A la conmoción que generó la imputación en la Justicia federal de dos policías de la Provincia juzgados por el crimen de Valentino Blas Correas (17) ahora se le sucede que ya les fijaron fecha de indagatoria por el presunto delito de encubrimiento: Javier Catriel Alarcón y Wanda Micaela Esquivel declararán ante el juez N° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, este viernes 14.
La novedad se produce luego de que en el juicio que se desarrolla en la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba se derivaran actuaciones a la Justicia federal porque el arma que plantaron en la rotonda de la plaza de las Américas -un revólver Doberman calibre 22- tenía su numeración limada, lo que convirtió ese hecho en un delito de persecución federal.
Para más datos, de la instrucción y del juicio por jurados que se sustancia en el fuero doméstico surgió que ambos policías reconocen que fueron ellos quienes plantaron el revólver con intenciones de justificar la escena que terminó con la muerte de Blas.
A Wanda Esquivel se la considera “arrepentida” por su colaboración en la instrucción del fiscal José Mana, admitiendo haber recibido el arma de manos de Alarcón, con la orden de este para que la arroje frente a la rotonda.
A su turno, Alarcón “levantó la mano” y en pleno juicio pidió ampliar su declaración para reconocer que el arma era “suya”, que la extrajo del baúl de su patrullero y se la dio a Esquivel para que la plante. Acaso este haya sido el disparador para que el tribunal técnico haya decidido girar las actuaciones a la órbita federal.
El delito de “adulteración o supresión de la numeración de un arma de fuego” es perseguido por la Justicia federal. Por turno, esas actuaciones del caso Blas le correspondieron al fiscal federal N° 3 de Córdoba Maximiliano Hairabedian, quien terminó por imputar a ambos policías por presunto “encubrimiento”.
Se considera que Alarcón está imputado por haber “recibido” el arma y haber “ocultado” el arma en el baúl del patrullero que compartía con su dupla, Esquivel. A ella, se le reprocha haber “recibido” el revólver por parte de su compañero, con fines de plantarlo.
Una vez producida esta imputación, desde el Juzgado Federal N° 1 informaron que el próximo viernes 14 se producirá la declaración indagatoria de Esquivel y de Alarcón.
El revenido químico al arma ya fue realizado por personal de Policía Judicial a los fines de determinar cuál era la numeración y a partir de eso conocer el origen del revólver. Se desconocen los resultados. Esos informes ya fueron solicitados por la Justicia federal.
En el fuero provincial ya se determinó que el arma no era operativa. En otras palabras, no estaba en condiciones de disparar.
Relativismo
Con relación a las imputaciones que ambos uniformados soportan en la Justicia federal, conviene mencionar que existen algunos aspectos que relativizan estas actuaciones.
Por el lado de Esquivel, la instrucción debe determinar si el delito que se le imputa es el mismo que se describe en el fuero provincial, lo que haría cerrar la investigación en los dominios federales.
Respecto de Alarcón, parecería resultar relativo lo que se instruya en su contra por el encubrimiento de un crimen si es condenado (en la provincia) por un homicidio calificado. A esa altura, la pena de prisión perpetua haría fútil continuar el proceso por una pena menor. Pero esto no es así, porque en el caso de funcionarios públicos la persecución es imprescriptible y debe continuarse con el proceso hasta que se resuelva en falta de mérito, sobreseimiento, absolución o condena.
Disconformidad
Por el lado de los imputados, la defensa de Esquivel sostuvo que no están de acuerdo con el fiscal Hairabedian.
“Vamos a ofrecer como prueba toda la declaración de Wanda Esquivel. Está claro que ella no sabía cómo estaba el arma, que la tuvo dos segundos y que la tiró por la ventana sin saber cómo estaba”, sostuvo a La Voz Leandro Ortiz Morán, abogado de la acusada.
“No pueden juzgarla dos veces por lo mismo y en el juicio, el mismo Alarcón ya admitió que era suya, por lo que la adulteración es adjudicable a él”, completó el defensor de la policía, quien luego añadió: “El encubrimiento es un delito doloso y ella ‘no sabía’”.
Codefensor junto a Miguel Ortiz Pellegrini, Ortiz Morán sostuvo de Esquivel. “Ella no sabía nada del arma; lo único que sabía era que era de Alarcón y él le ordenó que la tire”.
Por su parte, el abogado Hugo Luna, que defiende a Alarcón, consideró que “prima facie, sería procedente la imputación”, si bien “habrá que ver cómo sigue el curso de la investigación para determinar la numeración, si es que se puede, y luego (determinar) la procedencia”.
Luna comentó a este diario que “se desconoce la procedencia del arma” y añadió que si se puede determinar su numeración, ver si estaba registraba a nombre de alguien y, si así fuera, qué sucedió con esa arma, si fue robada o extraviada y, en su caso, si hubo denuncia penal”.
También comentó Luna que hay que considerar “el estado en el que se encontraba esa arma, inutilizada y sin sus partes esenciales para su funcionamiento”.
