“El foco de la corrupción es el de los agentes del Servicio Penitenciario” de Córdoba (SPC), aclaran los investigadores y se refieren al descontrol que existe muros adentro de las cárceles de la provincia. En la causa que estalló a comienzos de setiembre, con la detención de Sergio Alejandro Guzmán, uno de los subdirectores del Establecimiento Padre Lucchese, de Bouwer, la preocupación es el aceitado mecanismo que él comandaba en ese penal y en los otros presidios que también se había desempeñado, como la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) y el de Cruz del Eje, donde fue director.
Tras los procedimientos que se realizaron el pasado jueves en la Dirección General del SPC, en barrio Nueva Córdoba, quedó detenido el exdirector de Seguridad de la fuerza, Darío José Tello Pajón. Relacionado en la causa con Guzmán, con él son dos los funcionarios carcelarios que están detenidos e imputados como miembros de esta asociación ilícita.
En los últimos tres meses generó preocupación la inclusión de tres abogados penalistas en la estructura de esa asociación, más dos particulares que actuarían como “valijeros” o “gestores” o “nexo” entre Guzmán y los presos y sus familiares, para exigirles el pago de dinero o bienes a cambio de “favores” para los internos.
A Guzmán se le imputan una serie de delitos que complican su situación por la cantidad y la gravedad de las figuras penales: “asociación ilícita”, dos hechos de “extorsión” a internos, un hecho de “privación ilegítima de la libertad” de un recluso y la “tenencia ilegal de (dos) armas de fuego”.
Se señala que, entre otras actividades como líder de la organización, el jefe penitenciario exigía dinero o dádivas a cambio de diversos favores, concesiones en las restricciones, permisos, informes favorables y hasta progresos en las fases de los reclusos a su cargo.
Se indica en la instrucción que mientras sacrificaba la seguridad en el presidio, al hacer concesiones a los presos permitía la conformación de un “cogobierno” en el establecimiento. Ese mando a cargo de “los plumas” (líderes de los pabellones) permitía la conformación de bandas para cometer delitos (en especial estafas telefónicas) o continuar las ya existentes, todo a pesar de las sanciones o las directivas que llegaban desde la Justicia.
Gestores
Oscar Salas es el exempleado del Ministerio de Seguridad que algunos apuntan como un “ñoqui” que se movía con muy buenos contactos entre detenidos y sus familiares. Apuntado como “valijero”, los investigadores lo nombran como el recaudador de esas dádivas o el pago de emolumentos a Guzmán. Ejecutaba las directivas del subdirector de Bouwer -sostienen en la causa- y lo representaba ante quienes este le indicaba, particularmente con los familiares de los reclusos.
También se dice que Salas le “hacía propaganda” a Guzmán, como la persona que iba a favorecer a los internos si sus familiares lo “contrataban”. Se lo acusa de “acciones convergentes que no se pueden dar unas sin las otras y sin acuerdo previo”, según comentaron quienes están en contacto con el expediente.
Aldo Florencio Campos es el otro “particular” detenido que también actuaba como tramitador de Guzmán. Por tener un sobrino detenido, este metalúrgico se inmiscuía entre los internos para ofrecer los “beneficios” que podía gestionar el jefe penitenciario.
La causa asegura que Campos también tomaba contacto con los “abogados consortes” de la asociación para que estos asumieran las defensas, por lo que también es considerado un “proveedor de clientes” a favor de los letrados.
Sobrino condenado
Al consultar el archivo de notas de La Voz, se encuentran algunas sorpresas. ¿Quién es el sobrino de Campos que fue condenado? Nada menos que el casi homónimo Aldo Rubén Campos Reinoso, que está cumpliendo una condena de 15 años de prisión por un asesinato: por celos, fue a buscar y mató a otro hombre de un disparo en la cabeza, en Villa Carlos Paz.
Pero la historia no termina allí. En 2019, mientras estaba alojado en “uno” de los “pabellones VIP” de Bouwer casi comete otro homicidio. Por una bronca similar a la que tuvo en Carlos Paz, se enfrentó al también detenido empresario y agente de bolsa Gustavo Oscar “Chueca” Trebucq (de la causa Torres del Río), a quien le prometió matarlo mientras estaban haciendo labores en la huerta del penal.
Poco después, el corpulento Campos tomó del cuello a Trebucq, lo metió en una celda y trató de degollarlo con un trozo de vidrio de un espejo. Providencialmente, el interno Sergio Barrionuevo logró salvar a Trebucq.
En su momento, el juez de Control José Milton Peralta llegó a la conclusión de que “la falta de consumación del homicidio de Trebucq fue consecuencia de la intervención del interno Barrionuevo, lo que constituyó una circunstancia ajena a la voluntad del imputado que le impidió consumar el hecho”. En otras palabras, si no intervenía el otro recluso, hoy Trebucq estaría muerto.
Los abogados
Volviendo a la participación de los otros “miembros” de la asociación liderada por Guzmán, están los tres abogados. A Alfredo Ciocca, se le adjudica haber negociado un pedido de su “amigo” Guzmán con un recluso de Cruz del Eje, para darle un certificado de avance en su tratamiento, pero como salió “mal” el trámite, hubo que devolver el dinero a los familiares.
Con Julio César Páez, Guzmán tenía “trato directo” para que siguiera sus directivas e hiciera gestiones con familiares de presos. La causa dice que Páez acordaba con el jefe penitenciario cuánto iban a cobrar y luego distribuían el ingreso, a veces con participación de Campos. Guzmán, a su vez, le “proveía” clientes a este abogado, dicen las actuaciones.
Páez y Guzmán están involucrados en la “privación ilegítima de la libertad” de un recluso que en la UCA ya tenía orden judicial de ser liberado. Se indica que Guzmán le “avisó” a Páez que el cliente iba a salir, pero el abogado le habría dicho que iba a sacarle dinero a la familia. Las constancias señalan que demoró varias horas en producirse el recupero de la libertad.
Guzmán y Salas también están implicados en un el supuesto pedido de dinero para el progreso de otro recluso de Cruz del Eje. El “valijero” era el destinatario de la recompensa pedida: 60 mil pesos y un asado para 10 personas. Hay constancias de que ese preso terminó yendo a la granja, donde había pedido ir y donde las recomendaciones no lo sugerían.
De Gustavo Murga no se conocen constancias en la causa, si bien se le reprocha formar parte del grupo desde 2021 y alguna conducta similar a la de sus colegas.
Villa María SA
Una célula aparte funcionaba en Villa María, donde fueron detenidos los tres máximos jefes de esa cárcel, además de los miembros del call center “tumbero”, entre siete reclusos y 11 particulares que actuaban desde afuera para consumar las estafas telefónicas.
Esos tres jefes -que con Guzmán y Tello Pajón completan cinco penitenciarios detenidos- son el director de ese Establecimiento Penitenciario N° 5, Andrés Américo Aciar; el subjefe de Operaciones de ese presidio, Edgar Ezequiel Arroyo; y el jefe de Seguridad, Néstor Gómez.
Aquí se habla de dos asociaciones ilícitas, la que conformaban los guardiacárceles jefes y la de los reclusos que formaban a piacere centros telefónicos para llamar a todo el país y estafar a incautos ciudadanos.
Los funcionarios, percibían dinero para dejar pasar teléfonos que en su momento costaban 100 mil pesos por un “peaje” de entre 300 mil y 500 mil pesos. Pero, también, “liberaban zonas” para que los reclusos delinquieran con total tranquilidad, sin molestias, y poder así cometer los engaños telefónicos.
