Ya son cuatro las denuncias penales contra el cabo que está acusado de obtener, sin consentimiento, fotografías y videos de oficiales mujeres de la Policía de Córdoba en el baño del subsuelo de la Jefatura.
A las dos que ya habían trascendido, días atrás se sumó una tercera presentación. Las tres fueron cursadas por el abogado Carlos Nayi en representación de las policías afectadas.
Horas atrás, y por iniciativa propia, otra oficial interpuso una nueva acusación ante la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, a cargo de Franco Pilnik, que reúne todas las actuaciones.
Las cuatro prestaron servicio durante largos años en la dependencia de Medicina Laboral, ubicada en el primer subsuelo del edificio central de la fuerza, sobre avenida Colón al 1254, en la ciudad de Córdoba.
Por el momento, no hay detenidos ni imputados.
El cabo sospechado se encuentra en situación pasiva desde las primeras denuncias internas.
Las fotos y los videos en el celular del cabo
El caso se originó cuando, a fines de julio, una agente denunció haber visto una mano con un celular que asomaba por un hueco en el baño de mujeres del subsuelo.
La propia Policía inició una investigación cuando otras oficiales comenzaron a revelar que también podrían haber sido víctimas. A la par, se realizaron denuncias ante la Unidad Judicial del Polo de la Mujer.
En las últimas horas, este medio pudo confirmar que la Justicia ya acreditó la existencia de material fotográfico y audiovisual aparentemente obtenido en los baños de la Jefatura en el celular del denunciado.
Se trata de imágenes de mujeres policías en situaciones de extrema privacidad, según informaron fuentes con acceso a la causa.
Ahora se llevan a cabo peritajes forenses para determinar si el contenido fue registrado con ese mismo celular y si se tomaron desde el baño contiguo al de mujeres, mediante una abertura camuflada que permitía apuntar la cámara hacia los sanitarios.
El hallazgo se produjo tras los allanamientos en el domicilio del acusado donde, además, se incautaron dos computadoras personales y dispositivos de almacenamiento externos, de acuerdo a la información que aportaron los pesquisas.
Los especialistas del área de Cibercrimen analizan cada uno en busca de más evidencias.
Por el momento, la fiscalía no resolvió si el material será exhibido a las denunciantes, tal como oportunamente lo solicitaron.
En el MPF analizan si una exposición de ese tipo implicaría, o no, una revictimización de las mujeres.
Por eso, en caso de que prospere la solicitud de las oficiales afectadas, se evalúa el modo más seguro de avanzar con esa etapa.
Nayi aseguró que sus representadas viven con profunda angustia: “Las mujeres están devastadas. Temen que las imágenes se hayan difundido o que existan copias. Por eso pedimos que se avance rápido y con firmeza, porque lo que aquí se ha cometido son delitos gravísimos, no simples faltas administrativas”.
Según el letrado, el caso “marca un precedente dentro de la institución policial” y evidencia “una falla estructural de control interno” que permitió que el cabo actuara durante meses sin ser detectado.
El baño donde se obtuvieron las fotos en Jefatura
La Jefatura alberga en su primer subsuelo el área de Medicina Laboral, donde médicos, psicólogos y personal sanitario atienden a los agentes de toda la provincia.
Allí se encuentra el baño que quedó en el centro del escándalo.
Se trata de un sanitario compartimentado, con accesos diferenciados para hombres y mujeres, separados apenas por una pared de ladrillo revestida en azulejos, según pudo conocer este medio.
Debajo de uno de los inodoros del baño de mujeres, los investigadores habrían detectado un hueco irregular, cubierto con goma espuma y restos de material de obra.
Aparentemente, esa hendija servía de conexión con el baño contiguo.
A través de ese espacio de unos pocos centímetros, y siempre según las hipótesis de los pesquisas, se habría introducido el dispositivo de filmación.
La cámara, según los investigadores, se activaba de manera remota o manual, permitiendo registrar imágenes hacia el interior del sanitario femenino.
“Era un punto ciego, un lugar de absoluta vulnerabilidad. El hueco estaba disimulado con materiales que lo hacían casi imperceptible”, explicó una fuente que participó de la inspección ocular.
Para muchas agentes, ese baño era parte de su rutina laboral diaria.
Reclamo de las oficiales
Las denunciantes reclaman que la Justicia califique los hechos como delitos y no como una simple contravención.
Temen que la causa se diluya en el ámbito administrativo y que el responsable reciba una sanción leve.
“Esto no puede quedar en un sumario. Lo que pasó fue un ataque a nuestra intimidad, a nuestra dignidad y a nuestro cuerpo. Nos sentimos expuestas dentro del lugar que debería garantizarnos seguridad”, expresó una de las oficiales que realizó su denuncia penal.
Nayi coincidió: “Estamos ante un abuso sexual gravemente ultrajante, una violación de domicilio y lesiones psíquicas derivadas del shock postraumático. La figura contravencional es inaplicable: no se trata de una falta menor, sino de un delito contra la integridad sexual cometido dentro de la propia fuerza policial”.
En tanto, en la fiscalía se evalúa la acumulación de pruebas para definir la situación procesal del sospechoso.
