Los ocho jóvenes condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa tuvieron un revés judicial en su intento de voltear la causa y pedir la nulidad del caso. Basaron su estrategia de defensa basados en las supuestas irregularidades cometidas en las indagatorias a las que fueron sometidos los acusados apenas ocurrió el crimen, el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell.
Los rugbiers siguen todos juntos detenidos en el penal de Melchor Romero y a la espera de lo que defina la Cámara de Casación Bonaerense en cuanto a que ratifique o no las penas. Cinco de ellos recibieron prisión perpetua.
Con base en esas acusaciones, Tomei inició una denuncia que está a cargo del juez de garantías David Leopoldo Mancinelli. Ahora lo recusó porque convalidó en su momento esas indagatorias, según consideró.
“Si efectivamente hubiera existido tal grado de irregularidades, habría sido necesario declarar la nulidad. Y una vez declarada la nulidad, se abriría la posibilidad de investigar la posible comisión de delitos de acción pública (según la hipótesis presentada por los afectados). Esto claramente tendría un impacto directo en los actos posteriores, como la imposición de la prisión preventiva, lo cual llevaría a otro delito denunciado: la privación ilegal de la libertad”, explicaron los jueces de la Cámara en lo penal de Dolores.
Según los magistrados, dicho “presunto delito ya ha sido abordado y respondido, no solo por parte del Ministerio Público Fiscal en las oportunas vistas, sino también por diversos órganos judiciales, como el juez de garantías, esta misma Sala, instancias superiores y, incluso, el tribunal que llevó a cabo el juicio oral. En este último caso, la nulidad planteada al respecto fue nuevamente desestimada como cuestión preliminar”.
“De este modo, queramos o no, de manera directa o indirecta, la desestimación de la denuncia, referida al hecho (o delito según lo alegado por el recurrente) que debe sustentar el resto de la presentación, ya ha sido examinada y resuelta por diversos órganos judiciales. Se ha establecido la plena validez de las declaraciones que, según el criterio del apelante, habrían sido falsificadas. Esto implica, reitero, que este asunto ha sido objeto de análisis, evaluación y decisión por parte de la jurisdicción”, agregaron los jueces.
En consecuencia, se rechazó la recusación del juez y, en la sentencia, los jueces desestiman los fundamentos de la defensa en relación a la existencia de un delito al inicio del caso, lo cual podría poner en peligro el resto del proceso, incluyendo las condenas.
