“Si los dirigentes sabían que había una amenaza y la habían denunciado, por qué nos obligaron a Gabriela y a mí a asistir a un lugar, a estar en medio de las balas y a tener que presenciar el crimen de mi hermana”.
La pregunta que hace Dalma, hermana de Gabriela Pérez, corta el denso clima que genera la tristeza familiar acarreada por el marido y las hermanas de la víctima.
No hay respuestas racionales.
Dalma, quien estuvo el pasado sábado cuando su hermana quedó en línea de fuego, y la pareja de Gabriela, Rodrigo Agustín Rivera (26), no saben por qué les había llegado, hacía algunos días atrás, una invitación para almorzar en el club Yapeyú el sábado al mediodía, cuando ocurrió el crimen.
La invitación les llegó de mano de Cristian “Coco” Fuentes, un referente sindical que se ocupó de hacer notar la importancia que tenía la asistencia al almuerzo. Sin embargo, no dio detalles sobre el tipo de actividad a la que estaba convocando.
“Si no íbamos, sabíamos que nos echaban o que podíamos tener consecuencias”, dijo Dalma horas después del crimen de su hermana.
Ese día, Gabriela dejó a L., su hijita de 5 años, con el papá y esperó a que su acompañante estuviera lista. Atravesó las pocas cuadras que separan la casa de su madre, donde vive con su familia, del club Yapeyú, en la ladera sudeste de la ciudad de Córdoba.
Había llegado temprano y se había hecho notar, para que todos supieran que había cumplido con la orden que le habían cursado.
Estaba comiendo un choripán cuando Sergio Fittipaldi, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Solesac), se puso frente a ella y le sonrió, según relató su hermana Dalma.
Luego se escuchó el primero de siete disparos de un arma 9 milímetros que, según las primeras averiguaciones, fue apuntada de manera horizontal, con precisión, hacia el salón donde había gente comiendo.
Fittipaldi corrió. Pero Gabriela, que tenía al sindicalista de pie, parado en la cabecera de la mesa, no tuvo tiempo a escabullirse. Al menos una bala impactó en su cuerpo, que fue alzado, inerte, por su hermana.
También fue desatendida por todos, reprochó Dalma.
“Desde el asador también disparaban para afuera y una patota salió corriendo para alcanzar al tipo que había tirado, que huyó con dirección al centro del barrio Yapeyú”, recordó la hermana de la víctima.
Luego de que se conoció la teoría de la familia de Gabriela, quienes sostienen que hubo disparos desde adentro del salón, en Yapeyú –un barrio que llamativamente agrupa a muchos afiliados al Soelsac–, ahora se preguntan si la bala que hirió a Gabriela fue una de 9 milímetros, como se presumió desde un primer momento, o si se trató de un calibre 22.
Trabajadores de la limpieza que estaban en el lugar de los hechos especulan lo siguiente: “Los que tiraban desde adentro tenían armas calibre 22 largo y corto”.
No obstante, en la fiscalía que investiga la causa, bajo el mando de Silvana Fernández, negaron que haya alguna prueba sobre la existencia de disparos desde el salón.
En el mismo ámbito sostuvieron que habría habido 10 disparos de 9 mm como mínimo.
Uno de los disparos habría ingresado por una pequeña ventana vertical.
“Podríamos estar en presencia de un homicidio con dolo eventual. La principal hipótesis es que el hecho se habría originado en la interna sindical. La fiscal espera el resultado de la autopsia y de otros peritajes, y por ahora no hay imputados y detenidos”, dijo una fuente allegada a la investigación.
La Municipalidad de Córdoba: el lugar de trabajo de Gabriela Pérez
Otro punto que no alcanzan a explicarse desde la “vereda del dolor” donde se paran a pensar los familiares de Gabriela es el silencio que emana desde la Municipalidad de Córdoba.
Gabriela tenía vigente un contrato a término por tres meses. La empresa para la que trabajaba, Eco Clean, presta servicio en la mayoría de las escuelas municipales, provinciales y otros edificios estatales.
