“Hoy nos escandalizaría que una persona prendiera un cigarrillo dentro de un colectivo, o si viéramos a un menor de edad bebiendo cerveza en la calle, pero no nos llama la atención que en un kiosco se vendan medicamentos, cuando se trata de un delito penal”, aseguró días atrás Jorge Cantet, asesor letrado del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.
Tal forma de comercialización ilegal de medicamentos no excluye otras, más elaboradas, que habrían encontrado eco en la ciudad de Córdoba en los últimos años.
La denuncia de una farmacéutica abrió un amplio abanico de sospechosos vinculados a la salud –entre enfermeros, visitadores médicos, farmacéuticos y médicos– que habrían configurado una cadena de comercialización ilícita de remedios rebasando las condiciones de trazabilidad y bioseguridad.
Los medicamentos habrían sido comercializados, por lo general, a un precio menor al real –ocultando su origen nocivo– a pacientes con enfermedades graves y con dificultades para el acceso a los fármacos, montando así un negocio paralelo a partir de la necesidad de los enfermos y poniendo –presuntamente– en riesgo su salud.
El fiscal federal N°3, Maximiliano Hairabedian, imputó a 12 personas en el marco de la causa que comenzó en febrero de 2018 y que hace algunas semanas trascendió a partir de múltiples allanamientos en countries, inmuebles y farmacias de los acusados.
En la nómina de imputados aparecen la farmacéutica Mary Elizabeth Melián (53); los oncólogos Pablo Fiori (del Hospital Militar de Córdoba), Carlos Alberto Capellino (52; exgaleno de la Clínica Del Prado, actualmente Mutual de Empleados de la Policía y en la Clínica Romagosa) y Claudio Gastón Dubersarsky (47).
También fueron acusados los visitadores médicos Carlos Antonio Britos (65; exvisitador del laboratorio Aspen) y Alejandro Arturo Bonanate (48; exvisitador del laboratorio Roche); el enfermero Juan Zevallos Cóndor (54; de Oncología del Hospital de Niños, la Clínica Sucre y el Instituto Modelo de Ginecología y Obstetricia) y Alfredo Germán Totaro (42).
La acusación recae además sobre Dominga Inés del Carmen Acuña (66; propietaria de la Farmacia Albion); Iris María del Pilar Chiappero (52; dueña de Farmacia Nueva Córdoba); Gabriela Liliana Alarcón (51; empleada de Farmacia Albion) y Flor Huamani Olin. En total se investigan 22 presuntos hechos delictivos.
A los imputados se les adjudican –según cada caso– desde la venta prohibida de remedios que requieren receta para su comercialización y comercialización de remedios peligrosos, pasando por almacenamiento (con fines de comercialización); encubrimiento (por recepción y adquisición de elementos delictivos, agravado por el ánimo de lucro y la habitualidad) hasta la tenencia de objetos destinados a la falsificación.
Además del investigado rédito monetario del apoderamiento de las drogas de elevadísimo precio de mercado sustraías de centros médicos, se cree que fueron reintroducidas en el mercado legal, lo que habría provocado una grave afectación en materia de salud pública.
Algunos de los medicamentos, por su tipo, requieren una estricta cadena de frío en su traslado (para conservar el efecto y eficacia), que muchas veces no se habría cumplido de acuerdo a los datos que surgen de la causa.
El juez N°3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, actualmente tramita las indagatorias pero, por el momento, no ordenó la detención de ninguno de los imputado, según pudo saber La Voz. Otra fuente calificada indicó que el fiscal espera el informe de la trazabilidad para determinar el origen y el destino de los medicamentos secuestrados en gran cantidad.
Cómo habría funcionado la cadena
La causa nació a partir de la denuncia de una farmacéutica de la zona norte de la Capital que, en enero de 2018, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP/Pami) había suspendido a su farmacia para la provisión de medicamentos a los afiliados.
