Tras la multitudinaria marcha que el domingo recorrió las calles del centro de La Falda, para pedir justicia por el crimen de Jonatan Romo, el fiscal Raúl Ramírez retomó este lunes la investigación para delimitar las responsabilidades de los efectivos policiales que participaron de la detención. Por el caso, cuatro uniformados están presos por supuesto homicidio calificado y otros dos, por encubrimiento agravado.
La autopsia determinó que Romo murió por asfixia mecánica.
Para Luis Galli, abogado de la familia Romo (se presentó como querellante), la muerte de Jonatan “se podría haber evitado si la fiscal Paula Kelm hubiera tomado una decisión más fuerte” contra “efectivos que lo golpearon” en diciembre de 2021.
En aquella oportunidad, según la familia y el letrado, Jonatan terminó con un pulmón perforado y permaneció internado en el hospital San Roque durante varios días.
Los policías que lo custodiaron, según la familia, lo esposaron a la cama del centro de salud.
El letrado remarcó que el objetivo de la querella es que el fiscal impute al exjefe de la Departamental Punilla Norte, Diego Bracamonte, por su supuesta responsabilidad “tanto el primer hecho como en el que terminó con la muerte de Romo”.
Bracamonte fue pasado a retiro por el Ministerio de Seguridad junto al jefe y al subjefe de Recursos Humanos de la Policía. Se les achaca que no inculcaron bien el protocolo sobre detención a personas con crisis.
Galli aseguró que dos de los policías presos ahora estuvieron en el episodio de diciembre pasado.
“Hemos pedido la imputación de Bracamonte”, expresó el abogado y apuntó que está “probada la participación” del alto jefe policial en el hecho de diciembre.
No fue posible obtener la palabra del comisario Bracamonte.
Galli remarcó que Romo tenía brotes psicóticos cada tanto, pero advirtió que llevaba una vida normal.
Denuncia por golpiza
“Tenemos probado que (Bracamonte) participó en la golpiza del 18 de diciembre. Si se hubiera solucionado ese tema, Jonatan estaría vivo”, afirmó Galli y agregó: “El 18 de diciembre Jonatan tuvo otro pico psicótico, cinco policías lo detuvieron y le pegaron para que tenga”.
Para Galli, el hecho de que ninguna fiscalía haya intervenido “en ese hecho de violación de los derechos humanos” fue el precedente del crimen de Romo.
El letrado sostuvo que si se resuelve la primera “golpiza” se llegará a una conclusión más acertada sobre los apremios que terminaron con la muerte de Romo, el 10 de julio.
Qué dijo el fiscal
En contacto con La Voz, el fiscal Ramírez dijo que hasta el momento no hay elementos para ampliar las imputaciones a otros policías.
“Hay cuatro suboficiales que están imputados por homicidio calificado porque son agentes policiales en abuso de sus funciones”, dijo y apuntó: “Hay otros dos imputados por llevar a cabo acciones elusivas del accionar de la Justicia”.
El fiscal afirmó que no se tomaron medidas contra el extitular de la Departamental, Diego Bracamonte. “Por ahora no encontré ningún elemento que lo involucre”, aseveró.
Ramírez señaló que en el hecho de diciembre la fiscal Kelm había pedido “el sobreseimiento de Romo, que había sido acusado de resistencia a la autoridad” y que en aquel caso se decretó su “inimputabilidad” por su condición psiquiátrica.
Defensor de policías niega dolo homicida
El penalista Pedro Despouy Santoro asumió la defensa de tres de los policías presos. Se trata de Hernán Ezequiel Suárez, Juan Pablo Zunino y Manuel Ángel Aguilera.
“Uno de ellos ni siquiera habría estado presente al momento de llevarse a cabo el procedimiento. Estaba en la comisaría”, dijo el abogado.
Añadió que el pasado domingo 10, los policías tuvieron “diálogo” con Romo y sostuvo que “hubo una resistencia” de este a colocarse las esposas. “Al momento del procedimiento, ninguno de los policías advirtió signos ni síntomas compatibles con alguna enfermedad mental que pudiera tener Romo, razón por la cual, luego que fue reducido, fue trasladado a la Comisaría de La Falda. Trayecto en donde nada raro vieron, incluso. Iban conversando con el detenido”, remarcó.
Indicó que no está de acuerdo con la figura de homicidio calificado.
Despouy Santoro aseveró que sus defendidos señalaron que vieron que Romo se descompuso y llamaron al médico en la dependencia.
“Los policías nos explicaron que los cursos de formación o especialización suelen hacerse para rendir los ascensos, pero que no son obligatorios”, añadió el defensor.
Opiniones de los protagonistas del caso
“Queremos justicia por el crimen de mi hermano”
“Dijeron que mi hermano se había resistido a la detención. Pero después se conoció el video que mostraba que no se había resistido y que los policías le habían puesto la rodilla encima. Calculá lo que pesan esos policías que se le tiraron encima y él, drogado, con el corazón a mil (...). Queremos ir hasta el fondo de esto. No sólo por este caso, sino también por otro episodio de maltrato policial que ocurrió en diciembre. (...). Queremos que se investiguen los encubrimientos de la Policía y de la fiscalía, que no hizo nada”.
“Pediremos detenciones del exjefe y más policías”
“El 18 de diciembre, Jonatan tuvo otro pico psicótico, cinco policías lo detuvieron y le pegaron para que tenga. Dos de los que lo golpearon, ahora están presos por el crimen. Jonatan sobrevivió a la primera golpiza, pero a la segunda no. Quiero que se esclarezca el primer hecho, acá están faltando policías por imputar y detener. (...). Ninguna fiscalía actuó siendo que él permaneció esposado en la cama del hospital (...). Pediremos la detención del comisario Diego Bracamonte y un jury para la fiscal Paula Kelm”.
“No se cumplió el protocolo creado”
“Sabemos que no se observaron, ni se llevaron a cabo los protocolos en lo que respecta al uso racional de la fuerza y el protocolo de intervención de fuerzas de seguridad para el traslado de personas con algún tipo de enfermedad de salud mental o bajo algún efecto de estupefacientes (...). Administrativamente, se removió a los que tenían la responsabilidad de la capacitación del protocolo. Por otra parte, está la Justicia investigando. Nuestra función es colaborar con la Justicia y ponernos a disposición”.
“No hubo intención de matar en esa detención”
“Nos sorprende una imputación de semejante envergadura (homicidio calificado) para un hecho que no corresponde que sea así valorado (...). Estamos muy lejos de hablar de un homicidio doloso (...). Los policías lejos están de haber tenido la intención de matar a la pobre víctima (...). Estamos hablando de un hecho fortuito, de una desgracia o en el peor de los casos de un homicidio imprudente por impericia en cuanto al modo de reducir, la técnica que debieron teóricamente haber empleado”.
