Las múltiples causas federales abiertas en Córdoba por presuntos delitos de asociación ilícita, evasión fiscal, lavado de activos, defraudación y contrabando, entre otros, dejó varios avances durante 2021.
Develó además, en varios casos, cómo se habrían llevado adelante las maniobras de “guante blanco”. Las investigaciones de magnitud acumulan, en total, 122 imputados, múltiples hechos y millones de pesos y dólares en presuntos perjuicios patrimoniales contra el Estado y afiliados de gremios.
Megacontrabando de motos
El contrabando de motos, cuadris y jet skies es otro de los supuestos delitos es otro de los supuestos delitos que se intentará probar en un juicio previsto para marzo de 2022.
Se analizarán 114 hechos de supuesta violación aduanera, por más seis millones de dólares (663 millones de pesos, al cambio oficial) con el envío de los rodados desde Estados Unidos y Bolivia hacia Córdoba.
Los vehículos importados, entre motos, jet skies, un carrito de golf y cuadris, superaron los 560.
De acuerdo con el expediente, aparecen diversos modelos de vehículos Ducati, Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki y hasta una Harley Davidson Sportster.
Las maniobras habrían consistido en ingresar a la Argentina mercadería extranjera de motos, cuadris, jet skies y repuestos e indumentaria deportiva (cascos, pecheras, botas, etcétera), declarando ante la Aduana valores de la mercadería ostensiblemente inferiores a los efectivamente abonados en el extranjero.
De este modo, habrían obtenido un tratamiento aduanero y fiscal más favorable del que realmente le correspondía a la mercadería, con lo que se habría perjudicado al fisco y burlado el control aduanero normado.
La mecánica se habría repetido en numerosas ocasiones durante 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, y mediante ella se habrían importado, incluso, productos de la marca Alpinestars pero documentados como mercadería diferente.
Esto habría ocurrido debido a que los acusados principales (comerciantes) estaban impedidos de importar y comercializar esa marca en el país por no ser los representantes y/o distribuidores en Argentina, según la Justicia.
Entre los imputados está el excorredor del Dakar Juan Carlos “Chavo” Salvatierra Vilagut, un deportista famoso en Bolivia.
Las defensas plantearon inocencia en torno de las acusaciones.
Las “usinas” de facturas
Las supuestas “usinas” de facturas apócrifas fueron una de las “vedettes” del año.
Recientemente, el juez N° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro (interviniente también en las causas del Surrbac y de Luz y Fuerza), ordenó el procesamiento del presunto líder de la banda de la “megaevasión” a través de facturas falsas, y de otras ocho personas.
Asimismo, declaró la incompetencia del fuero para investigar a los intendentes de Saldán, Cayetano del Valle Canto, y de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi (deberá hacerlo el fuero Penal y Económico provincial).
Se complicó la situación judicial del presunto cabecilla, Diego Vieyra Ferreyra, como supuesto líder de asociación ilícita fiscal agravada, alteración dolosa de registros fiscales, alteración dolosa agravada y lavado, aunque fue excarcelado.
Su hermana, Natalia Vieyra Ferreyra, también fue procesada, al igual que otros siete imputados.
Por otro lado, el juez sobreseyó a 11 personas y suspendió la acción penal de otras 11 (que se plegaron a la moratoria fiscal para regularizar su situación a la espera de su sobreseimiento), pero no resolvió la situación de seis acusados.
Quizá la novedad de mayor impacto político fue la de declarar la incompetencia para investigar a Del Valle Canto y Salibi.
Sin embargo, el fiscal federal Enrique Senestrari apeló los sobreseimientos, las suspensiones de acción y la no resolución de los casos de los acusados.
La investigación permitió detectar 80 presuntas “usinas” y “usinas mixtas” entre 2018 y 2020, cuando explotó el caso.
En total, se habrían descubierto unos 600 “clientes” de las “usinas”.
Varios de los imputados habrían conformado la asociación ilícita para perpetrar delitos tributarios a través de la emisión y venta de facturas manuales o electrónicas apócrifas a su nombre, a nombre de otras personas físicas (con o sin su consentimiento) o de personas jurídicas integradas por cualquiera de todos ellos.
En la operatoria, habrían utilizado las claves fiscales de esos terceros y no habrían tenido la capacidad económica, en general, para brindar servicios y/o productos (“usinas”) o, en particular, los servicios y/o productos facturados (“usinas mixtas”).
A su vez, la banda habría actuado también copiando facturas verdaderas de contribuyentes con capacidad económica, a las cuales les habrían cambiado los datos del cliente y los valores de la operación, en realidad inexistente.
La finalidad, siempre según la acusación, habría sido la de generar crédito fiscal espurio y/o gastos ficticios, en parte para disminuir la base imponible de los clientes de la organización en relación con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias.
Además, habría sido para disimular la falta de capacidad económica de las propias “usinas” utilizadas para emitir facturas apócrifas, con excepción de los municipios y comunas (exentos de dichos impuestos) que aparecen entre los destinatarios de tales facturas.
Las defensas de los acusados plantearon sus inocencias.
