La historia de la mafia de los taxis, aquella organización delictiva que operaba contra propios trabajadores del volante en el aeropuerto Ambrosio Taravella de Córdoba Capital, volvió a tener un nuevo capítulo en la Justicia provincial.
Uno de los integrantes de este grupo delictivo, quien estuvo prófugo durante años mientras sus camaradas eran condenados y que luego fue atrapado, terminó admitiendo todo ante un tribunal cordobés.
Sergio Orlando Tapia fue finalmente sentenciado recientemente a la pena de tres años de prisión efectivo por los delitos de asociación ilícita, amenazas, lesiones leves reiteradas y daño. El fallo fue dictado por la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba, en el marco de un juicio abreviado.
Desde la Cárcel de Bouwer, donde se encuentra alojado, y a través del sistema de video llamada, Tapia admitió todo y se mostró arrepentido, tras lo cual se le notificó la condena, confirmaron fuentes judiciales.
Además, el tribunal lo inhabilitó para manejar cualquier tipo de vehículos durante seis años.
Por la mafia de los taxis suman 11 los conductores condenados a penas de prisión efectiva. Varios ya recuperaron la libertad.
A puro apriete
La mafia de los taxis, según lo corroboró la Justicia cordobesa, era una organización de conductores de esos vehículos que, amparados en una organización llamada Atac, atacaban y atemorizaban a otros trabajadores del volante que intentaban cargar pasajeros en la estación aérea de camino a Pajas Blancas.
La banda operó durante muchos años y se convirtió en la pesadilla de aquellos taxistas (y hasta remiseros) que no formaban parte de la organización ni aceptaban pagar una dádiva para levantar pasajeros.
Según la Justicia, la mafia cobraba una tarifa a quienes querían pertenecer al grupo, mientras que se golpeaba y amenazaba a aquellos taxistas que no querían hacerlo.
Hubo golpes y aprietes, tanto dentro del aeropuerto, pese a la presencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; como así también se detectaron amenazas y escaramuzas (por conflictos susitados en la estación aérea) ya en calles del Centro.
Cuando no eran golpes o amenazas, estos sujetos pinchaban los neumáticos de los otros taxis, o bien le causaban rayones o daños en el chasis a través de patadas.
La banda funcionaba como una "cosa nostra" y la causa fue investigada en su momento por el por entonces fiscal de instrucción Pedro Caballero.
En 2016, luego de un juicio realizado en la Cámara 1ª del Crimen, fue condenada la mayor parte de la banda.
La pena más alta, de seis años de cárcel, fue para Martín Francisco Dómina, señalado como jefe de la asociación ilícita.
En tanto, Miguel Ángel Contreras fue sentenciado a la pena de 3 años y 6 meses, mientras que Sergio Adrián Rajoy ("Camellito) recibió 3 años y 11 meses.
El resto de los acusados fue sentenciado a 4 años de cárcel, también culpables de asociación ilícita y otros delitos.
Se trataba de: Guillermo Agüero (alias “Malagueño”), Fernando René Caudana (“Chuchi”), Mario Alberto Charras, Mauricio Abel Dómina, Rubén Darío López (“el Gallo”), Juan Ramón Saavedra (“el Conejo Negro”) y José Alberto Ceballos (“Pepe”).
Prófugo
Sergio Tapia, cuando cayó la organización, alcanzó a escapar. Los allanamientos dictados en su contra no daban resultado. En condición de prófugo se mantuvo por largo tiempo hasta que, en octubre de 2019, fue capturado por personal policial.
Fue atrapado en la localidad de Malagueño, donde se desempeñaba como remisero. El juicio en su contra se realizó hace pocos días en una sala adaptada de la Cámara 3ª en los Tribunales II.
Condenas ratificadas
“Se ha probado suficientemente que la asociación creada por los imputados, liderada por Francisco Martín Dómina, tenía como finalidad explotar con exclusividad el servicio de taxis en el aeropuerto de Córdoba (…) la razón social de la sociedad ilegal creada por los imputados fue garantizarse ese mercado cautivo a partir del uso de la fuerza: ora amenazando, ora dañando vehículos, ora golpeando a quienes los conducían”, expresaron los jueces del TSJ, al confirmar las condenas.
La Sala Penal consideró que los imputados “se arrogaron para sí la potestad de establecer las reglas sobre ese servicio público” y aplicaron la violencia, en un número elevado de oportunidades, “para garantizar el orden que ellos mismos se inventaron”.
Desde el TSJ se remarcó que hubo “una ingente cantidad de conductas delictivas” desarrollada por los integrantes de esa asociación con el objetivo de evitar que taxistas ajenos a ellos pudieran ingresar al aeropuerto Córdoba.
Ampliación de investigaciones
La mafia de los taxis operó, según se determinó en la Justicia, en presencia de funcionarios de distintos niveles, ya sea policiales, estatales y hasta de la propia empresa que explota el aeropuerto.
Sin embargo, y pese a directivas de la propia Justicia, nunca se terminó de investigar eventuales responsabilidades de funcionarios que debieron haber velado por la seguridad y evitado la existencia de esta banda delictiva.
