En pocos días, el jurado popular establecido en la Cámara 11ª del Crimen de Córdoba definirá la situación del acusado, el suboficial Mariano Martínez, quien es juzgado por segunda vez por el disparo que le realizó en 2014 a Damián Pérez. El joven escapaba de un control policial y quedó dejó cuadripléjico, en silla de ruedas.
En un primer juicio, Martínez fue absuelto en 2019, pero el Tribunal Superior de Justicia anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio. Pero antes de comenzar el segundo debate ocurrió algo inesperado: Pérez falleció como consecuencia de infecciones ocasionadas por las escaras que le provocó estar sentado en la silla de ruedas.
Este segundo juicio comenzó hace pocas semanas y se produjo un interesante duelo de peritos, si bien parece haberse impuesto la postura del perito de parte de la defensa, Ricardo Cacciaguerra, quien puso en evidencia algunos aspectos fortuitos que derivaron en la muerte. Al parecer, las infecciones fueron provocadas por la falta de cuidados de Pérez con relación a su falta de higiene, de agua potable en su casa, de ser reacio a concurrir a un centro asistencial para hacerse curaciones, a su desánimo y a conductas adictivas.
Al comenzar el segundo juicio, el fiscal de Cámara Marcelo Sicardi añadió a la posibilidad de un homicidio el hecho de que se había plantado un arma al lado de la víctima.
Por eso, se inició el debate con jurado popular para analizar la posibilidad de un homicidio calificado con el ingrediente de un “gatillo fácil” por la presunta presencia de un arma plantada.
El tribunal técnico está integrado por Horacio Carranza (presidente), Susana Frascaroli y Gabriela Rojas Moresi.
El hecho
A las 18.15 del 12 de julio de 2014, en la esquina de Emilio Achával y Venus, barrio Bella Vista, un grupo de policías detuvo un Fiat Uno blanco donde iban tres jóvenes luego de una persecución.
Los jóvenes Augusto Aliendro y los hermanos Alexis Pérez y Damián Pérez fueron descendidos y palpados de armas.
Según las primeras actuaciones, uno de los uniformados advirtió que Damián Pérez tenía un bulto entre sus ropas y pidió que exhiba qué tenía. El joven huyó y, en la persecución consiguió entrar a una casa donde se celebraban un cumpleaños.
Minutos después, se sumaron a la búsqueda otros móviles policiales, en uno de los cuales iba el agente Mariano Martínez junto al comisario Rodolfo Ayala. Ambos vieron correr a Pérez en la intersección de Figueroa Alcorta (la Cañada) y Venus.
Pérez se lanzó a la Cañada, perseguido por Martínez.
La primera acusación indica que Pérez -con antecedentes policiales y una condena- se dio vuelta y apuntó a Martínez con un arma. El suboficial le hizo dos disparos, uno de los cuales le dio en la espalda. Lesionada la médula espinal, quedó sin movilidad en ambas piernas.
Peritaje clave
En el nuevo juicio, el criminólogo cordobés Federico Baudino sostuvo que “hubo una ausencia de elementos técnico-objetivos y necesarios para llevar adelante este tipo de peritajes”. “La comunicad científica y jurídica -continuó- le exige a los peritos tener métodos científicos comprobables y aprobados por la comunidad”.
“Nosotros estamos acá ante un homicidio calificado con cadena perpetua y no tenemos un orificio de entrada que se podría haber obtenido” y añadió que “los encargados de hacer estos peritajes de reconstrucción virtual no son balísticos, no son físico-mecánicos, no son médicos”. Añadió que debe haber un protocolo de trabajo que en este caso no se cumplió. Concluyó: “La base del trabajo nuestro es trabajar con prueba técnica objetiva”.
Todo esto lo pronunció a partir de una cuestión difícil de revertir: el día del hecho, la Policía Judicial no fue al lugar de los hechos, por lo cual no existe prueba técnica, planimetría, fotografía, rastros de sangre, orificio de entrada de la víctima, estudio del proyectil”, según apuntó Baudino.
Alegatos
Tras la exposición de la prueba y los peritos, llegó el turno de los alegatos: el fiscal Sicardi declinó su pretensión de acusar a Martínez por homicidio.
En lugar de prisión perpetua, solicitó seis años de prisión por “lesiones gravísimas agravadas por el empleo de arma de fuego y por abuso de sus funciones”.
El fiscal consideró que el policía actuó con dolo eventual, entendiendo que “en las circunstancias del caso, Martínez se representó seriamente que efectuar un disparo con su arma, no era la medida adecuada para lograr la aprehensión de Damián Pérez y aún asi disparó”.
Agregó que Pérez “no estaba siendo perseguido por haber cometido delito de gravedad, ni efectuó accionar alguno que pusiera en riesgo el patrimonio o la vida del policía o de terceros”.
En su alegato, el acusador afirmó que la víctima no estaba armada y agregó que el arma secuestrada en el lugar, había sido “plantada por la policía” para argumentar falsamente una legítima defensa.
En distinto modo se pronunció el defensor Hugo Luna, quien asiste a Martínez junto con Nicolás Moyano.
El alegato destacó la opinión de Cacciaguerra que quitó relación causal a la muerte de Pérez con el disparo efectuado ocho años antes. Luna agregó que en el primer juicio Pérez y su defensa nada dijeron de un arma plantada. Por esto, la defensa pidió la absolución.
El querellante por la familia de Pérez, Nicolás Turturro, sorprendió en su alegato porque midió una distancia de 15 metros en la sala mayor de audiencias, trayecto que cubrió arrastrándose para demostrar que era imposible que el herido Pérez se haya arrastrado esa distancia, la misma a la que fue hallada el arma.
Finalmente, pidió perpetua para el acusado y un resarcimiento civil de 87 millones de pesos que debería pagar la Provincia.
El defensor por el Estado cordobés, Pedro Sacone, descalificó los argumentos del reclamo civil e indicó que no puede reclamarse “daño emergente” y “lucro cesante” cuando Pérez tuvo un recorrido delictivo a lo largo de su vida.
