El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes condenó a cuatro años de prisión al exsecretario judicial Pablo Carlos Molina por haber ordenado la intervención ilegal de las líneas telefónicas de su esposa y de un presunto amante, en el marco de una investigación por narcotráfico, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
La sentencia fue dictada por los jueces Juan Manuel Moreira, Fabián Cardozo y Jorge Gallino, quienes también impusieron a Molina la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 5 de agosto.
Durante el juicio, el fiscal general Carlos Schaefer y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona, habían solicitado cinco años de prisión al considerar que el acusado incurrió en los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica.
Una maniobra para espiar por celos
Según reconstruyó el MPF, el 11 de septiembre de 2014, Molina, entonces secretario a cargo de la Secretaría Penal N° 2 del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, firmó un oficio judicial —también rubricado por el exjuez federal Carlos Soto Dávila— en el que solicitaba a la Side la intervención por 30 días de dos líneas telefónicas supuestamente vinculadas a una causa por narcotráfico.
Sin embargo, se comprobó posteriormente que los números correspondían a la esposa de Molina y a un hombre cercano a ella, con quien el acusado sospechaba que mantenía una relación sentimental.
Entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de ese año, se grabaron numerosas comunicaciones, muchas de ellas con el propio Molina profiriendo insultos y amenazas.
El descubrimiento del espionaje ocurrió en marzo de 2019, cuando personal judicial halló 28 discos compactos con las grabaciones, durante un relevamiento de efectos. Ante las amenazas detectadas en el contenido de las llamadas, el tribunal se declaró incompetente y remitió ese tramo del expediente a la justicia ordinaria del Chaco, donde residen la víctima y el imputado.
Otras causas por corrupción
En el momento en que se descubrieron los hechos, Molina ya había sido apartado del cargo por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, debido a su implicación en otra causa por corrupción judicial.
En abril pasado, fue procesado por el Juzgado Federal N°2 de Formosa junto al exjuez Soto Dávila y otros exfuncionarios judiciales, acusados de restituir vehículos secuestrados en causas por lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
Soto Dávila, que renunció a su cargo tras ser procesado, también fue acusado junto a Molina y a otro secretario penal, Alberto Federico Grau, de integrar una asociación ilícita con varios abogados de la matrícula que operaba dentro del Juzgado Federal N° 1.
