Como si algo faltara en esta Córdoba de pandemia, de camas que se saturan, de contagios en ebullición y de tanta bobada clandestina ATR (a todo ritmo), ahora se extiende algo increíble, delicado e impensado: graves hechos delictivos de personajes que visten chaquetillas y trabajan en la salud. Parece mentira, pero estalló en Córdoba.
Meses atrás, el escándalo detonó como bomba y sacudió al Panal, aunque muchos se hicieron los distraídos: era el caso del falso médico Ignacio Martín (19), joven con que se hacía pasar como un experimentado galeno, cuando ni por asomo lo era.
Martín llegó a ejercer su derrotero y a moverse como pez en el agua en el mismísimo Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Río Cuarto.
Semanas atrás, un Juzgado de Control ratificó la prisión preventiva, ordenó que siga en una celda y mantuvo la acusación por usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina, uso de documento privado falso, defraudación calificada y falsedad ideológica; todo en un combo que lleva la firma del fiscal Pablo Jávega. Sin contar que existen denuncias por mala praxis, tras las muertes de dos pacientes.
En marzo, en tanto, se conoció que varias vacunas Sinopharm habían desaparecido del Hospital de Villa Quilino, lo que motivó que se abriera una investigación, aún sin resultados, en la fiscalía de Fabiana Pochettino.
Más tarde, una enfermera comenzó a ser investigada en Río Cuarto, sospechada de haberse robado al menos una dosis del vacunatorio del Polideportivo. Hay otras enfermeras bajo la lupa.
El último escándalo estalló hace horas en Córdoba Capital: dos jóvenes bioquímicas quedaron detenidas acusadas de haber pergeñado y montado una organización delictiva supuestamente dedicada a engañar a incautos e incautas con la realización de tests para la detección de coronavirus.
Las profesionales fueron acusadas por el fiscal Gustavo Dalma de estafas reiteradas y falsificación de documento privado.
En paralelo, hay otras tres personas imputadas, aún libres: el dueño de un laboratorio de Río Cuarto, su hija y un enfermero de un hospital provincial en Córdoba. La esposa del dueño del laboratorio es militar y trabaja en el COE. Esta mujer no está acusada.
¿Cómo era la maniobra, según fuentes de la causa? Al parecer, en algunos casos se hacían pasar como empleadas de un laboratorio de Villa María (cuando esto no era cierto), hacían los PCR a domicilio en la Capital y entregaban los resultados en 24 horas, por lo general vía WhatsApp o correo electrónico. Todo indica que hasta los resultados negativos eran falsos.
En otros casos, precisaron voceros, sí se hacían los hisopados pero a través de un enfermero, en el Hospital San Roque y bajo cuerda, sin que las autoridades supieran.
Esos exámenes son y debieran ser gratis. Pero según la investigación, eran cobrados bajo engaño.
Tan irregular era todo, al parecer, que en un caso una muestra se perdió y una de las enfermeras se “autohisopó” para cumplir con el test con su cliente, según la causa.
Hay al menos cinco damnificados. La cantidad podría extenderse a medio centenar. O más.
En la fiscalía y en la División Delitos Económicos entienden que los “damnificados” son sólo eso: damnificados. Nada hace presumir que hayan querido sacar tajada con los tests.
“Es una bomba de consecuencias impredecibles. Lo peor es que se jugaba con la salud”, señaló una fuente judicial.
El agravamiento de la imputación con la figura de asociación ilícita está al caer.
Estafadores, timadores, engatusadores hubo siempre en Córdoba y de distinto pelo, chapa y rostro. Sin embargo, ver ahora que quien engaña llevaba chaquetilla, deja sin palabras.
La gravedad de todas estas causas y las facilidades con que supuestamente se cometieron indignan, perturban, enfadan.
Más aún al ver el desastre que está dejando esta pandemia; más aún al ver cómo cientos y cientos de profesionales de la salud se la juegan en serio para salvarnos.
