Cuando todavía no se acallaron las repercusiones sobre la nota enviada por el obispo auxiliar de Córdoba para pedir por la situación del magistrado, el Jurado de Enjuiciamiento definirá este miércoles si destituye o mantiene en el cargo al juez Civil y Comercial de 27ª Nominación Francisco Martín Flores (37).
El proceso que analiza si debe quitársele la inmunidad de magistrado para someterlo a juicio penal se inició el 15 de mayo último por los causales de mal desempeño y la presunta comisión de delitos en perjuicio de una expareja, en contexto de violencia de género.
A las 8.30 de este miércoles están convocadas las partes -el tribunal, el acusador fiscal General Juan Manuel Delgado y el acusado y sus defensores- para escuchar la última palabra del sometido a proceso.
Luego, los integrantes del jurado -las legisladoras Julieta Rinaldi (presidenta, Hacemos por Córdoba), Victoria Busso (Hacemos por Córdoba), Silvia Paleo (Juntos por el Cambio) y Daniela Soledad Gudiño (Juntos-UCR), además del vocal del TSJ Luis Enrique Angulo- darán por cerrado el debate y pasarán a deliberar.
Una o acaso varias horas más tarde, se presume que llegarán a una definición y saldrán al recinto de la Legislatura provincial para dictar sentencia por la absolución o la destitución. La ley prevé que el jurado puede tomarse hasta 24 horas para emitir un veredicto, si bien se presume que no es lo que puede suceder en esta situación.
El pasado viernes, durante la ronda de alegatos, el fiscal General Delgado pidió la destitución de Flores por entender que están probadas ambas causales de la acusación. En sus conclusiones, el titular del Ministerio Público Fiscal (MPF) puso énfasis en la violencia de género y criticó a Flores porque en su declaración respondió que sí había cometido violencia en perjuicio de su ex pero aclarando que no era “jurídicamente relevante”.
Por su parte, los defensores José Cafferata Nores y Manuel Calderón Meynier solicitaron la absolución. No obstante, el primero hizo un pedido en subsidio, para que se lo suspenda a Flores de modo temporario a los efectos de ser juzgado sin perder el cargo de juez.
En caso de decidirse la destitución, a Flores lo espera un juicio en una cámara del crimen, como un ciudadano común. Se lo acusa en expediente elevado a juicio de graves delitos en contra de su expareja: abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, amenazas, lesiones, entre otros cargos que analizó la fiscal de Villa Carlos Paz Jorgelina Gómez.
El juicio pedido por esta funcionaria contó con el aval de tres tribunales superiores: juez de Control de Alta Gracia Claudio Guillermo Lasso, Cámara de Acusación de Córdoba y Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (TSJ). Quedando firme la realización del juicio, resta definir si corresponde la destitución.
Intromisión fuera de lugar
Tras la publicación de La Voz de la carta que envió el obispo auxiliar y vicario de la Iglesia de Córdoba Ricardo Orlando Seirutti García al Jurado de Enjuiciamiento, al TSJ y al fiscal General, durante este martes se escucharon numerosas voces de repudio por considerarse un acto de intromisión.
Además del pedido de aclaración desde el MPF que obligó a Seirutti a afirmar que su petición a favor de Flores fue sólo a título personal y no institucional, se sucedieron tras la divulgación de las tres misivas varias voces de repudio que dejaron al descubierto la actitud del vicario episcopal.
Lo que comenzó a despejarse es que en el seno del Arzobispado de Córdoba estaban ajenos a los movimientos de Seirutti, que firmó las notas con su sello personal y usando un “nosotros” en la primera carta. A través de dos fuentes eclesiales, este diario tuvo acceso a la indignación que provocó en filas de la Arquidiócesis la actitud unilateral del segundo en la escala jerárquica.
Por otra parte, llamó la atención que el religioso redactara el petitorio como si le hubieran dictado argumentos jurídicos que un representante del poder secular suele ignorar.
También se evaluó la carta como un grosero error que jamás cometerían dos penalistas destacados, como Calderón Meynier y Cafferata Nores. Si algo le faltaba a la comprometida situación de Flores era una intromisión con el jurado.
A media mañana había circulado una versión que indicaba que unos nueve o 10 jueces civiles, colegas de Flores, habían firmado una nota de apoyo al magistrado sometido a jury. Pero representantes del MPF, el Jurado de Enjuiciamiento y del TSJ aseguraron que nunca recibieron carta de de esa índole. El lunes, esos mismos voceros sí habían confirmado las cartas de Seirutti.
Cuando las voces de repudio e indignación propaladas a través de los medios de comunicación se habían pronunciado de todas las maneras, desde la Iglesia llegó al mediodía un comunicado a los medios en el que el propio Seirutti firmaba una nota en la que pide perdón y manifiesta que su intención no fue interferir en la decisión del tribunal del juicio político.
“Ante la ahora comprensible trascendencia mediática que generó mi involucramiento personal...”, comienza diciendo la última carta que firma Seirutti para reiterar que las cartas fueron enviadas por él “con carácter personal”, movido por su “propia preocupación, a pesar de que por costumbre y por error” usó su “sello de obispo auxiliar y vicario general de la Diócesis de Córdoba”.
Luego, aclara lo que muchos venían suponiendo: “En este involucramiento personal no consulté ni compartí mis actos ni intenciones con el arzobispo, Monseñor Ángel Sixto Rossi, ni con las demás instancias del Arzobispado ni de la Iglesia de Córdoba”.
Finalmente, Seirutti pide “disculpas públicamente a la sociedad de Córdoba, a la Iglesia de Córdoba y a la Justicia si estas cartas han sido interpretadas como una intromisión al proceso judicial”.
En este caso, la nota también está firmada de puño y letra por Seirutti, con su DNI, pero no tiene el sello oficial que había estampado en las otras misivas.