Ante la Fiscalía Federal N°3, la farmacéutica describió la maniobra que habría delineado una mujer que se presentó en su comercio como auditora médica en un geriátrico y responsable de la provisión de los medicamentos a afiliados del Pami y la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross).
Detalló que, en varias oportunidades, la clienta exhibió recetas expedidas por médicos del Pami a diferentes afiliados –supuestamente pacientes del geriátrico–, ya que era la encargada de la compra de la insulina para ellos.
Una vez que la farmacéutica confirmaba la validez de las recetas en el sistema de validación del Pami, realizaba el pedido a las droguerías.
A través de los dos números telefónicos utilizados por la compradora para comunicarse con la farmacéutica, los investigadores llegaron hasta el esposo e hijo de la farmacéutica Mary Melián. De las escuchas telefónicas, surgió Melián su presunta vinculación otros imputados.
Algunos de los sospechosos se habrían encargado de conseguir en forma ilegal fármacos de alto costo (y que requieren recetas para su compra en el mercado legal), generalmente, oncológicos, insulinas, retrovirales y reumatológicos, y cuya su comercialización en el mercado negro se habría efectuado a valores notablemente inferiores.
Conexiones
Los investigadores trazaron un mapa de las conexiones entre los imputados y determinaron que Melián tenía un nexo laboral con Dominga Acuña, propietaria de la Farmacia Albion. Allí se habrían fabricado recetas ilícitas de Apross y Pami con la presunta colaboración de la empleada de Albion, Gabriela Alarcón.
De acuerdo con la tesis del fiscal Hairabedian, Alejandro Bonanate, exvisitador de Roche, le habría provisto insulinas y fármacos oncológicos y reumatológicos a Melián –que habría obtenido del visitador Carlos Britos y los médicos Carlos Capellino y Pablo Fiori– por fuera del margen de la ley.
Melián luego los habría comercializado. En sus propiedades, la Justicia incautó medicamentos trazables de elevado costo.
La particularidad es que los investigados no pudieron justificar su tenencia, según el fiscal. Y en su mayoría, llamativamente aparecían en el registro de trazabilidad como ya entregados a diversos pacientes, lo que desplegó un manto de sospecha sobre su supuesto origen ilegal.
También se secuestraron numerosos sellos médicos y recetarios de Apross, que habrían estado bajo la órbita de Melián, que se habrían utilizado para falsificar recetas. “Encima que le hacés las recetas la vieja (…) hacía problema (…)”, le dijo Melián a un hombre en una de las escuchas.
Asimismo, la farmacéutica Acuña mantuvo un encuentro con Zevallos Cóndor, quien se habría apoderado de medicamentos oncológicos de la Clínica Sucre para, posteriormente, venderlos al visitador Britos, Acuña y a Melián, entre otros.
Los investigadores, además, detectaron que Zevallos Cóndor habría obtenido drogas oncológicas (a través de un empleado del Hospital de Clínicas) que habría vendido finalmente a un paciente. También habría facilitado remedios similares a médicos.
Tras supuestamente recibir los fármacos de Zevallos Cóndor, el visitador Britos las habría comercializado a su colega Bonanate (de Roche) y al médico oncólogo Dubersarsky, del Sanatorio Alive. Incluso fue fotografiado cuando ingresaba a Alive a entregar presuntamente medicación a Dubersarsky.
Britos, por su parte, le habría vendido remedios a Alfredo Totaro, quien, a su vez, le habría comercializado a la farmacéutica Acuña, mientras que el médico Capellino habría vendido no sólo a Bonanate sino también a Iris Chiappero (de Farmacia Nueva Córdoba) para su reventa.
Los eslabones de la cadena bajo sospecha habrían sido extensivos al médico Fiori (Hospital Militar). El galeno habría sustraído medicamentos oncológicos del nosocomio para presuntamente aprovisionar al visitador Bonanate.
Él, al igual que su colega Britos, para el fiscal habrían favorecido las maniobras delictivas porque podían entrar y salir de las instituciones médicas con remedios sin tener que dar razones para ello (por ser agentes de propaganda).
