En la segunda mitad de 2023, cuando finalizaba un ciclo político y todo estaba listo para el recambio gubernamental, estallaron en la provincia dos escándalos que involucran a dos de las tres fuerzas de seguridad cordobesas: la Policía de la Provincia, con su Dirección de Bomberos, y el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), con negocios en varios de los establecimientos carcelarios.
Sólo quedó excluida de tener profundamente enquistadas zonas de corrupción en sus estructuras la más joven de esas instituciones, la Fuerza Provincial Antinarcotráfico (FPA), que en sus pocos años de vida no ha tenido graves novedades al respecto.
La causa “Bomberos SA” tiene un sinnúmero de líneas de investigación, cuyos responsables todavía no alcanzan a dimensionar sus límites. Hasta hace poco, se hablaba de una decena de vetas de corrupción; luego se mencionó 21 líneas de diferentes irregularidades, y en la actualidad se estaría aproximando a las tres decenas de formas diferentes de succionar dineros ilegales con habilitaciones de negocios, empresas, boliches, licencias de conducir y tantas otras tramitaciones articuladas con la Municipalidad de Córdoba.
La corrupción en el SPC también explotaba, al parecer, una interminable serie de “quioscos” para extraer dinero ilegal a partir de las “necesidades” de los presos, fueran ilegales o lo que por derecho les corresponde. Esta semana que pasó, a partir del dictado de la prisión preventiva a la cúpula saliente de la institución que permanece detenida, se conoció un tarifario sobre lo que “costaba” al preso recibir diferentes favores, cada uno con un precio distinto y en todos los casos muy elevado.
En ambas instituciones, Bomberos y SPC, cayeron sus jefes y organizadores, aquellos “intocables” que durante años fueron máximas autoridades de esa fuerza de seguridad. Los instructores –los fiscales Guillermo González y Enrique Gavier– se metieron con “vacas sagradas” que durante años fueron amos y señores de extensas tropas de efectivos: el comisario general Gustavo Folli Pedetta, quien de Bomberos llegó a subjefe de Policía, y Juan María Bouvier, el hombre fuerte de todas las cárceles de la provincia, quien durante tres lustros se movió sin restricciones.
Desde el Ejecutivo provincial y desde el municipal capitalino, vienen moviéndose para hacer frente al enraizamiento de las estructuras de corrupción en dos de las fuerzas de seguridad cordobesas. Desde la Justicia, destacan la colaboración del poder político. En el SPC, desplazaron de inmediato a la cúpula y reemplazaron a las autoridades, además de nombrar una intervención para normalizar la situación. También se menciona que la comuna capitalina puso a disposición de la investigación de Bomberos toda la prueba que puede haber en el Palacio 6 de Julio y en las sedes satélite.
Como rumor de fondo, queda por dilucidar si las responsabilidades frente a esta corrupción enquistada en estas fuerzas de seguridad exceden a las máximas autoridades ya detenidas y procesadas. En otros términos, la pregunta es si el largo brazo de la Justicia puede alcanzar a algún funcionario político.
