Avanza a paso firme la investigación judicial por la muerte de Jonatan Romo, un caso que para la Justicia, por ahora, es un homicidio policial.
Jonatan era un joven con problemas de adicción a drogas que sufrió un brote psicótico el pasado 10 de julio en un comercio de la ciudad de La Falda, en el valle de Punilla.
Acudieron patrullas con uniformados y Jonatan fue detenido de manera violenta, cuando los protocolos indican otra cosa. Fue trasladado a la Comisaría de La Falda y, al cabo de pocos minutos, murió.
La investigación del fiscal Raúl Ramírez permitió determinar que Jonatan fue víctima de una asfixia mecánica, además de haber sufrido golpes.
La violencia policial, según el fiscal, tuvieron dos momentos: 1) cuando fue detenido en la calle y 2) ya en la comisaría y antes de entrar a la celda.
Mentir para desviar
Como si lo anterior no hubiera sido lo suficientemente grave, según la causa, se mintió para intentar desviar la investigación.
En el libro de guardia quedó escrito que el muchacho se había descompuesto y no se dieron más precisiones.
Detenciones
Así las cosas, y en medio de un temblor policial que llegó hasta la propia Jefatura y que terminó con purgas, la fiscalía detuvo a seis policías.
Por presunto homicidio calificado quedaron presos: el sargento Miguel Ángel Aguilera, el cabo Juan Pablo Zunino, el cabo Hernán Suárez y el sargento Walter Geri.
En tanto, por presunto encubrimiento agravado quedaron presos: el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Giménez.
Todos fueron indagados y negaron las acusaciones en su contra.
Algunos dieron sus propias versiones de lo sucedido y negaron haber matado.
Ahora, prisiones preventivas
En las últimas horas, el fiscal Ramírez ordenó las prisiones preventivas para los seis acusados.
Esto significa que seguirán detenidos, mientras avanza la causa.
¿Por qué seguirán detenidos?
¿Hay riesgo de fuga?
No.
En la fiscalía señalaron que hay “riesgo procesal”.
¿Qué significa el “riesgo procesal” en una causa? Básicamente que, al quedar en libertad, un acusado pueda borrar pruebas, alterar escenarios, amedrentar testigos o convencer para que digan otra cosa.
Purgas, protocolo y choques
En el marco de la purga que generó el caso Romo, fueron pasados a retiro jefes policiales, entre los que sobresalía el comisario mayor Julio Faría, por entonces responsable de la formación de las y los uniformados. Era jefe de Recursos Humanos.
Tras ser apartado, Faría denunció serias falencias en la formación del cuerpo policial y mantuvo fuertes cruces con las autoridades.
Las autoridades justificaron su retiro en que no fue bien difundido el protocolo policial que impide detener y llevar a una comisaría a una persona con brotes psicóticos.
Al ser indagados, varios de los policías acusados dijeron que desconocían ese protocolo.