Otra “usina”
En noviembre se conoció el revés judicial que sufrió el contador cordobés Leonardo Gustavo Vicente (44), uno de los supuestos jefes de una asociación ilícita que habría perpetrado delitos aduaneros, fiscales y cambiarios, así como lavado de activos durante casi 10 años, con la creación de compañías insolventes y facturaciones falsas fingiendo operaciones comerciales.
Vicente quedó bajo sospecha por supuestamente haber liderado una banda delictiva conjuntamente con Jorge Rolando Weiss, de Misiones.
Se le revocó su excarcelación y se ordenó su detención domiciliaria.
En la causa hay 43 imputados. La banda habría creado compañías insolventes desde enero de 2011 hasta fines de 2020.
De este modo, para el fiscal Senestrari habría constituido falsas pymes a través de figuras societarias ficticias e insolventes, con socios prestanombres igualmente insolventes, cuya actividad declarada era mayormente la venta de ajo, cebolla, poroto y soja desactivada.
La mercadería era adquirida en el mercado interno, al parecer sin justificación sobre el origen de los fondos.
Luego se exportaba, presuntamente a Uruguay, declarando valores inferiores al promedio de mercado (subfacturación).
Posteriormente, las empresas habrían triangulado la facturación y el pago de las exportaciones con empresas radicadas en países de baja tributación y con escaso control cambiario, como Uruguay (pero, en realidad, la mercadería habría terminado en tierras brasileñas).
Las operatorias también habrían afectado el mercado cambiario: la finalidad habría sido ingresar a la Argentina dinero de forma clandestina para luego insertarlo en el mercado “negro” de compraventa de moneda extranjera (dólar paralelo).
El recorrido de las ganancias de la banda habría desembocado en el lavado de activos.
La organización, además, habría realizado operaciones comerciales reales y falsas, y emitido facturas truchas fingiendo compraventas o exportaciones de productos primarios, con lo que habría posibilitado “camuflar” operaciones marginales de comercio en perjuicio del fisco.
En estas causas, los acusados negaron los cargos en su contra.
Farmacias en la mira
Una denuncia de una farmacéutica abrió un amplio abanico de sospechosos vinculados a la salud –entre enfermeros, visitadores médicos, farmacéuticos y médicos– que habrían configurado en Córdoba una cadena de venta ilegal de medicamentos rebasando las condiciones de trazabilidad y bioseguridad.
El fiscal N° 3 de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, imputó a 12 personas (ninguna detenida, por el momento). La investigación comenzó en febrero de 2018 y ya se realizaron allanamientos en countries, inmuebles y farmacias.
Los medicamentos habrían sido comercializados, por lo general, a un precio menor al real –ocultando su origen nocivo– a pacientes con enfermedades graves y con dificultades para el acceso a los fármacos.
Según la investigación, habían montado así un negocio paralelo a partir de la necesidad de los enfermos, con lo cual presuntamente habrían puesto en riesgo la salud de estos.
Los acusados niegan los cargos existentes en su contra.
Hairabedian aguarda por estas horas que el Ministerio de Salud le entregue el resultado de la trazabilidad de los medicamentos incautados.
Franquicias de heladerías
Algunos empresarios, explotadores de algunas franquicias de las marcas Cremolatti y Creambury, quedaron bajo la lupa judicial y luego acabaron imputados por el fiscal Senestrari por supuesta asociación ilícita fiscal, evasión y lavado de activos.
Se investiga si evadieron al menos $ 13,3 millones y lavaron $ 4,4 millones con la compra de vehículos.
En total hay 13 acusados.
Los comerciantes Marcos Baldovino y Germán y Joaquín Rocca habrían urdido una banda delictiva para obtener una mayor rentabilidad económica. A través de cinco aparentes maniobras, habrían ocultado la verdadera dimensión de su actividad comercial (las franquicias) y la cantidad de empleados contratados.
La hipótesis del fiscal apunta a que habrían dispuesto la creación de siete empresas, entre sociedades anónimas (SA) y sociedades por acciones simplificadas (SAS), para concretar operatorias sospechosas.
A su vez, habrían abierto distintas franquicias de Cremolatti, de Creambury y de Panicafé, habilitándolas presuntamente a nombre de personas jurídicas y físicas (sin capacidad económica, patrimonial y financiera para desarrollar esas actividades).
También se sospecha que algunos empleados no habrían sido debidamente registrados o, si eran registrados, las remuneraciones informadas habrían sido inferiores al salario mínimo vital y móvil.
La cuarta maniobra habría consistido en no pagar, o en hacerlo sólo de forma parcial, las deudas impositivas o previsionales de las empresas antes de dejarlas inactivas para crear nuevas empresas y continuar con su actividad comercial.
Por otro lado, habrían solicitado a sus empleados no registrados que gestionaran el ingreso familiar de emergencia (IFE), para luego restárselo de los sueldos.
Las últimas novedades fueron el revocamiento de la exención de prisión de Baldovino y la no entrega de un auto a dos de los imputados.
Las defensas, en tanto, negaron las acusaciones en su contra.
