A medida que sigue avanzando la investigación judicial, el country Las Delicias –ubicado en el límite oeste de la ciudad de Córdoba– sigue generando noticias sin precedentes en relación con el resto de los barrios cerrados del país. El pasado viernes, el fiscal Andrés Godoy firmó una serie de decretos, dos de los cuales disponen la “intervención total” de la administración por parte de tres peritos contadores judiciales y el desplazamiento de los vecinos que venían ejerciendo esa tarea.
La medida de Godoy dispuesta por al menos un año, renovable si hiciera falta, se produce luego de que los miembros de la actual administración –así como los de la anterior, que cumplió funciones hasta 2023– fueran imputados, con leve sospecha, por presunta defraudación por administración fraudulenta.
Antes de este paso, el interventor judicial designado, Walter Sans, quien cumplía sus funciones “junto” con los administradores naturales, había renunciado en octubre por falta de colaboración y ocultamiento de información, según expresó en su dimisión. Sans había sido designado a partir de la decisión de mayo pasado de la Cámara de Acusación de Córdoba, que confirmó la intervención del country.
También, de parte de defensores, hubo pedidos de nulidad a lo que venía actuando Godoy y había iniciado su par Horacio Vázquez, antecesor de la causa. Pero la jueza de Control María Celeste Ferreyra rechazó esos recursos la semana pasada.
Esto pareció obrar de estímulo a los “cinco o seis decretos” que Godoy firmó el viernes, entre los cuales en uno dispone la intervención judicial de tres peritos contadores de la plantilla de inscriptos en el Poder Judicial y en otro los designa: Miguel Ángel Leiguarda, Germán Pablo Gallo y Laura Beatriz Sosa.
Los tres deben presentarse en las próximas horas para aceptar y jurar el cargo. El fiscal sostiene que tienen “facultades de dirección, gobierno, control, información y administración, desplazando provisionalmente a los administradores” del country Las Delicias.
Se ocuparán de estas funciones por el término de un año y tomarán sus decisiones “mediante voto mayoritario entre sus tres integrantes”.
En sus consideraciones, Godoy sostiene que “la medida cautelar ordenada” es para “evitar las consecuencias ulteriores del posible delito que se está investigando”.
A pesar del hermetismo que reina en esta causa, fuentes allegadas a la investigación indican que el propósito del fiscal es reunir información y realizar una “buena pericia” con peritos de control, tendiente a establecer si hay perjuicio patrimonial y, eventualmente, considerar si hubo delitos por parte de la administración.
Los imputados
Mientras tanto, se sostienen las imputaciones –a tenor del artículo 306 último párrafo del Código Procesal Penal cordobés– por presunta “defraudación por administración fraudulenta” a Jorge Osvaldo Lerda, Pablo Dolci (presidente y vice del directorio que estuvo en funciones hasta 2023), Verónica del Carmen Scarlatta, Ivonne Mariel Hernandorena (presidenta y vice de la conducción ahora desplazada), Oscar Bonangelino (pareja de Hernandorena) y Daniel Ramos (estos dos últimos, miembros de la comisión de Seguridad del country).
Esta “intervención total” a cargo de tres contadores judiciales se debe a que fracasó la coadministración que se había dispuesto anteriormente con la puesta en funciones de Sans a fines de junio. La renuncia de este perito tiene su reflejo en una de las últimas resoluciones del pasado viernes.
Godoy cita a Sans indicando que pidió “la intervención total y absoluta del directorio de Las Delicias SA que administra el country”, por lo que en el mismo acto renunció como “coadministrador”.
El fiscal reproduce lo que dio Sans como motivos de su dimisión y señala que hubo “una deficiente información brindada por la SA; retaceada en algunos casos (tareas y movimientos financieros de la sociedad, contratos con empresas de seguridad Prosegur y El Legado, su forma de pago) y denegada en otros (movimientos bancarios, fondo de inversión, rendición de cuentas de eventos del Club Hípico)”.
Dice el expediente que estas “circunstancias” le “habrían ocasionado al contador Sans un entorpecimiento permanente en el ejercicio de sus funciones, que le habrían impedido cumplir sus tareas con eficacia”, por lo que el perito informó a comienzos de noviembre que “no iba a poder ejercer la función de coadministrador”.
Se cita textualmente de Sans al hablar de sus motivaciones: “He sufrido muchos problemas psíquicos y trastornos de salud por trabajar en esas condiciones y con esas personas”.
La denuncia
Toda esta situación viene de una disputa de frentistas del barrio cerrado que confrontan con el manejo de fondos que realizan los administradores. En los últimos años, se produjo un enfrentamiento entre un grupo de vecinos (propietarios) y quienes están a cargo del consorcio de administración. Los primeros denuncian irregularidades en el manejo económico, se quejan del déficit en las cuentas y de presuntas irregularidades, como que habrían sufrido “espionaje interno”.
Además de cuestionar el manejo de las cuentas del barrio cerrado, los vecinos denunciantes se quejaron porque la comisión de Seguridad tenía responsabilidades en el seguimiento y el espionaje que ellos habrían sufrido.
Las primeras denuncias fueron tomadas por el fiscal Vázquez, quien se apartó en noviembre. Actualmente, la causa está a cargo de Godoy, quien acaba de disponer la intervención total del primer barrio cerrado de Córdoba.
