Al comienzo, el plan era cobrar por protección policial a negocios, desde el más chico hasta la institución más grande. La suma variaba, pero había que había abonarla a comienzo de mes. El cobrador se presentaba como miembro de una cooperadora de la Policía.
El plan era juntar dinero para destinarlo supuestamente a la manutención de móviles, a las resmas, las vacaciones, la comida para los “juanes” que hacen las rondas.
Más de un emprendimiento comercial aprendió que había que pagar, no fuera cosa que terminaran asaltados al poco tiempo.
El esquema anduvo, se diversificó y creció: así fue que se empezó a cobrar dinero a prostíbulos donde se explotaban a mujeres.
La maniobra se extendió al menos desde 2008 hasta 2013 en pleno Centro de Córdoba capital.
La cooperadora creció al amparo de muchos de los que manejaron la Comisaría 1ª de la Policía, en aquella vieja casona de calle Corrientes al 500 (hoy ya demolida).
Todo se vino abajo cuando, en el marco de otra pesquisa por trata de personas en una de las whiskerías que pagaban por protección, se descubrieron recibos a la cooperadora que “ayudaba” a la Comisaría 1ª.
La investigación del fiscal federal Enrique Senestrari avanzó y la supuesta red de corrupción quedó finalmente al descubierto.
A nueve años de aquel escándalo desenmascarado en 2013, llegó el turno de la Justicia federal: ocho excomisarios de la Policía provincial comenzaron a ser juzgados por haber supuestamente ordenado y permitido esos cobros por protección a negocios y a prostíbulos.
Además, hay cinco “civiles” que también están en el banquillo de los acusados. Estas personas están sindicadas de haber llevado adelante los cobros de la cooperadora policial, con distinta asignación de roles.
Todos llegaron en libertad a la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de Córdoba.
Todos negaron los hechos.
El fiscal Maximiliano Hairabedian lleva adelante la compleja acusación.
Exjefes policiales
En el marco de la causa están siendo juzgados los exjefes policiales Nicolás Ricardo Díaz, Gabriel Carlos Álvarez, Ricardo Marcelino Galarza, Carlos Osvaldo Cejas, Osvaldo Emilio Arias, Ariel Alejandro Pérez, Walter Martín Roldán y Amado Rafael Núñez. Estas personas responden por los supuestos delitos de cohecho pasivo y exacciones ilegales.
A su vez, Arias y Cejas están señalados como supuestos autores de trata de personas mayores de 18 años agravada y promoción de la prostitución ajena.
Todos dicen ser inocentes.
Asimismo, hay otros cinco acusados de haber formado parte de la cooperadora policial.
Se trata de Tomás Alejandro Yturrioz; su pareja, Ruth Judit Ramos; el hijo de ella, Jorge David Farías; Héctor Hugo Santillán y José Armando Olmedo. Estas personas están acusadas de los delitos de cohecho pasivo.
Yturrioz (quien figuraba como “la cabeza de la cooperadora” y Farías, en tanto, deben responder por los supuestos delitos de trata de personas mayores de 18 años agravada; y promoción de la prostitución ajena.
En la primera audiencia del juicio, además de la lectura de la acusación, declaró como testigo el excomisario Enrique Rodríguez, quien indicó que llegó a esa dependencia policial y se enteró de lo que estaba pasando.
Dijo que avisó a sus superiores y añadió que no hubo sanciones. Comprometió a muchos “personajes” policiales. Algunos ya fallecieron.
Vale añadir que, cuando el escándalo del pago de coimas saltó a la luz, desde el Gobierno se dispuso en 2013 anular todas las cooperadoras.
Excomisario con otra causa
Además de esta causa, el excomisario Walter Roldán quedó envuelto en otro escándalo. Fue en Villa María, donde era jefe. En 2020, fue imputado en una causa por desaparición de piezas de un depósito policial.