La víctima cumplía con las tareas de limpieza en la sede municipal, el Palacio 6 de Julio, de lunes a viernes, entre las 7 y las 15.
Por esas ocho horas que hacía en este edificio céntrico de la capital cordobesa, la patronal le pagaba $ 100 mil.
Había llegado a ocupar ese precario puesto gracias a que una hermana mayor, Noelia, la presentó ante los referentes del Soelsac.
Noelia los conoce porque trabaja hace años en tareas de limpieza en el Hogar Padre Lamónaca, de gestión municipal, también en la zona sudeste de la ciudad.
El Soelsac puso en contacto a tres hermanas de Noelia, entre ellas Gabriela, para que trabajasen en tareas de limpieza para la empresa Eco Clean.
Algunas fueron al hogar municipal y otras, a la sede de gobierno.
“Cuando firmás contrato para la empresa Eco Clean, una de las páginas de esos documentos es la afiliación al sindicato. La empresa te recomienda que te afilies”, contaron a este medio trabajadoras de la limpieza.
“Esta empresa suele ganar la mayoría de las licitaciones en las escuelas y en las dependencias públicas, así que siempre tiene trabajo para ofrecer. Es una tarea muy mal paga y que genera mucho desgaste, casi siempre cumplimentado por mujeres con hijos”, dijo otra empleada de limpieza que presta servicios en una escuela de Córdoba.
Por su parte, Rivera contó que su pareja había pedido el cambio del lugar de trabajo. “Estaba muy cansada de que la trataran mal. Todo el mundo la maltrataba en la Municipalidad”, dijo el hombre de pocas palabras.
Fittipaldi, su pelea con Franco Saillén y el crimen de Gabriela Pérez
Las trabajadoras de limpieza, en su mayoría mujeres, son visitadas hace largo tiempo por la gente de Franco Saillén, dirigente del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) y pieza mayor de la oposición en el gremio Soelsac.
“Estuvieron en la marcha de pedido de justicia”, dicen las trabajadoras.
La gente del Surrbac –organización gremial investigada por hechos de corrupción– ha prometido una importante mejora en las condiciones laborales a los empleados de limpieza.
“Nos dicen que vamos a pasar a cobrar $ 200 mil, cuando la mayoría cobra entre $ 90 mil y $ 110 mil”, cuentan las protagonistas.
El año pasado, Franco Saillén encabezó varias convocatorias en un local bailable de la zona céntrica de la ciudad. Allí comenzó con su campaña de cara al sector.
Sobre Sergio Fittipaldi, sus representadas dicen que era habitual este tipo de convocatorias: “Para ir al club Yapeyú, nos ofrecieron entre $ 2.500 y $ 4 mil. Teníamos que asistir al acto y al final nos ocupamos de la limpieza. Más allá del dinero, era una obligación estar en ese lugar”, dicen las trabajadoras.
Además del dinero fresco, las chicas de la limpieza podían comer y “compartir un rato con sus dirigentes”, comentaron las entrevistadas.
Cristian “Coco” Fuentes, también vecino de barrio Yapeyú, había cursado las invitaciones. A través de un posteo en redes sociales, la familia de Gabriela lo responsabilizó de haberlas llevado “hasta el infierno”.
“Ninguno tuvo huevos de acercarse al hospital (donde fue atendida la víctima). Coco ya andaba diciendo que sólo la bala la refiló (SIC). Él fue el que la dejó en la puerta del hospital y nunca volvió a preguntar nada”, se lee en un posteo de Facebook de una de las hermanas de la mujer asesinada.
En tanto, un testigo se presentó ante la fiscalía y sostuvo que La Fiel, la barra brava que para en las tribunas del Club Atlético Talleres, está involucrada en el escalofriante hecho delictivo.
“Saillén y Fitipaldi están vinculados con La Fiel. En barrio Yapeyú hay una peña de Talleres (una parcialidad) que integra la barra brava y que está en disputa por estos sindicalistas que antes eran amigos. Esta gente ahora es del Soelsac. Coco Fuentes es un referente de La Fiel”, aseguraron fuentes ligadas a la vida sindical en el gremio que encabeza Fittipaldi.
