Crímenes en el marco de asaltos. Víctimas baleadas en violentos robos callejeros. Choques de tránsito protagonizados por ladrones en fuga, que terminan con gravísimas consecuencias. Una imparable sucesión de asaltos armados a familias, robos a comercios y arrebatos en distintas barriadas. En paralelo, la queja constante en numerosos barrios donde se asegura que no se ve a la Policía y que, cuando esta aparece, ya es tarde.
En ese marco, una preocupante reiteración de casos de algunos vecinos que se enfrentan armados a delincuentes y otros que empezaron a formar patrullas civiles barriales, con el riesgo que eso implica.
2023 viene siendo otro año complejo en materia de inseguridad en la provincia de Córdoba, principalmente en Capital. Las autoridades ya reconocen lo que en numerosos barrios se sabe y se padece: el delito ha recrudecido.
La preocupación es mayor porque se está por ingresar a la recta final del año, una época que históricamente siempre es compleja.
Las cifras sobre el aumento del delito están en manos de las autoridades provinciales; sin embargo, todavía no fueron dadas a conocer por el Observatorio del Delitos. Históricamente, y desde hace años en informes semestrales, el Observatorio brindó las tasas delictivas. Este año, eso aún no sucedió.
En los principales despachos políticos y policiales, al tiempo que se tiene conocimiento sobre el aumento de los índices delictivos, hay inquietud por los movimientos de funcionarios que habrá a fin de año.
Todo indica que el gobernador electo Martín Llaryora tendrá al concejal opositor Juan Pablo Quinteros en el área de Seguridad, posiblemente en reemplazo de Julián López.
En ese marco, las miradas también están puestas en lo que va a pasar con Claudio Stampalija y con Liliana Zárate Belletti, responsables de la Secretaría de Seguridad y de la Policía provincial, respectivamente.
Desde ámbitos oficiales, no hay confirmaciones respecto de si ambos siguen en la gestión 2023/2027.
Días atrás, las principales autoridades fueron vistas juntas en un acto oficial de entrega de patrulleros.
Movidas y tensiones
Desde hace semanas corren la incertidumbre y las especulaciones en la Jefatura de Policía.
En la fuerza de seguridad, se avizoran movimientos de peso para diciembre, cuando asuma Llaryora.
Así como no hay confirmación sobre si continuará Stampalija (el consultor externo devenido en secretario con un plan importado sin éxito desde Colombia), tampoco hay certezas sobre Liliana Zárate Belletti y Ariel Lecler, jefa y subjefe de la Policía.
Algunas versiones señalan que la jefa entiende que hay “un ciclo cumplido”, pero al mismo tiempo, con el carácter que la identifica, sigue trabajando y armando proyectos con sus laderos y laderas. En diciembre presentará unos 900 nuevos policías.
Volviendo a la cartera de Seguridad, Quinteros arribaría con un equipo nuevo de trabajo. Junto con él estaría el exlegislador Emilio Graglia, quien trabaja en un plan.
Pese a las versiones, el excomisario Miguel Robles, quien supo trabajar en la Policía cordobesa, en la Policía Judicial y hasta en la Nación (bajo el ala de Nilda Garré durante la segunda presidencia de Cristina Fernández), no será de la partida.
Robles es consultor y no quiere saber nada con la Policía. Tiene vínculos con Soledad Laciar (mamá de Blas Correas) y con Quinteros. Pero no desembarcará con Llaryora, dijeron desde su entorno.
En Jefatura de Policía saben que se vienen tiempos de cambio y los principales responsables se marcharían.
Y la ecuación ha vuelto a darse: cada vez que se vislumbran partidas o enroques, hay agitación interna de quienes se creen candidateables.
¿Recambios?
Con 35 años de carrera sobre sus espaldas, Zárate se convirtió en la primera jefa de Policía en toda la historia de Córdoba y hasta de la Argentina.
Asumió en un momento crítico: fue a fines de octubre de 2020, luego de los casos de “gatillo fácil” contra Blas Correas y Joaquín Paredes.
La comisaria reemplazó a Gustavo Vélez, un cuestionado comisario que se fue con severas críticas internas. Zárate arribó al puesto de mandamás con la venia del entonces ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, hoy imputado por supuesta violencia de género e investigado en un desglose de la causa Blas. También Alejandra Vigo fue clave para su nombramiento.
Zárate, por cierto, fue además enviada a investigar en ese desglose de la causa Blas Correas.
Si Zárate y su ladero Lecler (un Eter) se marchan, se irá también parte del Estado Mayor: algunos, por antigüedad; otros, porque desean disfrutar de la vida familiar; otros, directamente por hastío.
Hay un histórico problema en la Policía: por una cuestión de jerarquías y antigüedades, no pueden llegar a los cargos más altos aquellos que aún no cuentan con trayectoria, sobre todo si arriba tienen a alguien de más años y “peso”. De todos modos, todo siempre al final es decisión del gobernador.
Las versiones arrecian. Zárate y equipo entienden que se van. De todos modos, nada está dicho si desde el Panal les piden que se queden.
De activarse el cambio, también hay versiones insistentes: algunas dan cuenta de que el remplazo vendrá del interior (¿de San Francisco o de la Departamental Norte?); otras señalan que el sucesor saldría del riñón de la actual gestión. ¿Un comisario retirado a cargo? Es difícil, pero no imposible.
A todo esto, hay jefes que saben que tienen las horas contadas en sus cargos.
Zárate llegó a la Jefatura con una misión. Juan Schiaretti le había encomendado trabajo, lealtad y nada de problemas de los policías. No quería un nuevo “gatillo fácil”.
La comisaria puso su gente, eligió bien a la mayoría (otros les fueron impuestos) y, junto con Mosquera, trabajó en tres pilares fundamentales: (re)enseñar a los policías a usar las armas (se elaboró un protocolo); hizo estudiar más tiempo a los suboficiales (de 14 meses se pasó a una capacitación de tres años), e hizo hincapié en el trabajo preventivo basado en las cámaras de seguridad.
Sin embargo, tuvo los dos problemas que todos enfrentan: inseguridad creciente y malos uniformados que se terminan involucrando en hechos delictivos.
