El 2020 fue un año en el que la Policía de la Provincia de Córdoba mostró lo peor. Con una cuarentena de fondo, pero que no es justificativo, la fuerza de seguridad protagonizó aquel año graves episodios que tuvieron su punto más crítico en tres casos de “gatillo fácil” en la provincia. Fueron asesinatos en los que quedó planteado claramente la violencia institucional y los viejos vicios de querer ocultar o desviar causas.
En agosto de ese nefasto 2020, fue asesinado Blas Correas, un pibe de 17 años en la Capital.
Tras su crimen, los policías plantaron un arma para desviar la pesquisa. Por ese caso, 13 uniformados serán juzgados posiblemente este año.
En octubre de 2020, fue asesinado Joaquín Paredes, un pibe de 15 años en Paso Viejo, norte provincial.
Tras matar al muchacho y herir a sus amigos, en una brutal represión, se pusieron a juntar cartuchos, entre otras alteraciones de la prueba.
Cinco policías fueron enviados a juicio por aquel homicidio.
Aquel 2020 terminó con una “purga policial” al máximo nivel: por decisión del gobernador Juan Schiaretti, el por entonces jefe de Policía Gustavo Vélez (un ex-Eter que llevaba cinco años como titular de la fuerza) fue desplazado con toda su plana mayor.
Liliana Zárate es desde entonces la jefa de Policía.
Volviendo a 2020, hubo un tercer caso de “gatillo fácil”.
Ocurrió un mes antes de Blas.
Visto a la distancia, fue un preanuncio de la forma criminal en que estaban operando muchos policías, lo que se venía y nadie evitó.
Es el caso de José Antonio Ávila, un vendedor ambulante de 35 años, ejecutado de un tiro en el abdomen en Villa El Libertador, sur de la Capital, por policías que se fueron sin informar nada a nadie.
Mucho menos, a sus superiores.
El crimen de “Beco” –como conocían en la barriada a este trabajador y padre de familia– ocurrió el 4 de julio de aquel nefasto 2020.
Veintitrés meses después, llega finalmente el turno de la justicia.
Desde este lunes, los dos policías que participaron de aquel asesinato serán juzgados en la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba.
Actuarán jurados populares.
El principal acusado es el cabo Lucas Gonzalo Navarro; el autor del disparo mortal.
Llega a juicio acusado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser uniformado. Si es condenado, corresponde perpetua.
El otro acusado es su compañero: el cabo Sebastián Gabriel Juárez.
Responde por supuesto encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público. Ambos eran de la División Motos.
“Tengo una mezcla de sensaciones. Tengo fe, pero también tengo mucha tristeza, tengo angustia. Tengo un nudo en la garganta. Saber que voy a ver a esos policías a la cara. Quiero que haya justicia”, le dijo a La Voz Johana Jaime, la pareja de Ávila.
“Lo mataron por nada. Y se escaparon. Queremos justicia”, sostuvo.
“Pedimos justicia en memoria de él, para tener un poquito de paz. La Policía está para cuidarnos, no para asesinarnos”, sostuvo, por su parte, Yohana Ávila, hermana de la víctima.
Balazo y fuga
Todo sucedió el sábado 4 de julio de 2020. Eran poco más de las 7 de la mañana, cuando los suboficiales Navarro y Juárez –andaban en sendas motos– quisieron controlar el paso de una Yamaha Fazer 250 con dos hombres a bordo.
Manejaba José Avila. Según se sospecha, el acompañante le habría dicho a Ávila que no frenara, ya que tenía pedido de captura por no haber vuelto de una salida transitoria a la Cárcel de Monte Cristo.
Luego de unas cuadras, ambos motociclistas frenaron, corrieron y se metieron en la casa del acompañante. Ninguno estaba armado. Ninguno se enfrentó con la Policía.
Según la causa, mientras el cabo Juárez se quedó en su moto, el suboficial Navarro –siempre según la causa– pateó la puerta de la casa y, sin llegar a abrirla, efectuó al menos un disparo con su pistola 9 reglamentaria milímetros.
El balazo atravesó la puerta y dio en el abdomen de Ávila.
Tras semejante acción, los uniformados se marcharon sin asistir a la víctima y, sobre todo, sin avisar a nadie, según la acusación.
“Beco” agonizó y finalmente murió a causa de las lesiones internas produjo el proyectil 9 milímetros.
Todo se descubrió porque unos vecinos llamaron al 9111 alertados, precisamente, por los gritos del hombre mientras aún vivía.
Otros policías llegaron al lugar y, tras hablar rato después, con el compañero de Ávila, descubrieron la verdad. Esa tarde, ambos suboficiales fueron finalmente detenidos.
Un GPS comprometedor
Las pruebas contra los policías se centran, por un lado, en testimonios, pero principalmente en la faz técnica. Hay exámenes y rastreos de celulares y análisis de filmaciones.
Entre las pruebas con que cuenta el fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo, sobresale un peritaje GPS sobre los celulares oficiales de los policías.
Según ese chequeo, luego del balazo a Ávila y antes de que llegara la ambulancia supuestamente, ambos policías volvieron a ese lugar dos veces más. Nunca avisaron a nadie.
Posición exculpatoria
El policía Navarro brindó una particular versión de lo sucedido.
Indicó que todo sucedió en el marco de un operativo de control y que las personas le cerraron la puerta en la cara y que una mano quedó “enganchada”. Indicó que sacó la pistola y que hizo un disparo para defenderse y que nunca se enteró de que hubiera matado a alguien.
Su compañero, en tanto, negó los hechos como estaban fijados por la fiscalía y se dijo inocente.
