Eduardo Santiago Caeiro, el asesor letrado investigado por presuntas irregularidades en concursos del Poder Judicial de Córdoba, presentó su renuncia, la cual se hará efectiva a partir de octubre. La decisión fue puesta a disposición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Poder Ejecutivo Provincial, quienes deberán determinar los próximos pasos.
Caeiro está imputado por el delito de violación de secretos, acusado de haber filtrado preguntas de exámenes a concursantes cercanos a él. Esta situación puso en el ojo de la tormenta la transparencia de los concursos públicos para el acceso a cargos en el Poder Judicial de Córdoba, una herramienta central en este proceso.
El origen de la denuncia y la investigación en curso
El caso se remonta a noviembre de 2024, cuando el gremio de empleados judiciales (AGEPJ) denunció supuestas maniobras fraudulentas en un concurso convocado para cubrir cargos de auxiliares colaboradores de la defensa pública. La sospecha principal recae en Caeiro, quien, en su rol de responsable, habría proporcionado las preguntas de los exámenes a postulantes específicos.
La denuncia activó tanto un sumario administrativo dentro del TSJ como una investigación penal. En abril de este año, el fiscal Enrique Gavier solicitó la imputación de Caeiro. Además del exfuncionario, están acusadas cuatro concursantes que presuntamente se habrían beneficiado de estas filtraciones: Mariana Lorenzatti, Paz María Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani y Ana Martha Ruiz Tamagnini.
AGEPJ insiste en la investigación penal
Desde el gremio AGEPJ, se destacó que la renuncia de Caeiro “no implica el cierre de la causa”. En un comunicado, señalaron: “Todas nuestras acciones fueron en defensa del sistema público de concursos, que debe garantizar igualdad y transparencia en el acceso a los cargos”. Asimismo, instaron a la Justicia a avanzar con la investigación penal para determinar todas las responsabilidades.
El expediente avanzó con la toma de declaraciones testimoniales y la presentación de planteos defensivos. En agosto, el Juzgado de Control rechazó los pedidos de atipicidad de las defensas de Caeiro y Sonzini Astudillo, argumentando que eran prematuros y debían resolverse en una etapa posterior del proceso. Esta decisión ratificó la continuidad de la investigación.
Impacto institucional y sospechas adicionales
La situación generó un fuerte impacto institucional, al poner bajo la lupa la credibilidad de los concursos. Además, la investigación penal reveló sospechas sobre posibles irregularidades en otros concursos del Poder Judicial.
Testimonios recabados sugieren maniobras similares en diferentes procesos de selección, lo que encendió las alarmas en el ámbito judicial de la provincia.
