perspectivas de los damnificados. El abogado inició la respuesta con un lacónico “La empresa está acéfala”.
Con sus directivos presos y sin quien los reemplace, existen pocas posibilidades “teóricas”, pero se diluyen con la realidad de los últimos años de la firma.
Arrambide Carroll entiende que “en un (eventual) proceso concursal existe la posibilidad de que los trabajadores exploten comercialmente una cooperativa, pero sería inviable”.
“En este caso —prosigue— creo que es inviable, porque es una empresa que no produjo utilidades y el objetivo social fue totalmente desvirtuado: se transformó en una maquinaria destinada a perjudicar a los clientes”.
Más adelante, Arrambide Carroll se atrevió a hacer un ejercicio de imaginación. Si hay 30 mil contratos y sólo 2.500 cumplidos, quiere decir que hay que hacer 27.500 casas; pero con la falta de ingresos que tiene es materialmente imposible. “El ‘haber’ es cero y el ‘debe’ es inmenso”.
“En los últimos dos años, todos los ingresos han sido desviados. Resulta imposible cumplir con todos los contratos”, completa el letrado. Imaginando una cooperativa, señala que los empleados a cargo deberían cobrar (nuevas) cuotas mensuales de un millón de pesos.
Sobre los números, graficó: “Habría que calcular 20 mil dólares por cada una de las 27.500 casas”. La multiplicación resulta meteórica y la realidad de la empresa no da para considerarla.
Para el letrado, todo parece indicar que el único camino es la quiebra y, para colmo, una quiebra fraudulenta que implicará la consideración de otros delitos.
