El comisario mayor retirado, Gonzalo Cumplido, imputado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en la causa donde se investiga la muerte a manos de la Policía de Valentino Blas Correas finalmente amplió su declaración este viernes ante el fiscal Anticorrupción de la ciudad de Córdoba Franco Mondino.
Si bien estaba citado para el próximo lunes, de manera sorpresiva Mondino pidió el jueves que se adelantara este trámite judicial, por lo que este viernes Cumplido y su abogado Carlos Nayi fueron hasta el edificio de Tribunales y de manera presencial, pese a las restricciones impuestas para esta semana, se sentaron frente al fiscal.
El pasado 13 de este mes, Cumplido cambió de abogado, dejó el estudio del exfiscal General Darío Vezzaro y contrató los servicios del penalista Carlos Nayi. De inmediato, cambió su estrategia: de haberse abstenido de declarar ante el fiscal apenas fue imputado, ese mismo día pidió poder hablar y contar “su” verdad.
“El estudio del doctor Vezzaro estaba conmigo y ahora va a tomar la defensa el doctor Carlos Nayi, en minutos vamos a hacer el acto oficial de designación. Una estrategia, soy ajeno de todo lo que se me acusa, quiero brindar todo lo que la justicia necesite. Yo hasta el momento no he declarado, me considero bajo una persecuta política policial, voy a poner todo de mi para que esto se esclarezca”, había adelantado ese jueves.
“Estoy padeciendo un complot político policial y usaron a funcionarios judiciales para joderme la vida más de lo que me lo jodieron, pero voy a hacer todo lo que tenga que hacer para defender mi honorabilidad”, reiteró.
“Lo que ordené que se haga y lo que hicieron el comisario inspector (Jorge) Galleguillo y (Walter) Soria (ambos imputados en la causa Blas) fue lo correcto. Debido a ese correcto accionar no se modificó la escena del crimen y hoy el fiscal tiene prácticamente esclarecido el hecho. Nosotros actuamos de correcta manera. Hay personal subalterno que no hizo lo que correspondía. Entiendo que los dos oficiales superiores que se encuentran detenidos no tuvieron nada que ver, hicieron lo correcto”, agregó.
Según pudo reconstruir ahora La Voz, este viernes al sentarse frente al fiscal Mondino, Cumplido reiteró estos dichos. Dijo que él dio directivas por teléfono aquella madrugada y que no fue a la escena del crimen porque a la hora en la que le comunicaron lo sucedido ya estaban trabajando Investigaciones Criminales de la Policía (la división Homicidios) y la Policía Judicial.
Y apuntó hacia arriba: agregó que él se comunicó con su superior en aquel momento, el comisario mayor Gustavo Piva, jefe de Seguridad Capital, que intentó llamar en varias oportunidades al fiscal José Mana, sin lograr que este lo atendiera, y que luego desde Jefatura, tanto el jefe Gustavo Vélez como el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera le ordenaron atender a la prensa por lo sucedido, tras lo cual dijo que fue felicitado por sus superiores.
E indicó que esa madrugada, en su casa, apenas recibió la comunicación de lo sucedido le dio directivas a los comisarios Galleguillo y Soria, quienes le hicieron casos con las tareas de relevamiento solicitadas, “gracias a lo cual hoy la fiscalía tiene las pruebas para reconstruir todo lo que pasó”.
Los jefes que también soportan el cargo de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” son el comisario inspector Galleguillo, el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga y el comisario Walter Eduardo Soria, aunque estos tres tienen además el cargo de “encubrimiento”. Por esta última imputación, ellos continúan bajo la órbita del fiscal Mana.
Además, están imputados, con privación de la libertad, los directamente relacionados con la escena del crimen. Los dos cabos primeros acusados del “homicidio calificado” son Lucas Gómez y Javier Catriel Alarcón. A ellos se les suman como “encubridores” y por “incumplimiento de los deberes de funcionario” el subcomisario Sergio Alejandro González, la agente Wanda Micaela Esquivel (prisión domiciliaria) y la oficial Yamila Florencia Martínez (prisión domiciliaria).
También imputados, pero en libertad, se encuentran el comisario inspector José Antonio Gatica (por encubrimiento agravado), el cabo Leonardo Alejandro Martínez, el cabo Leandro Alexis Quevedo, el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez y el agente Rodrigo Emanuel Toloza (todos estos por falso testimonio).
Además están los tres civiles imputados de “abandono de persona”. Ellos son los empleados del Sanatorio Aconcagua Fernando Casalino, Guadalupe Moya y Andrea Mezzaccapo. Todos están libres, con el reproche de no haber atendido al joven cuando sus amigos llegaron hasta allí y solicitaron auxilio.
Además, por “abuso de autoridad”, en la fiscalía Anticorrupción de Matías Bornancini está imputada la actual titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana María Becerra.
